El juicio Guerrieri IV entra este miércoles en la segunda mitad del debate que juzga delitos de lesa humanidad, y la actividad retoma con una inspección judicial que trasladará a las partes al predio de La Calamita, que funcionó en Granadero Baigorria. Se trata de uno de los centros clandestinos de detención -identificado por gran parte de las víctimas- que fue parte del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121, durante la última dictadura. Querellantes destacaron la importancia de una medida que permitirá al tribunal conocer por sí mismo el espacio nombrado en los testmonios, en relación a los hechos que se juzgan, y valoraron que da cuenta de la "vigencia de los juicios". 

En el cuarto tramo de la causa denominada “Guerrieri” -juicio que comenzó en agosto de 2022- se juzgan tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios y asociación ilícita (crímenes establecidos en el Código Penal, comprensivos del delito internacional de genocidio), en perjuicio de más de un centenar de víctimas de Rosario, Funes y Granadero Baigorria, durante el terrorismo de estado. De los más de 60 nuevos casos, 54 son por desapariciones forzadas u homicidios. En el banquillo hay 17 acusados entre quienes fueron parte de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y expolicías federales.

Según plantea la requisitoria del fiscal Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la casa quinta La Intermedia, así como la Fábrica Militar, se mantuvo a las víctimas en cautiverio de modo ilegítimo, “sometidos a un régimen de vida incompatible con la dignidad humana y al padecimiento de tormentos tanto físicos como psíquicos, de los cuales algunos pocos recuperaron la libertad y otros fueron asesinados durante sus cautiverios, ocultándose, por parte de sus perpetradores, tanto tales acontecimientos como el destino de sus restos mortales”, expresa la acusación. La causa también abordará la existencia de un centro clandestino de detención en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de Funes, identificado por al menos tres víctimas. 

Ante los hechos que señala la acusación, cobra importancia la recorrida de este miércoles. "En este caso no es como en otros juicios, donde lo que se tiene que probar es la existencia del centro clandestino. En Guerrieri I, con sentencia ya firme, se estableció que en La Calamita funcionó un centro clandestino de detención. Entonces eso está fuera de discusión, pero en este caso sirve para que el tribunal de este juicio tome conocimiento y pueda constatar personalmente el lugar, y representarse los relatos en relación a eso", detalló Nadia Schujman, abogada querellante de Hijos Rosario.

La inspección se realizará con el testigo Antonio Huerta, que declaró en otras oportunidades. "Es víctima en esta causa, sobreviviente de La Calamita y él mismo, al declarar, dijo que siempre quiso volver a ese lugar pero que nunca lo había podido hacer. Ahora va a poder hacerlo, después de cuarenta años, e indicar situaciones in situ", dijo la querellante.

Por su parte, la abogada querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Julia Giordano, señaló que "se trata de una medida que no tiene que ver solo con mirar el lugar, sino ingresar allí con testigos para que el tribunal pueda tomar conocimiento de cuáles los lugares que han mencionado en sus relatos y poder dar cuenta de esa concordancia", detalló . "Si bien inspecciones se hicieron en otras elevaciones a juicio, cada tribunal es diferente y cada tribunal es necesario que conozca por sí mismo tanto el lugar como los relatos relacionados".

Giordano recordó que en esta causa, gran parte de los casos son por homicidios y desapariciones forzadas. "Por distintas circunstancias y en relación a personas que pudieron declarar, se pudo reconstruir que hay quienes tuvieron un primer momento de cautiverio en ese lugar, pero no quiere decir que no hayan estado en otros lugares".

Para la querellante, "la importancia de estas medidas es que no caigamos en formalismos de que ya contamos con inspecciones anteriores. Es importante y habla de la vigencia de los juicios, la importancia del proceso, que los testimonios se sigan dando en persona aunque se hayan dado en otros procesos, que las inspecciones se sigan haciendo para que quienes tienen que juzgar este caso puedan conocer por sus propios medios los hechos y dónde ocurrieron".

Schujman recordó que este juicio suma el centro clandestino del Ceferino Namuncurá, perteneciente a la Iglesia Católica, "que no se había juzgado en Guerrieri", y que también será inspeccionado este año en el marco del debate.