El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar si el diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade estuvo involucrado en la filtración de los chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, que terminó desatando un escándalo político de dimensiones al involucrar a empresarios, fiscales e incluso al vocero del presidente de la Corte Suprema. Tailhade prepara su contragolpe: va a presentarse el lunes para hacer un descargo y denunciar una treintena de delitos que surgen de los intercambios que se le atribuyen a D’Alessandro. “Voy a pedir que se abran tantas investigaciones como delitos hay”, le dijo a Página/12.

Antes de que terminara la primera semana de enero, Stornelli firmó un dictamen en el que pedía investigar la posible existencia de maniobras de inteligencia ilegal contra D’Alessandro, que le había apuntado a Tailhade en su denuncia. ¿Por qué? Porque el diputado del FdT dijo que se conocerían nuevos chats alrededor de las 13.30 del jueves 29 de diciembre en la columna que tiene en la radio AM 530. Para entonces, la filtración llevaba varias horas circulando por los teléfonos de políticos y periodistas.

Stornelli –procesado por sus andanzas con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio– aprovechó y se despachó con una serie de medidas que autorizó la jueza María Eugenia Capuchetti antes de salir de vacaciones. “No tengo nada que ver con esto. Estoy a disposición. No tengo ni la más remota idea de cómo se creó ese sitio (desde donde se distribuyeron los chats)”, dice Tailhade. “Si se trabaja con conciencia, se va a saber quién lo hizo”, completa y añade que va a plantear que no reconoce la legitimidad de Stornelli por estar procesado en una causa de espionaje.

Tailhade irá con un escrito para pedir que se extraiga testimonio de los chats que están publicados y se investiguen los delitos –algunos en Comodoro Py y otros en la justicia ordinaria–. Según anticipa, son alrededor de 30 posibles acciones ilegales las que detectó. Entre ellas, se destacan, por ejemplo, las que surgen de los intercambios que habría mantenido el ministro de Justicia y Seguridad porteño –ahora de licencia– con una deleted account (cuenta borrada) que le pertenecería a Juan Ignacio Bidone.

Bidone es consorte de causa de Stornelli. Fue el fiscal de Mercedes que terminó condenado a tres años y ochos meses de prisión por proveer información a D’Alessio que le servía para extorsionar al empresario Gabriel Traficante. De ser ciertos los chats, Bidone habría mantenido una práctica de suministrarle información también a D’Alessandro a la que él solo podía acceder en su calidad de representante del Ministerio Público.

Por ejemplo, surge que habría pedido información de un comisario de nombre Ángel Humberto Ponce o de un coronel retirado, Mario Fernando Troncoso, que había sido pasado a disponibilidad por Nilda Garré cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa. D’Alessandro se habría interesado por Troncoso cuando se desempeñaba en una agencia de seguridad privada. Hay otro caso que detectó Tailhade: también requirió informes sobre el comisario Héctor Pedro Cajida y explicó que fue uno de los oficiales que más se opuso al traslado de parte de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad. Cajida fue uno de los encargados del comando de seguridad que se armó para la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que el macrismo organizó en 2017. Tailhade también denunciará que D’Alessandro recibió información de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre las organizaciones Barrios de Pie y Libres del Sur cuando participaban de la marcha federal de 2018.

El viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó otra denuncia contra D’Alessandro. En esa presentación, se hace foco, por ejemplo, en las conversaciones con el empresario Marcelo Violante, dedicado al negocio de las grúas y de las playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires.