La empresa prestadora del servicio de agua en Salta, Aguas del Norte, informó que el agua producida en la Planta Itiyuro ya es "apta para consumo humano". Esta planta abastece a usuarios de Tartagal, General Mosconi y Aguaray, en el departamento San Martín que, desde noviembre del año pasado, reclaman el mal estado del servicio y la desigual distribución de agua envasada en los barrios populares y comunidades indígenas.
Hace casi dos meses el gobierno de Salta comunicó que el dique Itiyuro venía con una baja pronunciada en el nivel de agua, la "más severa de los últimos 50 años, producto de una reducción importante de los caudales del río Caraparí y la sequía que afecta a la provincia y gran parte del país". A ello se sumó que la poca agua embalsada fue invadida por algas, las que le dieron un color y un sabor particular, tornándola no potable.
Esta situación llevó a la declaración de la emergencia hídrica en toda la provincia, y se constituyó un Comité de Emergencia Hídrica, que aprobó y coordinó la distribución del agua para las familias a través de camiones cisterna proveídos por Aguas del Norte, el Ministerio de Defensa de la Nación, la Gendarmería Nacional y empresas privadas. Además, se articuló con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta la distribución de agua en bidones.
Aún así, las medidas no resultaron suficientes y el reclamo de vecinos y vecinas fue decantando a la conformación de una Asamblea por el Agua en el departamento San Martín, a través de la que usuarios y usuarias exigieron tener participación en el Comité de Emergencia. La principal demanda de las familias es que los funcionarios y funcionarias municipales y provinciales no comparten la información sobre la situación real y tampoco abren la posibilidad de participación y asesoramiento que pudieran brindar los vecinos y vecinas.
Por eso, cuestionaron los avisos emitidos recientemente por Aguas del Norte, en los que anuncia que ya "es apta para consumo humano el agua producida en la Planta Itiyuro, que abastece a usuarios de Tartagal, Mosconi y Aguaray". La empresa comunicó que los análisis realizados en laboratorios arrojaron resultados muy favorables. Su equipo venía realizando un seguimiento constante para determinar la presencia de cianobacterias producidas por algas.
"Hoy (por el 8 de febrero) se puede confirmar que las características de las muestras están dentro de la especificación y cumplen con la normativa vigente para consumo", asegura la prestataria. Además, agregó que por mes se analizan más de mil muestras que son estudiadas "bajo los más estrictos controles en los laboratorios de la compañía, en el Laboratorio Central, ubicado en el establecimiento Alto Molino de Salta Capital y en el Laboratorio Regional Itiyuro".
Este anuncio difundod a través de las redes sociales de la empresa, derivó en que las familias sanmartinianas pidieran ver los resultados de los estudios llevados adelante por más de un mes. Pero no accedieron a ellos. Salta/12 hizo la misma solicitud y tampoco le fue transmitida la información.
En este contexto crítico del agua, representantes vecinales viajaron la semana pasada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantuvieron reuniones con funcionarios del gabinete nacional. Entre ellos, se encontraron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien recibió el último jueves a los y las integrantes de la Asamblea por el Agua, que le brindaron detalles sobre la situación en las ciudades de Tartagal y Orán.
El representante de la Asamblea Luis Rivero, relató a este medio que en el encuentro con Pietragalla Corti denunciaron abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte de las autoridades de Aguas del Norte, cuyo presidente es Ignacio Jarsún, y también el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta (Enresp), que preside Carlos Saravia. En la denuncia se incluye además al intendente de Tartagal, Mario Mimessi, y el gobernador Gustavo Sáenz.
Precisamente, uno de los motivos de que vecinos y vecinas decidieran ir a golpear las puertas del gobierno nacional es que no pudieron hacer la denuncia en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la provincia en Tartagal. "Una auxiliar nos dijo que no nos iban a tomar la denuncia porque las únicas que se recibían eran contra la policía", agregó Rivero, al relatar el intento de denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos, que se dedica específicamente a investigar hechos de violencia policial. Rivero dijo que en el encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la Nación le compartieron "todo lo que viene pasando" en el norte salteño. "Le mostramos fotos de cómo sigue saliendo al agua y cómo nos termina afectado todo", detalló.
