Autoridades mexicanas detuvieron a nueve policías del sureño estado de Guerrero por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014, informó este miércoles el gobierno estatal.
La detención fue ejecutada en colaboración con la Fiscalía General mexicana (FGR) y con el apoyo de la secretaría de Marina, detalló la secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en un comunicado. Las autoridades confirmaron que detuvieron a siete agentes de la Policía Estatal y a dos Policías Preventivos del municipio de Iguala, donde tuvo lugar la desaparición.
"La Agencia de Investigación Criminal (de la FGR) cumplimentó dicha orden en contra de siete elementos de la Policía Estatal y dos Policías Preventivos del municipio de Iguala", donde tuvo lugar la desaparición, agrega el boletín informativo. La Fiscalía General "será quien otorgue más información sobre dicha detención", indicó la secretaría estatal.
Los detenidos
Los nueve agentes detenidos se mantenían en actividad a pesar de contar con antecdentes delictivos, informó la cadena estadounidense Univisión. Los policías estatales detenidos fueron identificados por la prensa mexicana como: Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jimenez Morales y Alberto Chávez Álvarez. Los policías municipales de Iguala, por su parte, son Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga.
Versiones obtenidas por el periódico mexicano Reforma, aseguran que los siete policías estatales fueron detenidos cuando se encontraban en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado de Guerrero, ubicadas al norte de Chilpancingo, capital del estado, a donde asistieron para recibir un curso.
Según Reforma, el testimonio de un detenido integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, implicados en la desaparición de los estudiantes con el que cuenta la Fiscalía General de la República, quien ha sido identificado bajo el pseudónimo de 'Karla', sostuvo que “presenció la tortura y asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como ‘El Gallo’, el ‘Comandante Pérez’ y ‘La Minsa’”.
La Minsa y el Comandante Pérez fueron reconocidos como dos de los policías estatales detenidos el miércoles, Ramiro Alvarado Sánchez y Lorenzo Bello Hernández, respectivamente. Ambos tienen en su contra una orden de aprehensión por los delitos de tortura y homicidio en contra de Mondragón Fontes.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la comunidad judía en México interceder ante el gobierno de Israel para que entregue a Tomás Zerón, un exjefe policial que también es investigado por la desaparición de los estudiantes. En enero, autoridades de Estados Unidos deportaron a México a un expolicía igualmente involucrado en el crimen.
La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los familiares de los estudiantes rechazaron las investigaciones realizadas por el gobierno de Peña Nieto.
Bajo la administración de López Obrador se iniciaron nuevas investigaciones. El actual gobierno también creó una Comisión de la Verdad para determinar las posibles responsabilidades que tuvo el Estado de México en este caso que marcó la crisis de desapariciones en el país, con unos 108.000 casos desde 1964.
Los estudiantes de magisterio desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
La investigación abierta en septiembre de 2020 contempló negligencias e irregularidades cometidas por el gobierno de Peña Nieto en esa investigación. La hipótesis de la nueva investigación es que los jóvenes fueron perseguidos y asesinados por policías municipales.idos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época.
Militares mexicanos tienen parte de responsabilidad por sus acciones u omisiones en la desaparición, reconoció un informe de la comisión de la verdad gubernamental divulgado en agosto.
En octubre de 2022 las autoridades detuvieron a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exresponsable de Seguridad de Guerrero y a Rodolfo Nava Ortiz, expolicía municipal de Huitzuco. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de las víctimas.
