La conducta especulativa de los capitales más concentrados modifica la reacción de la economía a las políticas públicas. No es suficiente ofrecerle buenos negocios al capital nacional y extranjero, incluso reducirle generosamente retenciones o regulaciones, y hasta flexibilizarse las condiciones de ingreso al país de las divisas que obtienen por exportaciones. Nada de esto garantiza que los fuertes excedentes económicos que esos capitales obtienen, se vuelquen necesariamente en reinversiones en el país. En la economía capitalista actual, globalizada y financiarizada, esa dejó de ser la regla: si los negocios financieros ofrecen espectaculares ganancias en el corto plazo, hacia allí se dirigirán los excedentes, incluso los obtenidos en actividades productivas. Es lo que viene sucediendo, en forma creciente, en la economía argentina del último año y medio, con una visible aceleración en las últimas semanas: las ganancias o excedentes (sea en cabeza de residentes o de extranjeros) buscan fugarse apenas realizados, o simplemente pasarse a dólares para ver reflejado el resultado en moneda dura. 

 La dolarización de carteras financieras disparó el valor de la divisa norteamericana en la última semana, pero transformó lo que a principios de junio se percibía como una amenaza de “volatilidad”, en un problema más severo: ahora son grandes volúmenes de capitales los que migran, lo que puede llegar a transformar aquella “volatilidad” en un problema de solvencia externa. 

 El diagnóstico del gobierno de Cambiemos acerca de la crisis de divisas con la que cerró su ciclo el kirchnerismo indicaba que el principal problema era su incapacidad de financiamiento externo. La nueva gestión se apuró a cerrar el conflicto con los fondos buitre y de inmediato se lanzó a tomar crédito en el exterior aprovechándose de un grifo que se le abría generosamente. Creyó resuelta, por esa vía, toda dificultad en el frente externo. Tanto fue así que el Banco Central pretendió desentenderse del problema del valor del dólar. Hasta esta semana. 

 Las últimas dos semanas dejaron importantes señales en el mercado cambiario como para perder esa supuesta calma. Se esperaba con cierta ansiedad la licitación de Lebacs del martes 18, porque vencían 530 mil millones de pesos (el equivalente al 63 por ciento de la base monetaria) y se suponía que sin una fuerte suba de tasas el BCRA no las iba a poder renovar. Pero el mercado se anticipó a la expectativa: ese mismo día, antes de la licitación, el dólar de pizarra aumentó 30 centavos, anticipándose a lo que probablemente iba a ser una liberación de pesos el día posterior (Lebacs no renovadas) que metería nueva presión compradora sobre la divisa estadounidense. La especulación jugó las cartas antes que los hechos definieran el cuadro de situación.

 Con un dólar mayorista a 17,25 pesos, los agroexportadores salieron el martes a vender. En los próximos días se sabrá en qué volumen, pero seguramente las liquidaciones de la última semana superaron los 664 millones de dólares se la semana finalizada el 14. Y sin embargo, esa mayor oferta de dólares de exportación no alcanzó: ni para cubrir la demanda mayorista para dolarización de carteras, ni tuvo traslado al mercado minorista que, con un menor volumen de operaciones, suele responder al estímulo de la franja mayorista.  

 Aquí aparece una primera novedad. Hasta no hace mucho, en meses de liquidación de exportaciones, la oferta de dólares de la agroexportación dominaba, por volumen y sin discusión, el mercado cambiario. Esta semana, con una oferta elevada, no llegó a cubrir la demanda. Las compras especulativas de divisas, también de origen corporativo, excedieron la oferta. La inestabilidad cambiaria dejó de ser un problema simplemente de volatilidad de precios; ahora es un problema de volumen, que ni la oferta de exportadores ni el ingreso de dólares por endeudamiento alcanzaron a contener. El Banco Central pretendía desentenderse del problema: le llegó la hora de hacerse cargo. Y no tiene opción, porque la dolarización de carteras financieras ya le afecta la renovación de Lebacs y, en consecuencia, le quita grados de libertad al manejo de la tasa de interés. Por si fuera poco, limita también su capacidad de poder evitar un rebote inflacionario por efecto de la devaluación.

 Que el gobierno va perdiendo capacidad de control sobre la conducta de las corporaciones financieras también lo puso de manifiesto la curiosa forma en que el Ministerio de Hacienda desistió, el martes, de gravar las rentas financieras de los no residentes, que la AFIP había reglamentado el lunes. Habían sido nada menos que Marcos Peña, jefe de Gabinete, y su segundo Mario Quintana (los dos funcionarios más cercanos a Macri), quienes habían anticipado la semana anterior que se “está trabajando en una reforma para gravar la renta financiera”. Alberto Abad, titular de la AFIP, ejecutó la idea publicando el lunes la reglamentación de la norma, que impactaba sobre compraventa de acciones y bonos. Banqueros, operadores financieros, agentes cambiarios y financistas varios reaccionaron en bloque, haciéndole ver al gobierno quien tiene el control de la pelota en este agitado mediocampo. Nicolás Dujovne cumplió el rol de anunciar que la medida quedaba suspendida antes de nacer ese mismo martes. 

 En medio de este desorden, que siguió con nuevas trepadas del dólar hasta el cierre de la semana hasta un valor récord de 17,66 pesos, la autoridad monetaria puso en escena el cuestionamiento a la continuidad del único de los directores actuales del BCRA que llegó al cargo con acuerdo del Senado: Pedro Biscay. El joven abogado, especialista en investigación de delitos financieros, es un crítico de las políticas monetarias y cambiarias desregulatorias, y del sobreendeudamiento que hoy se ejecutan, y viene advirtiendo en sus artículos sobre los riesgos que implican. Una crítica que podría haber motivado un interesante debate entre profesionales, en vez de provocar la demanda de su remoción, que el Ejecutivo pretende ejecutar mediante un oficio enviado a una comisión bicameral del Congreso.

 Se va consolidando una situación de demanda corporativa de dólares por comportamiento especulativo que evoluciona a ritmo más acelerado que la oferta (deteriorada por los resultados negativos del comercio y necesidades crecientes de pago de intereses en dólares). El impacto se puede llegar a sentir no sólo en las cotizaciones, sino en el nivel de reservas internacionales. Y no parece que el problema fundamental se relacione con el calendario electoral, como algunos pretenden simplificar. Es la política del gobierno la que está sentando las bases de una crisis de insolvencia externa, sin advertir que el comportamiento de los “capitales amigos” juegan, por especulación, a acelerar la crisis. Está en su naturaleza.