En los próximos días se dará a conocer un proyecto de ley que busca apuntalar a la industria del calzado que se desarrolla en nuestro país, cuyo epicentro está en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé un registro de importadores, la sustitución gradual de pares terminados por componentes y de componentes importados por desarrollo de proveedores locales, para reducir la dependencia de la restricción externa. Además, agrega una política de precios decrecientes para el mercado domestico, que incentive el consumo, y la creación de un instituto del calzado, que pueda explorar tendencias, materiales, mercados y adelantarse a los distintos escenarios posibles.
Desde hace tiempo, representantes de trabajadores y empresarios de la industrial del calzado redactaron un borrador de proyecto de ley que promueve la industria nacional, cuyo epicentro está en la provincia. “El 70 por ciento del calzado argentino se produce en la provincia”, destacó el ministro Augusto Costa en Twitter, y se expresó favorablemente acerca de la ley propuesta que, en sus palabras, “consolida el mercado local y genera herramientas para la inversión productiva".
Con el fin de interiorizarse sobre el proyecto de promoción industrial y manifestarle su apoyo, Costa se reunió con representantes de toda la cadena de valor del calzado. Tras tomar conocimiento del trabajo conjunto que ese sector viene desarrollando desde hace un semestre, el martes pasado, en Luján, en ocasión de la reunión del Consejo Productivo Bonaerense, solicitó una reunión más extensa que se concretó dos días más tarde, en la sede del Fondo de Garantías Bonaerenses (FOGABA).
El ministro, junto con Mariela Bembi, Secretaria de Producción de la provincia y Ariel Aguilar, Secretario de Comercio de la provincia recibieron a los representantes del sindicato, (UTICRA), encabezados por su secretario general Agustín Amicone, de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) que preside Horacio Moschetto, y la diputada nacional por la provincia, Constanza Alonso.
Alonso es oriunda de Chivilcoy, donde hoy funciona Bicontinentar, una empresa argentina especializada en la fabricación y ensamble de calzado deportivo de alta tecnología. La empresa funciona en las ex instalaciones de Paquetá un jugador global de origen brasileño, que fabrica para varias marcas internacionales.
Había abierto su planta en el Parque Industrial de Chivilcoy en 2007 y se fue ampliando hasta 2016. Ese año, entre la apertura de importacones y los tarifazos, sus operaciones comenzaron a decrecer, hasta cerrar sus puertas en 2018. En 2021, un grupo de inversores argentinos se hizo cargo nuevamente de la planta. Bicontinentar es hoy el mayor empleador privado de Chivilcoy.
Ya en el mes de febrero, el mismo plenario de partes presentó un borrador a la Secretaría de Desarrollo Productivo, encabezada por José Ignacio de Mendiguren, dependiente de la cartera económica nacional, al mando de Sergio Massa. La respuesta fue un fuerte respaldo político, que se expresó también en las redes sociales del funcionario. “En 2018 esta pyme cerró. En 2021 volvió a abrir. Hoy (2023) ya tiene 11 líneas de producción y 550 personas trabajando. No es casualidad. Es el modelo”, tuiteó De Mendiguren, en referencia a Paquetá.
“Argentina cuenta con los dos extremos de la cadena de valor de la industria del calzado", explican los representantes de las cámaras empresarias al dar cuenta de la producción de materias primas (hilados, fibras y polímeros de la industria petrolera, etc.) y los bienes de capital; y la mano de obra calificada para la construcción de calzados de moda y deportivos de altas prestaciones tecnológicas. "Pero no tiene los proveedores de bienes intermedios nacionales que le agreguen el valor necesario a las materias primas para transformarlos en insumos con escala, costes y prestaciones tecnológicas necesarias para asegurar la autonomía productiva de nuestra industria", agregan a modo de explicación.
"Desarrollar el eslabón intermedio requiere de un plan estratégico a 10 años, con estatus de ley para asegurarlas condiciones necesarias para la industrialización acelerada del sector, como amortización de inversiones y mínimas escalas productivas necesarias”, señalan en defensa del proyecto.
Así las cosas, la iniciativa salda una vieja discusión acerca de los beneficios de la importación o la producción nacional. En teoría, la importación irrestricta favorece al consumidor, porque la apertura incentiva la competencia y la baja de precios. Sólo en teoría: el consumo per cápita entre 2016 y 2019, cuando el macrismo liberó el ingreso, tanto de componentes como de pares terminados, fue menor al ciclo anterior y al actual. Para los impulsores, no se trata de “abrir o cerrar” sino de generar las condiciones para convertir a Argentina en un jugador internacional de ese mercado, aprovechando las oportunidades existentes.
