Si no hay agua, que haya espionaje, parece ser el leitmotiv del gobierno de Salta por estos días. Al menos es lo que enunció de manera bastante cruda el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. Además de visitar a fiscales federales para invitarlos (quizá no sea el verbo preciso) a poner mano dura con las protestas, el funcionario aseguró públicamente que hay que hacer inteligencia sobre vecinos y vecinas que, sobre todo en el norte provincial, están en plan de lucha por la falta de agua y las subas en las facturas de los servicios públicos, cuestiones que el funcionario consideró ya resueltas.
El gobierno informó ayer que De los Ríos se reunió con el fiscal federal de Orán Luis Valencia, para "coordinar acciones que permitan destrabar la problemática de los cortes de ruta". El ministro expuso, dijo el gobierno, la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta legítima con el derecho a circular por las distintas arterias de todo el territorio.
Luego, en declaraciones a Radio Nacional Salta, el ministro aseguró que esto de "la ruta cortada" en el norte salteño, especialmente en el departamento San Martín, "ya excedió no solo lo normal tolerable, sino la desesperación sobre todo del sector productivo” en su afán de aprovechar la humedad que dejaron las últimas lluvias para "intentar sembrar todo lo que se debería haber sembrado hace más de 40 días, y no perder toda la campaña agrícola de este año”. En esta circunstancia "los cortes de ruta fueron mucho más perjudiciales de lo que son habitualmente", que "lo son siempre”, aclaró.
Dijo que la intención del gobierno es "armonizar el derecho a la protesta constitucionalmente resguardado" con derecho a la libre circulación y por esto fue a plantearle al fiscal Valencia "un compromiso mayor" y "abordar entre todos esta problemática”.
De los Ríos insistió en que la frase "coordinar acciones" expresada en la comunicación oficial refiere a que la Justicia Federal debe garantizar que los cortes de ruta no sean totales, sino que se permita la circulación por media calzada. Entonces reveló que “Coordinar acciones es la inteligencia previa, aquí el verdadero desafío es evitar que la gente suba a la ruta, porque hay cortes y cortes, todos sabemos, y están hasta filmados".
Hacer inteligencia se refiere, siguió, a que "generalmente se tiene conocimiento de cuándo va a ocurrir un bloqueo de ruta, generalmente la justicia lo sabe, lo mismo la Policía de la provincia", entonces se pretende "intervenir antes que la gente suba a la ruta, donde la jurisdicción es de la justicia federal, eso es un trabajo coordinado de inteligencia previa" para evitar el piquete, pero si se llega a esa instancia, que la circulación por media calzada "no debe ser negociable”, que "se evite que se corte la ruta de forma total".
La respuesta vino de Tartagal, con una convocatoria a una "Marcha por los derechos", en contra de la criminalización y en reclamo de un servicio de energía eléctrica que no destruya electrodomésticos, agua potable y derecho a la salud.
Si bien el ministro dijo que la visita al fiscal de Orán no significa que hayan pedido represión ("jamás" lo harán, "de ninguna manera", insistió), enseguida relativizó esta afirmación recordando que las fuerzas de seguridad deben actuar en caso de flagrancia, cuando se está cometiendo el delito, "y cortar una ruta es cometer un delito penal in fraganti, porque está ahí en flagrancia delante de todos". Volvió a hablar de protestas legítimas e ilegítimas, recordó el cobro de peajes en caminos alternativos, y reclamó: “La Justicia Federal tiene que actuar también el día después, no pueden los responsables de un delito penal en la República Argentina no tener sanción”.
Por otro lado, De los Ríos consideró que lo de la falta de agua y el tarifazo eléctrico "está resuelto". Aseguró que el Comité de Emergencia Hídrico está proveyendo de agua a todos los habitantes del norte y si bien reconoció que la semana anterior a las lluvias, hubo mucha molestia de personas que residen en la zona centro de Tartagal y Mosconi, todo en la zona centro de Tartagal y Mosconi, sostuvo que "esa no esw la gente que está en la ruta”. En cuanto a la suba de la tarifa eléctrica, recordó que no se deben pagar las facturas y que el gobierno retrotrajo su valor a noviembre del año pasado y se está trabajando en la declaración de zona cálida.
Operativo presión
De los Ríos no fue el único en exigir que los fiscales federales abran causas penales contra manifestantes. Antes otros alfiles del gobierno de Gustavo Sáenz, como el interventor en Salvador Mazza, Adrián Zigarán, arremetieron contra los fiscales federales de Tartagal, Marcos Romero y Rafael Lamas, por no mandar reprimir las protestas de la gente que corta rutas con diversos reclamos: el más urgente, la necesidad de agua potable.
Anoche se sumó el coordinador de Enlace y Relaciones Públicas de la Gobernación, Pablo Outes: en declaraciones al programa de televisión Agenda Abierta aseguró que analizaron la posibilidad de denunciar a los fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionario público por atreverse a plantear que las protestas sociales no deben ser criminalizadas.
"Las fiscalías reciben denuncias pero no las tramitan", cuestionó Outes. Y habló de 300 cortes anuales". Así, "Salta no puede crecer. Si cada uno no asume su función es imposible. En el juzgado federal se ve que es cero la cantidad de causas que se tramitaron", lamentó.
