De 24 a 10 meses demoraron algunas provincias entre la adhesión a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, y el inicio de las capacitaciones en los poderes judiciales. Es el caso de La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses). “El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades”, declara el último "Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los poderes judiciales. Una mirada federal”, que elaboraron la Fundación Micaela García “La Negra”, junto con otras organizaciones.

El informe, destinado a recorrer desde una perspectiva federal la manera en la que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, revela que el 46% de las provincias respondió de manera parcial o incompleta y el 17% no lo hizo, guardando silencio luego de vencido el plazo (Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan). Apenas siete jurisdicciones, un 29%, respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Las organizaciones Fundación Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de abogadas feministas, CDD Argentina, Abosex, Abofem Argentina y Cladem Argentina, enmarcan este trabajo "entendiendo que la impartición de justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades".

El pedido de información intentó no solo que los Poderes Judiciales locales informen sobre el grado de cumplimiento de la ley, "sino también instar a la rendición de cuentas y transparencia como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana, que nos acerca a un sistema de Justicia de puertas abiertas a la sociedad", explican en un documento conjunto. 

Sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%). Pero no todas informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros. Sólo lo hacen Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos; Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que capacitó al 71% de magistratura y funcionariado hasta la categoría equivalente a judicatura de Iª Instancia.

Sobre la cantidad de cohortes o ediciones de capacitación brindadas hasta diciembre de 2021, sólo el 25% de las jurisdicciones del país ha completado al menos una cohorte: Santiago del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa (8), Catamarca (7) y San Luis (1). Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires dividen su formación en tres y cuatro módulos, respectivamente. Si bien informan haber comenzado con los primeros cursos, ninguna ha completado la capacitación completa. Por lo tanto, registran cero (0) cohortes capacitadas. Conocer, concluyen, "es el primer paso para transformar un sistema que debe, impostergablemente, incorporar las demandas del movimiento feminista en la administración de la justicia".