Se complica la situación de Nicolás Gabriel Carrizo, uno los tres detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalado además como líder del grupo de vendedores de copos de azúcar que sirvió de pantalla para organizar el ataque. La Cámara Federal de San Martín confirmó su procesamiento por tenencia de documentos de identidad ajenos en una vivienda donde residía. El delito surgió de un allanamiento realizado en el marco de la investigación por el atentado, y motivó que se abriera una nueva causa en el Juzgado Federal 3 de Morón. La defensa de Carrizo presentó un pedido de nulidad de la resolución pero los camaristas rechazaron la solicitud por considerar que "no se advierte lesión a garantía constitucional alguna", ya que se vencieron los plazos para que el imputado realice su descargo.

Carrizo se encuentra en prisión preventiva desde el 14 de septiembre como partícipe secundario del fallido magnicidio. Si bien se presentó inicialmente ante la opinión pública como el empleador de Fernando Sabag Montiel -procesado junto a Brenda Uliarte como coautor del hecho-, posteriormente aparecieron en su celular mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque. Por esta razón, la querella de la expresidenta, a cargo de los abogados Marcos Aldazabal y José Ubeira, reclama que se agrave su situación procesal al considerar que también actuó como coautor.

Durante la investigación se allanó un domicilio donde Carrizo vivía, en el que se encontraron documentos de identidad ajenos, por lo que se inició una nueva causa que tramita el Juzgado Federal 3 de Morón. Inicialmente, los abogados de Carrizo pidieron la nulidad de esta resolución porque no se le habría dado oportunidad de ejercer su defensa. Pero el Tribunal de Apelaciones de San Martín rechazó el planteo y sostuvo que Carrizo fue indagado por este delito, se negó a declarar e informó que presentaría un escrito de descargo, algo que no hizo.

"Se advierte que el imputado tuvo oportunidad de ejercer su defensa al ser convocado a declaración indagatoria, manifestando en ese momento que, por consejo de su abogado, presentaría su descargo por escrito, derecho que hasta el momento no ha ejercido", advirtieron los camaristas Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández. En este sentido, consideraron que "no se advierte lesión a garantía constitucional alguna" como así tampoco "vulneración alguna a normas procesales o violación a garantías constitucionales". Al cumplirse los plazos previstos tras la indagatoria, y ante la ausencia del descargo de Carrizo, se procedió a avanzar con el procesamiento.

La confirmación se da una semana después de que la Cámara Federal porteña ratificara la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de negar la prisión domiciliaria a Carrizo, en el marco de la investigación por el atentado del 1 de septiembre. En esa resolución, además, se instó a la magistrada a proceder con celeridad para elevar a juicio a los detenidos, puesto que los camaristas entienden que la investigación se encuentra "agotada". Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo, a quien Capuchetti delegó la causa, rechazó el planteo e indicó que aun restan medidas de prueba que pueden esclarecer los hechos. Entre ellas, está pendiente un nuevo peritaje que Rívolo ordenó sobre el celular de Sabag Montiel, que fue reseteado de fábrica mientras estaba en custodia de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En la misma línea que los camaristas porteños, que pretenden ignorar toda pista que involucre a otros actores, instigadores o financistas además de los autores materiales, se conocieron declaraciones de Sabag Montiel en las que asume toda la responsabilidad en el intento de magnicidio. El principal imputado por el atentado intentó desvincular, de esta manera, a su pareja, Uliarte, a los integrantes de Revolución Federal y a otros dirigentes opositores al Gobierno. También reconoció haber enviado una carta al fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, y sostuvo que no está arrepentido de intentar matar a la vicepresidenta.