La jueza María Eugenia Capuchetti condenó a 15 años de prisión al oficial de inteligencia retirado de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien tras dos décadas prófugo de la Justicia argentina había sido detenido dos años atrás. La titular del Juzgado federal número 5 lo consideró responsable de la retención, sustracción y ocultamiento de Ezequiel Rochistein Tauro, en un juicio que se desarrolló por escrito. “Lo que tenía que ser fue, cada quien debe hacerse responsable de lo que hizo”, concluyó el joven que se resistió una década a conocer su verdadera identidad y que hoy, a 13 años de saber que el oficial de Inteligencia de la RIBA que lo crió se lo robó de la ESMA, donde su mamá lo parió, cree que con la condena puede ayudarlo a “cerrar una etapa” de su vida. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto, la definición es “una razón más” que confirma la búsqueda que comenzaron desde que supieron que además de desaparecer a sus hijes, los genocidas se robaron a sus nietes. “Destaca la sabiduría de las Abuelas de esperar a la Justicia, de esperar los procesos de los nietos, pero nunca bajar los brazos”, definió el abogado del colectivo Emanuel Lovelli.

“Se encuentra verificado que Juan Carlos Vázquez Sarmiento tenía pleno conocimiento de los hechos ilícitos que estaba ejecutando y, aún así, decidió llevarlos a cabo apropiándose de Ezequiel y alterando su identidad”, dice Capuchetti en la resolución que hoy emitió y que comunicó de manera personal, a Ezequiel Rochistein Tauro. En ella, la magistrada a cargo del Juzgado de Instrucción Federal número 6 de Ciudad de Buenos Aires fijó la primera condena de Vázquez Sarmiento por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura cívico militar eclesiástica tras dos décadas de mantenerse prófugo y dos años de intentar zafar nuevamente de la Justicia, esta vez con mentiras sobre su estado psicofísico.

En la resolución emitida hoy, y en base a una serie detallada de testimonios y documentos –legajos y certificados–, Capuchetti halló probados varios hechos que culminan en la responsabilidad de Vázquez Sarmiento sobre la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro.

En primer lugar, que el condenado “prestó funciones en la Regional de Inteligencia de la Buenos Aires de la Fuerza Aérea, entre 1977 y 1978, que allí lo conocían como “El colorado" o "El Colo” y que su tarea era "centralizar la información que venía de afuera". Luego halló certificado el secuestro de María Graciela Tauro y de Jorge Rochistein, ocurrido el 15 de mayo de 1977, en la zona oeste del Conurbano. Que del operativo participó la Fuerza Aérea y que ella estaba embarazada de entre cuatro y cinco meses.

Graciela fue mantenida cautiva en Mansión Seré y en la Comisaría 3ra de Castelar y que fue llevada a la ESMA para parir, eso también lo mencionó probado Capuchetti. Mencionó, para ello, dos testimonios: el de Sara Solarz de Osatinsky y el de Juan Gasparini, dos sobrevivientes de ese campo de concentración de la Armada. Sara “asistió” el parto de Graciela. Juan la vio con su hijo en el patio de la ESMA y a él Graciela le dio sus datos y los del papá del bebé para que lo denunciara.

La jueza consideró probado que el hijo de Graciela y de Jorge fue “entregado a Juan Carlos Vázquez Sarmiento”, quien fue “inscripto” como hijo propio del represor y su entonces esposa, Stella Maris Emaldi. En el expediente figura una declaración en la que la apropiadora cuenta que “en noviembre de 1977 su marido llevó sorpresivamente un bebé recién nacido al hogar conyugal y le manifestó que el niño había sido abandonado en el interior del país”. Por último, análisis genético mediante, la magistrada sumó la confirmación de la identidad de aquel niño en cuestión, hoy un adulto de 46 años, como hijo de la pareja secuestrada. Se sabe que, tras el nacimiento de Ezequiel, la pareja fue fusilada en un enfrentamiento fraguado. Los restos de Rochistein fueron identificados en 2014 por el Equipo de Antropología Forense en una fosa común en el Cementerio de Merlo. Graciela continúa desaparecida.

El juicio fue realizado en base al viejo Código de Procedimientos en materia penal, como lo fue también el que repartió condenas por la apropiación del nieto Juan Cabandié. En este caso, el proceso comenzó en marzo de 2002, cuando la abuela materna de Ezequiel Rochistein Tauro se presentó como parte querellante en una causa que investigaba otra apropiación, la de Guillermo Pérez Roisinblit. En aquel expediente, había elementos que indicaban que Vázquez Sarmiento tenía conocimiento no sólo de la apropiación del bebé que Patricia Roisinblit había parido en la ESMA por parte del agente civil de inteligencia de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires Francisco Gómez, sino que él también “se había quedado con un chico”, figura en testimonios de la causa.

Entonces, Nelly Celia Wuiovich Savio de Tauro aportó a la causa, que quedó en manos del juzgado federal número 6, denuncias anónimas que habían registrado en Abuelas de Plaza de Mayo sobre que una persona registrada con el nombre “Ezequiel Vázquez Sarmiento” era el hijo de María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, su hija y su yerno. Para entonces, el apropiador de Ezequiel se había profugado.

El expediente reunió varias pruebas, impulsadas por la querella de Abuelas y la Fiscalía. Cayó en un parate hasta que recibió dos cimbronazos: por un lado, la restitución de la identidad de Ezequiel, que sucedió en 2010; por otro, la captura de Vázquez Sarmiento, en octubre de 2021. Una vez detenido –lo encontraron en el partido de Hurlingham– el juez federal Daniel Rafecas, entonces subrogando el Juzgado federal 6, lo indagó por el caso de apropiación y también por su intervención en la RIBA, causa que sigue en su juzgado de origen, el 3. Desde entonces lo conminó a cumplir prisión preventiva en una cárcel común. En junio de 2022, Rafecas cerró ambos procesos y ordenó su elevación a juicio.

Desde Abuelas de Plaza de mayo celebraron la condena a Vázquez Sarmiento, que coincidió con lo solicitado en el alegato del colectivo –15 años de cárcel–. Desde que iniciaron la vía judicial para identificar a Ezequiel y juzgar al responsable de su apropiación pasaron dos décadas, por lo que, evaluó Lovelli, “la condena demuestra la tenacidad y la sabiduría de las Abuelas para esperar los tiempo de la Justicia, esperar los procesos madurativos de cada nieto encontrado, sin bajar los brazos. Eso nos obliga a seguir pidiendo una justicia verdadera por los crímenes de lesa humanidad basada en que el único lugar para un genocida es la cárcel”.

A pesar de haberse resistido una década a hacerse el estudio genético para determinar su identidad. Rochistein Tauro asegura que aquel resultado fue “una mochila que me sacaron de encima. Me sentí liberado de alguna manera, más liviano”, apuntó en diálogo con este diario. Lo “único” que lamenta es “el tiempo” que perdió para poder conocer a su abuela a quien le agradeció “la comprensión permanente”. Nelly falleció hace 7 años. Al conocer su identidad, emprendió un camino que fue lento y “por momentos difícil”, dice Ezequiel. Y al que la decisión de Capuchetti podría sumarle un “posible cierre”. “La jueza no estaba obligada a citarme, pero igual tuvo ese gesto empático de convocarme y explicarme por qué decidió lo que decidió”, amplió el nieto cuya reflexión, según recogieron desde las redes de Abuelas, destacó “la sanación que viene con la justicia”.