Tras la reunión, desde la Asamblea se dialogó con la delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales My, quien los asesoró para radicar la denuncia vía web.
En ese mismo encuentro los y las asambleístas solicitaron que se articule con el Ministerio de Salud de la Nación para técnicos de esta cartera examinen el agua proveniente del sistema Itiyuro que toman las localidades del departamento San Martín. "Acá siempre hemos reclamado el mal estado del agua, que nunca formamos parte del tomado de muestras y que nunca nos han mostrado los resultados de todos los estudios que dicen hacer", cuestionó Rivero.
El representante de la Asamblea relató que en los últimos días el agua potable que salió desde Salvador Mazza era azul; mientras que el agua en Tartagal, "el jueves y viernes salió turbia y con olor". "Tenemos denuncias de que varias personas se están enfermando por culpa del agua", dijo Rivero.
Las dudas de parte de la población tartagalense sobre los estudios de Aguas del Norte se deben a que antes del anuncio de la empresa sobre la potabilidad del agua, se decía que el estado óptimo recién iba a lograrse en los próximos meses y no ahora. Rivero también dijo que esa desconfianza se acrecentó por la actividad política que empezó a gestarse con más fuerza por parte de funcionarios municipales y provinciales de cara a las próximas elecciones, que en Salta serán en mayo venidero. "No les conviene seguir teniendo el problema del agua aquí y como el jueves lanzaron algunas campañas, salieron a decir que el agua ya era potable", manifestó.
Rivero viajó a Buenos Aires acompañado por Edith Martearena, del Comité de Crisis de San Martín, y Walter Ovejero, ingeniero geólogo y asesor de la Asamblea. Los y las tartagalenses también se reunieron con autoridades de las carteras de Desarrollo Social, de Salud Pública y de Obras Públicas de la Nación, además de la Jefatura de Gabinete y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. A través de la Secretaría de Integración Socio Urbana, "logramos que nos den la prioridad para que se hagan 8 pozos (de agua) en Tartagal, en los barrios populares", adelantó el representante de la Asamblea.
Rechazo al decreto 91/23
Luis Rivero contó que en la reunión que mantuvo con el secretario Pietragalla Corti también pudieron manifestar el repudio que generó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas, que el gobierno provincial aprobó mediante el decreto 91/23. "Como vecinos autoconvocados y de organizaciones sociales estamos en contra (del Protocolo) y lo repudiamos porque viola el derecho constitucional de la protesta, más allá de que lo quieran disfrazar desde el gobierno", expresó.
"No puede ser la misma policía que te reprima, la que quiera darte una solución", cuestionó. El Protocolo prevé que el Ministerio de Seguridad y Justicia designará un jefe del operativo de seguridad que, "a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicará a los manifestantes que deben desistir" de la medida de fuerza. Acto seguido, recién se entablará algún tipo de diálogo.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales convocaron para hoy a una conferencia de prensa en la plazoleta IV Siglos de la ciudad de Salta para pedir la derogación inmediata del decreto 91/23. Desde las 10, los espacios rafiticaran que el protocolo "habilita claramente la represión de las manifestaciones y luchas de la población".
El miércoles último más de 30 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos se reunieron para denunciar este decreto y votaron iniciar un plan de lucha hasta que sea derogado. En ese sentido, acordaron que este martes 14, a las 9, emprenderán una movilización al Centro Cívico ubicado en el barrio Grand Bourg, donde está la sede del gobierno provincial; mientras que en el interior de la provincia se harán movilizaciones a las fiscalías de sus departamentos.
A través de un pronunciamiento, las organizaciones afirmaron que el protocolo "limita y cercena el derecho a la manifestación y protesta social", lo que afecta el derecho a reunión y libertad de expresión. Y consideraron que el decreto "no tiene por fin el resguardo del derecho de los manifestantes a expresar libremente sus reclamos, ni la protección de su integridad física, sino que tiende directamente al condicionamiento y cese de toda medida de protesta".
