Un tribunal de Perú impuso este jueves prisión preventiva por 36 meses al expresidente Pedro Castillo, quien está cumpliendo una medida similar en otro expediente, en una causa en la que está acusado de haber encabezado una organización criminal
La decisión está relacionada con una causa en la que el expresidente peruano está acusado de haber dirigido una red, integrada por familiares y colaboradores políticos, dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y a lavar activos.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, consideró este jueves que "existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva".
Esta nueva medida de prisión preventiva se computará en paralelo a la que se le impuso en diciembre de 2022 por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por el fallido intento de golpe de Estado.
El martes, en una audiencia televisada en vivo por el canal del Poder Judicial, la fiscal Galinka Meza afirmó que hay “283 graves y fundados elementos de convicción” que incriminan a Castillo y otros acusados por el caso. En ese momento, la fiscal estimó que al exmandatario podría corresponderle una pena de prisión de hasta 32 años.
Castillo está preso en un penal en Lima desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso lo destituyó horas después de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Además, el expresidente está acusado en una tercera causa de haber armado un grupo de inteligencia para espiar y desacreditar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a otros funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigaban al entonces mandatario por corrupción.
