El conflicto en torno a la construcción del nuevo edificio de Tribunales de Casilda en el parque Sarmiento de esa ciudad volvió a pasar por momentos de tensión en la mañana del jueves, cuando la empresa concesionaria de la obra retomó trabajos de poda de los centenarios árboles del espacio verde y miembros de la Asamblea Ciudadana de Casilda bloquearon el ingreso. En tanto, agentes policiales intentaron retirarlos por la fuerza, arrastrándolos de las piernas, hasta que la lluvia obligó a suspender las tareas de poda y volvió la paz. 

Vecinos y miembros de la Asamblea realizaron una sentada pacífica para impedir que los árboles sean talados ante la aparición de operarios con grúas y motosierras que comenzaron a cortar secciones de los árboles que hace más de medio siglo dan sombra al lugar. Después de un rato se sucedieron momentos de tensión con los policías desplegados para el operativo de custodia, ya que intentaron retirar a quienes estaban sentados o acostados frente al ingreso al obrador. A última hora de la tarde se realizaba una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.

Desde julio la participación ciudadana se organizó para defender lo que sostienen que es el único espacio verde que existe dentro de la ciudad. Desde entonces están en alerta permanente y montaron un campamento de custodia en el predio, ubicado a la vera del arroyo Candelaria a cuadras del centro. 

El nuevo edificio concentrará dependencias del Distrito Judicial 7. La controversia se agudizó porque en julio último se adjudicaron los trabajos tras 15 años de confeccionado el proyecto. El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada con una superficie cubierta total de 4521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. 

El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal. La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia ciudadana que puso sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.