Desde la Dirección Nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de la Nación, presentamos un informe que traduce nuestra posición formada y profesional sobre el conflicto social, comunitario, jurídico y político que tiene lugar hoy en las tierras adyacentes al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. 

El litigio judicial se dirime actualmente ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, con el número de registro BA-31796-C-0000 “Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros”.

Sin embargo, cabe decir que la causa ya tuvo sentencia sobre la cuestión de fondo hace más de una década -el 30 de junio de 2009, por parte del Superior Tribunal, que tuvo competencia originaria para ello- y que ya pasó por diferentes instancias judiciales de ejecución de esa sentencia, todas en el sentido de permitir el acceso público y comunitario al Lago Escondido.

Más de 25 magistrados se expresaron sobre la contundencia que el ordenamiento jurídico provincial y argentino proporciona para proceder sobre los puntos en conflicto. Y ello, incluso ante episodios de grave hostigamiento y agresiones que intentaron persuadirlos de fallar en contrario: jueces, periodistas, candidatos que hablaban del tema en su campaña electoral fueron asediados en sus hogares, atacados por personas "montadas" y patotas pagas que los rodeaban y amenazaban en plena vía pública para amedrentarlos.

En tanto, en sede judicial se ha subrayado hasta el hartazgo la pertinencia y la necesidad de abrir un camino viable y razonable para que la comunidad pueda acceder al espejo de agua dulce; y se ha definido judicialmente que ese camino era el que nacía en el Paraje Tacuifí.

No podría ser de otro modo: el artículo 73 de la Constitución provincial asegura “el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público".

Pese a ello, el fallo judicial de 2009 múltiples veces reafirmado, no puede ponerse en práctica debido a constantes obstáculos materiales de acceso a la justicia que sufre la comunidad toda.

Se trata de obstáculos legales, a-legales y directamente ilegales, ejercidos de uno u otro modo por el propietario de la tierra adyacente al espejo de agua y su personal parapolicial.

Advertimos con preocupación la utilización de violencia directa ejercida contra todos los actores del conflicto que promueven el derecho constitucional y legal de acceder al Lago.

Se ha desplegado violencia física manifiesta contra quienes intentaron ejercer la posesión de los derechos reales reconocidos en sede judicial. Entre ellos y ellas, contra quienes año tras año, en el mes de febrero, emprenden el camino de Tacuifi, muchas veces reprimidos con amenazas y golpes. En años anteriores se ha denunciado penalmente inclusive la privación de la libertad que durante algunas horas padecieron algunos activistas, entre quienes se encontraba el doctor Jorge Rachid, que se descompensó y tuvo que ser atendido hospitalariamente.

A su vez, es necesario mencionar algunos episodios de suma gravedad democrática que no pueden desligarse de plano con este conflicto y cuya tramitación en sede penal se encuentra estancada -su enfriamiento coincidió, quizá casualmente, con la emergencia del conflicto político disparado por distintos “chats” que tomaron estado público en noviembre de 2022, en donde distintas personas con jerarquía judicial, ministerial y poder mediático pretendían ocultar que se habían encontrado para disfrutar de un fin de semana largo precisamente en las instalaciones que tiene el magnate Joe Lewis junto a ese Lago-.

Se ha denunciado, tanto en la jurisdicción patagónica como en la sede porteña de la Justicia federal, la existencia de organizaciones parapoliciales de ideología claramente racista, que reclutaban gente a través de las redes para ejercer violencia directa contra personas mapuches y otros “extranjeros”. Utilizaban teléfonos celulares, algunos de ellos con código de área de la Florida, Estados Unidos, aunque -paradojalmente- se autodenominaban “gauchos”, en utilización de un léxico muy parecido -según puede observarse incluso en grabaciones audiovisuales disponibles al público en general- por el grupo de tareas coordinado por Van Ditmar, empleado de confianza y jerarquía del propietario Lewis.

Algunas de esas denuncias han sido emprendidas por esta Dirección, que aportó medidas de prueba técnicas, informativas y testimoniales, sin que se advirtiera un interés en proseguir con esas investigaciones forenses; nos referimos a las denuncias número 3743/22 y conexas de trámite ante el Juzgado Nacional en lo en lo Criminal y Correccional Federal 12, Secretaría 23, con sede en Comodoro Py.

Las distintas aristas de este conflicto han llevado a que se redactaran proyectos de declaración de repudio en sede legislativa (tanto provincial como nacional) respecto de la violencia explícita y de esta completa pérdida de ejercicio de la soberanía en la Comarca Andina.

Así, el expediente 1514-D-2011 del registro del Honorable Congreso de la Nación, sumario: “Expresar preocupación por las agresiones de personas vinculadas con la empresa Hidden Lake S.A. ocasionadas a Omar Lehner, candidato a gobernador de la provincia de Río Negro”, señaló que “el caso se ha transformado prácticamente en un paradigma la desenfrenada extranjerizacion de las tierras de la Argentina”.

Y es que detrás de las discusiones sobre la falta de señalización, electricidad, y condiciones básicas de acceso al Lago que debieron ya estar delimitando un camino seguro para los pobladores de la comarca; detrás de eso, se advierte un énfasis puesto en la lesividad a bienes jurídicos constitutivos del ejercicio de la soberanía nacional y provincial sobre las tierras.

Corresponde decir que también se judicializó el modo en que fueron adquiridas esas tierras, a través de testaferros que permitían oblicuamente la violación a leyes de seguridad nacional prohibitivas de la adquisición de tierras de frontera por parte de ciudadanos extranjeros.

Esto también está abordado por el proyecto en cuestión, que refiere las gravísimas agresiones a jueces, periodistas y dirigentes políticos en marzo de 2022. El texto indica que: “Conocidos estos hechos y redoblada la exigencia de que se cumpla con el fallo judicial, durante los últimos días, unas 300 personas –empleados de la empresa Hidden Lake S.A. y sus familiares–, se han instalado en la capital rionegrina, con el fin de llevar adelante una serie de acciones contra el juez y contra los amparistas para impedir el cumplimiento de la decisión de la Justicia, ante un fallo judicial que puede ser considerado ejemplar en la lucha por el acceso público a las costas de ríos y lagos en nuestro país”.

“Al parecer, la empresa habría anunciado que despediría a sus 200 empleados si se habilita el camino público vecinal. El representante de la empresa y del multimillonario, Nicolás Van Ditmar, llegó a expresar públicamente que protegerán la propiedad privada “con sangre si hace falta”, “con el Winchester en la cintura”, declaraciones que son públicas y cuya grabación se encuentra a disposición de quien desee escucharla, en sitios periodísticos de aquella ciudad, como por ejemplo www.adnrionegro.com.ar.”

Pues no. El Western debe terminar. La espiral de violencia social ascendente que produce la falta de acatamiento a la ley por parte del propietario Lewis y su organización debe tener por correlato una respuesta clara y firme de todo el sistema institucional argentino, más allá de cualquier posicionamiento político o coyuntural al respecto. Aunque quizá los secretos que esconde el Lago impidan un genuino compromiso con la soberanía política y con la vigencia de la democracia en sentido institucional y material.

* Gabriela Carpinetti es directora nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.