Hace unos días Carmen, una mujer salvadoreña que había sufrido una emergencia obstétrica, fue absuelta por una corte de El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas en cuanto a derechos reproductivos. La fiscalía del país centroamericano había pedido 50 años -la pena máxima- de cárcel para la joven de 26 años.
Carmen estaba trabajando en una pupusería, un local de venta de comida típica, cuando tuvo un parto extrahospitalario: la joven se desangraba y su empleadora llamó a la ambulancia. Pero el servicio de emergencia no podía llevarse a Carmen hasta que llegaran los policías.
Lo que siguió después es la misma situación que no deja de repetirse desde que El Salvador penalizó completamente el aborto en 1998: niñas y mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza son criminalizadas por el Estado salvadoreño por sufrir emergencias obstétricas o por tener partos fuera del hospital. Y como la prohibición es total el país penaliza el aborto incluso en los casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre.
Denuncias, persecución y ensañamiento judicial
En este contexto, el trabajo de la Agrupación Ciudadana se convierte en el único faro de luz para las mujeres que además de ser criminalizadas por el Estado también se enfrentan a una sociedad que las estigmatiza.
Por eso, además de acompañamiento jurídico y psicosocial, la agrupación trabaja por desmontar la violencia que aparecen en las narrativas más punitivista, explica Sara García, referente de la organización. Estos casos fueron documentados por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en el informe “Del Hospital a la cárcel”.
“Se retrata lo que ocurre en los hospitales públicos del país, las denuncias a mujeres, la persecución, el ensañamiento judicial, también están planteadas todas las violaciones al debido proceso que enfrentan las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas”, cuenta García.
Sobre el caso de Carmen, García explica que es una muestra de la persecución que sigue vigente en El Salvador: “No puede ser que ante una condena al Estado salvadoreño la fiscalía siga sosteniendo una postura estigmatizante donde genera violencia contra las mujeres, donde en base a estereotipos de género está imponiendo una forma de tortura pidiendo 50 años de cárcel”.
Condena internacional al Estado salvadoreño
Sara se refiere a la condena histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador por violar la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad personal y el derecho a la salud, en el caso de Manuela.
Manuela vivía en situación de pobreza, en una zona rural y no sabía leer ni escribir. En 2008 tuvo una emergencia obstétrica. Manuela sufrió una hemorragia muy grave y quedó inconsciente, pero antes de atenderla los médicos la acusaron de haberse practicado un aborto y llamaron a la policía.
El caso llegó a la CorteIDH que en noviembre de 2021 emitió aquel histórico fallo y también fue la primera vez esta corte se pronunció sobre un caso relacionado a una emergencia obstétrica. A pesar del fallo, El Salvador sigue persiguiendo y criminalizando a las mujeres. “La situación actual de los derechos reproductivos es muy grave. Nos preocupa porque hace un año gracias a la lucha jurídica feminista logramos la condena al Estado salvadoreño por el caso de Manuela”, denuncia García.
El caso de Beatriz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sara explica que otra de las consecuencias que trae la prohibición total del aborto es la negación del servicio de salud, como ocurrió en el caso de Beatriz. Beatriz era una joven de la zona rural de El Salvador. Había sido diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico (LES), una condición que complicó su primer parto en 2012.
En 2013 Beatriz quedó embarazada y el comité médico del hospital materno recomendó la interrupción del embarazo: el feto no tenía posibilidades de vida por fuera del útero porque fue diagnosticado con anencefalia (no tenía partes de su cráneo y cerebro) y además representaba un riesgo altísimo para Beatriz.
Pasaron más de dos meses entre la negativa de la justicia salvadoreña.
Incluso la ONU expresó su preocupación y pidió resolver el caso “con la urgencia debida y con los cuidados y procedimientos médicos que garanticen el derecho a la vida de la enferma”. Finalmente, a Beatriz le realizan la cesárea, pero su estado de salud ya estaba debilitado. A fines de 2013, Beatriz demanda al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre de 2017 la CIDH reconoció la gravedad del caso y admitió la demanda de Beatriz. Un mes después, Beatriz, que seguía enfrentando las complicaciones de un estado de salud muy frágil, muere luego de un accidente cuando iba a consulta médica. Los padecimientos previos de Beatriz agravaron su condición.
En enero de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el caso de Beatriz ante la CorteIDH. Ahora se espera que en este primer trimestre de 2023 la CorteIDH trate el caso de Beatriz.
“Este caso habla sobre las barreras que las mujeres tienen para acceder a un servicio de salud y cómo la penalización absoluta del aborto -pues está negando este derecho- genera no sólo violencia contra las mujeres sino que también genera torturas, malos tratos crueles y degradantes”, explica García.
Derecho al aborto: cuál es la situación de la región
En la región latinoamericana la lucha por despenalizar el aborto logró ampliar los derechos de millones de mujeres. Aunque en algunos países los pasos todavía son muy limitados.
Colombia: El año pasado fue hubo grandes avances, en febrero fue aprobada la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24. Y la semana pasada el país aprobó una resolución para garantizar la atención integral en la IVE, donde establece una base de no discriminación e igualdad para acceder a este derecho.
México: En 2022 el estado de Quintana Roo despenalizó el aborto hasta la semana 12 y modificó la Ley de Salud para que la IVE sea un servicio gratuito así como en otros seis estados. Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Sinaloa y Baja California Sur también implementaron reformas para
despenalizar el aborto.
Honduras: En este país el aborto está completamente prohibido incluso bajo las tres causales. Con el golpe de Estado a Zelaya en 2009, el nuevo régimen prohibió el uso de las Pastillas Antinconceptivas de Emergencia (PAE) por considerarlas “abortivas”. En 2022, el país aprobó el uso de las PAE pero únicamente en casos de violación.
Perú: El año pasado el Congreso archivó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación o incesto. En Perú el aborto terapéutico es legal desde 1924 pero sólo en los casos en que la salud o la vida de la mujer se encuentren en riesgo inminente. A pesar de que esta ley está vigente hace casi un siglo, el acceso al aborto todavía presenta dificultades en el país andino.
