El pasado 20 de enero el presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró el estado de emergencia sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami. Poco después viajó al estado amazónico de Roraima y el escenario que encontró fue desalentador.
“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado con los Yanomami”, escribió Lula.
Sólo en 2022 murieron 99 niños menores de cinco años. Las causas: desnutrición, malaria y neumonía. Aunque el trasfondo tiene que ver con el avance de la minería ilegal en la Reserva Indígena Yanomami durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
Los Yanomami en Brasil
La reserva es hogar para más de 30 mil indígenas yanomami. Está ubicada en el estado de Roraima, al noroeste de Brasil, fronterizo con Venezuela y tiene una extensión de más 96 mil kilómetros cuadrados.
Pero en los últimos cuatro años el área deforestada por los mineros ilegales o “garimpeiros” pasó de 1.236 hectáreas en octubre de 2018 a 5.053 hectáreas en diciembre de 2022.
El avance de los garimpeiros llevó devastación y violencia al territorio indígena. Unos 20 mil mineros invadieron la reservas. Los líderes Yanomami denunciaron el asesinato de indígenas, abuso sexual contra mujeres y niños, y la contaminación de sus ríos con mercurio (usado para separa el oro de los sedimentos).
Según el Instituto Socioambiental de Brasil, la situación actual de los yanomami no es la misma que en la década de 1970 y 1980 cuando tuvo lugar la primera gran ola de minería. Las autoridades sanitarias y líderes indígenas aseguran que el panorama en ese momento no fue tan grave como lo es en la actualidad.
La política anti-indígena de Bolsonaro
La expansión de la minería ilegal responde a las políticas de Bolsonaro en la Amazonia y los pueblos indígenas. Poco después de asumir la presidencia en 2019 Bolsonaro dijo que durante su gobierno no habría demarcación de tierras indígenas. Para el exmandatario “las reservas dificultan el desarrollo del país”.
Por eso promovió todo tipo de actividad minera, incluso la ilegal, en la selva de la Amazonia y en las reservas indígenas, a pesar de la prohibición establecida en la Constitución de Brasil, denunciaron organismos de derechos humanos. Bolsonaro también desmontó la estructura pública destinada a garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
El expresidente mantuvo esta postura incluso en foros internacionales y a pesar de la preocupación mundial por la deforestación en la selva amazónica.
En 2019 durante una conversación en la que el exvicepresidente estadounidense Al Gore le expresa a Bolsonaro su preocupación por la Amazonía, Bolsonaro le dice que “la Amazonia no puede ser olvidada, tiene muchas riquezas. Y me gustaría mucho explorarla junto a Estados Unidos”. Un atónito Gore le responde: “no estoy seguro de lo que eso significa”.
Denuncias, investigación y emergencia sanitaria
Hoy frente a una emergencia sanitaria en la que 570 niños murieron por desnutrición en los últimos años, el gobierno de Lula está decidido a llegar a fondo y establecer las responsabilidades en esta grave crisis humanitaria.
El ministro de Justicia Flávio Dino presentó una denuncia para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro.
En esta línea, la Policía Federal informó que abrió una investigación para establecer si la crisis humanitaria del pueblo Yanomami responde a una omisión del gobierno de Bolsonaro y que podría ser considerado como un genocidio. Y desde el Supremo Tribunal Federal (STF), un juez ordenó incluir a miembros del gobierno de Bolsonaro en la investigación por genocidio.
El magistrado Luis Roberto Barroso pidió que la investigación determine si los miembros del gobierno de Bolsonaro cometieron crímenes como desobediencia de sentencias judiciales, violación de secretos y delitos ambientales en detrimento de la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas.
Barroso además se refirió a los posibles actos de desobediencia a las decisiones del Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, la orden del máximo tribunal de justicia en 2020 de retirar a los 20 mil mineros que estaban de forma ilegal en la reserva. Una decisión tomada también para evitar la propagación de covid-19 en las tierras indígenas y que el gobierno de Bolsonaro no cumplió.
También citó la posible filtración de las fechas en las que se iban a realizar las operaciones para retirar a los “garimpeiros” y que permitió que los mineros pudieran huir.
Ya en 2021 la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una denuncia contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por "genocidio de los pueblos indígenas".
El entonces mandatario brasileño fue acusado por invasiones y ataques de mafias agrícolas a tierras indígenas, deforestación y destrucción del ambiente. Además, la APIB denunció la "minería ilegal y apoyo a las mafias de la minería ilegal en tierras en indígenas" así como la propagación de covid-19 en las tierras indígenas.
"Cortar el mal por la raíz"
Como parte de los esfuerzos para detener la minería ilegal en la Reserva Indígena Yanomami, Lula firmó un decreto para prohibir el sobrevuelo de ciertos zonas. La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) comenzó a movilizar aviones de caza y aeronaves con detección de radares.
Los mineros ilegales generalmente usan aviones para llegar al territorio indígena donde el acceso por tierra es difícil. El ministro de Defensa, José Múcio, advirtió que “todo vuelo sospechoso será desviado y el avión deberá aterrizar para ser identificado”.
“Sabemos cuál es el origen del problema: la presencia del garimpo ilegal es muy fuerte y será desmantelado… lo vamos a enfrentar y cortar el mal por la raíz”, apuntó Múcio.
En Boa Vista, la capital de Roraima, fue instalado un hospital de campaña donde ya fueron atendidas unas 300 personas. En su mayoría se trataba de niños. “Hay muchos casos de neumonía, parásitos intestinales, malaria y enfermedades de la piel”, indicó Juliana Freire Vandesteen, comandante del centro médico.
Al mismo tiempo el gobierno destituyó a 54 personas, entre ellas 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) y otros 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), incluyendo a 13 militares.
