Los vecinos que resisten el desalojo denuncian aprietes y amenazas por parte de la ciudad
Las voces del Elefante Blanco
El gobierno porteño anunció que la demolición de la estructura arrancará el 17 de agosto. Pero en los alrededores quedan aún cien familias. Denuncian que los operadores oficiales los amenazan y que muchos de los que aceptaron la plata ofrecida terminaron cobrando la mitad.
Imagen: Guadalupe Lombardo

“Agarrás la plata que te ofrecen o te desalojan”. De esa manera sintetizó un vecino de Ciudad Oculta la situación que viven quienes, como él, tienen sus casas alrededor del Elefante Blanco. El 5 de julio pasado, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la demolición del edificio abandonado hace más de setenta años en el barrio de Villa Lugano. Para construir una sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el predio, el gobierno dejará sin casa a 180 familias. Hasta el momento lograron “negociar” con 80, pero la demolición tiene como fecha de inicio el 17 de agosto y todavía quedan otras 100, según un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad (ver aparte). En diálogo con PáginaI12, vecinos del barrio denunciaron que quienes arreglaron recibieron aprietes, amenazas de desalojo, ofertas impuestas unilateralmente y muchos fueron estafados o no les pagaron lo acordado. “Los vecinos viven con el miedo al desalojo. No es una negociación. Muchas veces les dicen que agarren la plata porque sino los desalojan con la orden de un juez”, dijo a este diario Enrique “Tata” Galván, delegado y vecino de la manzana 27 bis.

“Mi mamá se mudó al barrio hace más de diez años y con ayuda de los vecinos se construyó una casita de madera prefabricada. Con el tiempo fuimos mejorando la casa, construyendo cada vez con mejores materiales, hasta que llegamos a hacer la loza. Fueron años y años de trabajo para llegar a hacer la loza. La cantidad de plata que nos quiere dar ahora el gobierno no es coherente para tirar nuestra casa abajo, no se compara con todo lo que invertimos desde que llegamos”, explica Luis desde la puerta de su casa, ubicada al fondo de un pasillo estrecho que se desprende del que habría sido el acceso para ambulancias del hospital que nunca funcionó. El pasillo se interrumpe con el esqueleto de hormigón de catorce pisos de alto y más de ciento cincuenta metros de ancho: el Elefante Blanco. Dentro de la faraónica construcción llegaron a vivir 150 familias; ahora quedan sólo tres. Pero las paredes externas del edificio sirvieron también, a medida que creció el barrio, para construir viviendas a su alrededor. De esa manera creció la manzana conocida como la 27 bis. 

“Acá en el pasillo somos todos unidos, trabajamos juntos desde hace mucho para armar el barrio”, comenta Luis. “Muchos son de otros países, vinieron a laburar acá y nosotros les dimos una mano. Acá no hay delincuencia ni nada; yo dejo el auto y nadie lo toca. Hicimos muchas obras que tendría que haber hecho el Estado, como las cañerías o las veredas. Y ahora vienen del gobierno pero para tirar abajo todo el trabajo que hicimos en años”, agrega. A lo largo del pasillo hay puertas de casas en planta baja y escaleras metálicas para llegar a las viviendas del piso de arriba. Se escucha, al fondo, el rebote de una masa y un cortafierros, seguido de breves desmoronamientos. Otra casa está en proceso de demolición. En frente de lo de Luis, en el espacio en el que vivía otro vecino, sólo quedan escombros. “Él había negociado, pero después se arrepintió. Se avivó de que con lo que le daba no hacía nada. Le dijeron que igual se tenía que ir porque sino lo desalojaban. El día que vino Larreta a hacer el acto, bien temprano derrumbaron su casa y varias otras”, cuenta Luis, y señala otros espacios rectangulares cubiertos de ladrillos rotos. De las doce casas que había en torno al pasillo quedan sólo seis. Lo que más preocupa a los que aún viven allí es una grieta que rodea el vértice de una estructura de ladrillos que es parte del Elefante, de la nave de entrada del edificio. “Están demoliendo todo así nomás. Mi miedo es que caigan escombros sobre mi casa con los derrumbes porque están los chicos”, dice. A cada golpe de maza en la construcción de al lado, la grieta expulsa piedritas y polvo de ladrillo; las paredes vibran.

El 5 de julio, Rodríguez Larreta anunció desde adentro del Elefante Blanco el comienzo de la demolición para el 17 de agosto. Además de la sede del Ministerio, el jefe de gobierno afirmó que el terreno “será ampliamente un espacio verde, pero cuyo uso va a ser conversado con los vecinos del barrio, como hacemos en todo el proceso de integración de las villas”. “Larreta vino acá para el acto adentro del edificio y se fue rápido. Ni siquiera dio la vuelta manzana para ver a las familias que tiene que reubicar. Entró con todos los periodistas y las cámaras, a nosotros no nos dejaron entrar, queríamos hablar con él para explicarle nuestra situación”, relata Galván, uno de los cuatro delegados de la manzana 27 bis. “Nos dimos cuenta de que querían hacer algo acá porque estaban haciendo limpieza del sótano del Elefante Blanco –agrega–. Nosotros nunca nos opusimos a que venga el Ministerio, al contrario, sería beneficioso para toda la gente de acá del barrio y alrededores. Pero no contemplaron que en esta manzana vivían casi 200 familias”.

