El Congreso peruano lanzó una nueva ofensiva contra el expresidente Pedro Castillo, en prisión acusado de rebelión. La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes con 19 votos a favor y 9 en contra, acusarlo por organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Se le sindica liderar una organización criminal para el supuesto direccionamiento de licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos. La acusación será vista ahora en el pleno del Parlamento, donde deberá ser ratificada o archivada. Por la correlación de fuerzas en el Legislativo, desfavorable al exmandatario, se estima será ratificada, con lo que Castillo perdería la protección del fuero como expresidente que todavía tiene para este caso. La fiscalía quedaría habilitada para procesarlo por corrupción y podría pedir su prisión preventiva. Castillo ya se encuentra en prisión preventiva por haber intentado cerrar inconstitucionalmente el Congreso, la que ha apelado. También se aprobó la acusación constitucional contra sus exministros de Transportes --Juan Silva-- y de Vivienda, Geiner Alvarado. El primero de ellos está prófugo y el segundo con impedimento de salida del país.
La fiscal cuestionada
Esta acusación por corrupción contra Castillo fue presentada por la fiscalía ante el Congreso en octubre pasado para destituirlo de la presidencia. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó esta acusación, fue señalada de haber jugado junto con la derecha para buscar sacar a Castillo del gobierno. También se denuncia que ella habría utilizado su cargo para proteger a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de liberar narcotraficantes a cambio de sobornos: destituyó a la fiscal que investigaba a su hermana. También fue sindicada de obstruir la investigación fiscal a una mafia judicial ligada al fujimorismo.
La derecha mayoritaria en el Congreso y los medios hegemónicos han protegido a la fiscal Benavides de estas acusaciones desde que se puso en primera fila acusando a Castillo. Si el pleno del Congreso aprueba la acusación contra Castillo, como se presume ocurrirá, será la cuestionada fiscal Benavides la encargada de investigarlo y denunciarlo judicialmente.
Denuncias para todos
La acusación fiscal contra Castillo señala que durante su gobierno se entregaron irregularmente obras de infraestructura y saneamiento a empresarios amigos y financistas de su campaña. Se trata de obras relativamente pequeñas en distintas provincias. La denuncia se sostiene en testimonios de empresarios y exfuncionarios denunciados por corrupción que habrían canjeado sus testimonios acusatorios contra Castillo por beneficios judiciales, como evitar una prisión preventiva. Por este caso, la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, estuvo dos meses en prisión preventiva, entre agosto y octubre del año pasado. Ahora está procesada con impedimento de salida del país. También está procesada la esposa de Castillo, Lilian Paredes, asilada en México. Otros casos de la acusación contra el exmandatario tienen que ver con la licitación para la construcción de un puente por un monto de 58 millones de dólares y la compra de combustible por 74 millones de dólares. Estas investigaciones fiscales se abrieron por las declaraciones de una lobista denunciada por corrupción convertida en colaboradora de la fiscalía a cambio de evitar los cargos en su contra.
Durante su gobierno, Castillo se rodeó de un entorno que fue fuente permanente de escándalos de corrupción. Ahora son esos mismos personajes quienes lo acusan de tal cosa. El expresidente niega los cargos en su contra aunque hay evidencias que lo comprometen, sobre las cuales no ha declarado.
