La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio a conocer el orden de los expositores en la segunda reunión por el proceso iniciado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, que se llevará a cabo hoy. Los autores de los 14 proyectos tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos previo al análisis de admisibilidad que tendrá lugar la próxima semana. Entre los oradores estarán legisladores del Frente de Todos (FDT) que fundamentarán el proyecto impulsado a pedido del presidente Alberto Fernández y gobernadores y también habrá particulares, entre ellos, la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y Patricia Isasa, exdetenida durante la dictadura, quien denuncia al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por supuesto encubrimiento a su secuestrador.
La segunda jornada de trabajo de la comisión presidida por Carolina Gaillard comenzará a las 11 horas. Primero hablará la diputada del FdT e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, quien expondrá los detalles de la denuncia presentada en 2020 contra el entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
A continuación expondrán los diputados de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Juan López, por las denuncias contra Ricardo Lorenzetti que impulsa su partido desde 2017. Luego hablarán, por la Asociación Argentina de Juristas, Claudio Rocca y Nora Cortiñas. Después será el turno nuevamente de los representantes del oficialismo. Eduardo Valdés expondrá detalles del proyecto promovido por el Presidente, seguido por el expediente que lleva la firma de María Rosa Martínez y Pablo Carro.
A su término hablará Federico Mendez por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales; y los denunciantes particulares: Ricardo La Greca, Patricia Isasa, Pablo Llonto y Diego Sanchez. Tanto Isasa como Llonto piden la remoción del presidente de la Corte. La primera lo acusa de encubrir a su torturador, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, mientras Rosatti era intendente de Santa Fe. En tanto, Llonto denuncia inacción por parte del magistrado para convocar a la comisión interpoderes en delitos de lesa humanidad.