El frente del edificio está separado de la avenida Piedrabuena por un terreno amplio, ocupado en su mayor parte por casas y por un potrero de tierra compacta. Las otras calles que delimitan a la manzana 27 bis son Huebac, Dr. José de la Rosa y una calle angosta, sin nombre, a espaldas del Elefante. Sobre las cuatro calles se ven intercaladas casas aún en pie y montañas de escombros de las viviendas recientemente derrumbadas, con hierros y chapas oxidadas, pedazos de pared a medio tirar, maderas apiladas. No hay volquetes ni camiones para levantar los restos. “Primero empezaron a desocupar el Elefante, sacaron a la gente que vivía adentro. Toda esa gente se reubicó donde pudo, muchos incluso se acomodaron en los alrededores del edificio, sobre todo sobre Huebac, y ahora están de nuevo en conflicto”, dice Carlos, otro vecino que no quiere dejar su casa a menos que le hagan una oferta con la que, como mínimo, pueda mantener su condición de vivienda en el barrio. Hasta ahora los acuerdos que le plantearon desde el gobierno no fueron claros. “El trato implica que cuando acordás una cantidad de dinero tenés que buscar testigos, que tiene que ser gente que trabaje en negro. El que sale de testigo por dos años no puede agarrar un trabajo en blanco o recibir un subsidio, y en caso de ya tener uno, se lo sacan. Eso no se lo explican a la gente, a muchos les hacen la oferta pero no saben cómo es el procedimiento. Por eso yo me opuse desde el principio”, asegura.  

Cuando empezaron los desalojos a quienes vivían dentro del edificio, los delegados conformaron una mesa de trabajo con el objetivo de asesorar a los vecinos y de crear una instancia de diálogo con el gobierno de la Ciudad. “En la mesa tuvimos muy poco acceso a las tareas que venía haciendo el Gobierno, a pesar de que nuestra idea era participar, formar parte del proyecto”, cuenta Galván. Pero más allá del proyecto, la principal preocupación del delegado es la forma de negociar del gobierno, que en ningún momento presentó la posibilidad de construir viviendas a los desalojados. “Lo que queremos es que se sienten con nosotros para que entre todos busquemos una solución, para que nos den una propuesta coherente. Si ofrecen una determinada cantidad de plata lo que corresponde es que la depositen en una cuenta toda junta, pero sin ningún testigo. Eso sería lo más transparente”, explica. Entre los procedimientos que denunciaron los vecinos que llegaron a un acuerdo, según enumera Galván, “hubo casos en que les robaron a las familias el mismo día que recibieron la plata”; “los testigos se quedaron con la plata y el que arregló no tenía a quién reclamarle”, y “a muchos les dijeron desde el gobierno, ya confirmado el acuerdo, que no había más presupuesto, por lo que no les iban a completar el pago”.

Carlos se detiene frente a una montaña de escombros que desborda el terreno y ocupa un tramo de la vereda sobre avenida Piedrabuena. Corre unos tablones del paso; los da vuelta para que los clavos oxidados no apunten hacia arriba. “Es un peligro, acá siempre juegan los pibes y dejaron todo tirado”, se queja. “Esto era una gomería, además de una casa. La tiraron abajo el día que vino Larreta, bien temprano, antes del acto. Ni siquiera le dejaron sacar todos los elementos de trabajo que tenía, y encima no le pagaron todo. Cuando fue a reclamar le dijeron que no había presupuesto. Casualmente después de que vino el jefe de gobierno a presentar la obra y anunciar la demolición empezaron a decir que no había presupuesto. A muchos de los que arreglaron les están debiendo parte de la plata, una parte grande del total”, asegura.  

A medida que aumentaban los arreglos y los desalojos, el miedo entre los vecinos empezó a crecer. Esto sirvió al gobierno como herramienta de negociación. “Muchas veces les dicen a los vecinos que agarren la plata porque sino los desalojan. Antes decían que tenían la orden de la jueza (Elena) Liberatori. Al tiempo nos enteramos que era mentira”, advierte Galván, que se comunicó con la jueza para corroborar si era ella la que habilitaba los desalojos. “La jueza vino al barrio el 6 de junio y recorrió personalmente toda la zona del Elefante. Ese día habló conmigo y con otros vecinos que le contaron cómo era la situación, entonces ella se llevó una versión de la gente que vive acá. Por ese motivo ella frenó el trabajo que estaba haciendo el gobierno”, recuerda el delegado. Después de la visita a Ciudad Oculta, Liberatori le dio un plazo de cinco días al gobierno para que elaborara un informe en el que debía detallar la cantidad de familias a reubicar y cómo era la situación de cada una. Pero los días previos al relevamiento de la jueza, los trabajadores del gobierno de la Ciudad aprovecharon para profundizar los aprietes. Galván asegura que “cuando se enteraron que iba a venir la jueza, el día antes trabajaron hasta las 3 de la mañana. Golpeaban la puerta de los vecinos para decirles que era la última oportunidad para arreglar. ‘Si no agarran esto se viene un desalojo’, decían, y muchos por miedo aceptaron el dinero aunque era muy poco”.

Mabel es una vecina que todavía vive y tiene un comedor dentro del Elefante. Se niega a irse mientras los que vayan a negociar con ella no sean del gobierno: “Nos tienen que dar una solución porque el otro día vinieron a decir que en un mes arranca la obra. Nos corresponde como derecho negociar nosotros, no que venga un tercero a negociar. Queremos que nos den lo que nos corresponde y que la gente se pueda ir dignamente”. 

Informe: Juan Funes.