El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli pidió a la Secretaría de Energía de la Nación, conducida por Flavia Royón, que no prorrogue las concesiones a las empresas hidroeléctricas que operan sobre los ríos de Río Negro, Neuquén y Chubut. De acuerdo los contratos de concesión, que en su mayoría vencen este año, a su finalización la administración debe pasar a manos del Estado Nacional. Por eso, Parrilli simplifica el argumento al decir que solamente pide “el cumplimiento del contrato”.

En una nota dirigida a Royón, Parrilli sugiere que la Secretaría informe “con la suficiente anticipación” que al terminar los contratos no habrá renovación, ni nuevas concesiones y que las represas volverán al dominio del Estado nacional tal y como lo indican los contratos. Las concesiones de estos recursos fluviales se dieron por plazo de 30 años, desde que su administración fue privatizada en 1993. Puntualmente el senador se refiere a las represas conocidas como del Comahue, sobre las cuales presentó en noviembre de 2022 un proyecto de ley para que al vencimiento de la concesión sean administradas por Enarsa en sociedad con las tres provincias patagónicas.

La nota se presenta ante la Secretaría de Energía pues es el organismo que representa al Estado en los contratos de concesión y, por tanto, las represas quedarán bajo su dominio una vez finalizadas.

En su nota Parrilli aclara dos argumentos. El primero es que si bien las concesiones generaron abultadas ganancias durante todos los años, esa renta no redundó en inversiones para el mejoramiento y expansión del sistema hidroeléctrico. Más bien ocurrió lo contrario porque la potencia instalada redujo notoriamente su participación en el sistema eléctrico argentino, que pasó del 43 al 25 por ciento, según datos oficiales. Por otro lado, Parrilli denuncia que según los informes del Banco Central estas concesionarias formaron parte de la extraordinaria fuga de divisas acontecida durante el gobierno de Mauricio Macri.

En los textos se aclaran otras cuestiones: deberá darse garantía y seguridad a los trabajadores de su efectivo traspaso a Enarsa y en condiciones, también que se debe contemplar el estado actual de multas, sanciones y demás incumplimientos de las concesionarias (refiriéndose a casos conocidos de pérdidas de agua en la localidad de Neuquén) y, por último, reclama que se inicien las negociaciones con los gobiernos provinciales para acordar los términos y mecanismos de la futura administración. Los objetivos son dos: abonar un precio justo por la energía generada y morigerar los potenciales daños ambientales.