Panorama económico
Cepo laboral
Imagen: DyN

Mauricio Macri tiene mal la información. No es verdad que los convenios laborales vigentes sean del siglo veinte. Más del 90 por ciento fueron renovados entre 2003 y 2015, cuando la negociación colectiva de trabajo volvió a tomar impulso tras liberarse del cepo que le habían impuesto el menemismo y la Alianza a los derechos de los trabajadores. “No podemos salir al mundo y enfrentar la tremenda renovación tecnológica con convenios laborales del siglo veinte. Tenemos que sentarnos en la mesa a discutir todos los convenios laborales”, planteó el Presidente esta semana, desconociendo información básica sobre la materia. A esta altura sorprende poco la ignorancia del jefe de Estado en aspectos cruciales para la vida de los argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que en casi un año de gestión una de las pocas citas que pudo hacer fue al Bambino Veira, cuando dijo que “la base está para que lleguen las inversiones”, en un acto en la Bolsa de Comercio. Macri reconoció también la última semana que no tiene idea sobre cómo reactivar el consumo, mientras que su ministro de Producción, Francisco Cabrera, admitió que no logra entender por qué la economía no arranca. “Anoche Felipe Larraín (ex ministro de Economía de Chile, de Sebastián Piñera) me preguntó cuándo arranca y le respondí que es un misterio, porque la verdad que hicimos los deberes, desde ordenar la oferta, entrar en un proceso de baja del gasto público, dejamos de emitir en el Banco Central”, enumeró, pero no hay caso, no arranca. En este contexto, para Macri el tema que había que instalar en la agenda económica era el de los convenios laborales, porque según su visión los derechos de los trabajadores resultan un obstáculo para el crecimiento económico.
Sin embargo, eso no es lo que enseña la experiencia de los últimos años. Entre 2003 y 2015 se renovaron 359 convenios laborales por actividad y la economía creció a tasas chinas la mitad de esos años, otros cinco lo hizo a un ritmo moderado y en apenas dos hubo contracción del PIB. Pero en estos últimos casos, la caída no fue por culpa de los acuerdos que alcanzaron los sindicatos y las cámaras empresarias sino por la crisis internacional en 2009 y la devaluación de 2014. Incluso en esos años malos, las políticas para apuntalar el empleo y aumentar el poder adquisitivo de los salarios fueron identificadas por la Cepal -de Naciones Unidas- como parte de las virtudes que permitieron sobrellevar mejor las turbulencias. “Las economías que están creciendo de una manera más sustentable son Argentina y Brasil, por la decisión política de sus gobiernos de sostener el empleo y el ingreso de sus poblaciones”, destacó la titular del organismo, Alicia Bárcena, el 3 de junio de 2010. El 21 de abril de 2014, a su vez, la OIT y el Banco Mundial emitieron un “Catálogo de medidas adoptadas para hacer frente a la crisis financiera”, en el cual valoraron las acciones para resguardar la ocupación. “En América latina, los principales mecanismos de reparación del trabajo tuvieron lugar en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. Argentina reactivó el Programa de Recuperación Productiva (Repro). Consiste en un suplemento salarial mensual proporcionado por el Estado a los empleados, sobre la base de acuerdos con los empleadores, para no tener que proceder directamente a los despidos”, explicaba el documento. También resultaron decisiones trascendentes, ponderaba el informe, “las políticas para respaldar la búsqueda de empleo, la expansión de las pensiones no contributivas y los sistemas de seguro de salud no contributivos”. En ningún caso esos organismos internacionales mencionaron a los convenios colectivos de trabajo como una barrera al crecimiento, así como tampoco identificaron a la inmigración como un problema a resolver.  
En 2003, los convenios colectivos de trabajo por actividad renegociados entre gremios y patronales fueron 10. La sucesión sigue así: 26 en 2004, 36 en 2005; 46 en 2006; 45 en 2007; 25 en 2008; 21 en 2009; 44 en 2010; 25 en 2011; 15 en 2012; 21 en 2013, 21 en 2014, y 24 en 2015. En total, 359. La información aparece en el último informe Económico Laboral del especialista Adrián Caneto, quien consigna datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Son precisiones que el Presidente le puede pedir al ministro del área, Jorge Triaca, para no seguir haciendo papelones y tener mayores elementos de análisis en un tema que considera tan importante. En el mismo período, entre 2003 y 2015, hubo 923 convenios colectivos de trabajo renegociados a nivel de empresas, mientras que la homologación de acuerdos paritarios y por aspectos puntuales fue en constante crecimiento todos esos años. Empezó con 238 entendimientos en 2003 y terminó con 1893 en 2015, para totalizar 17.664 en la etapa. En esos años se aprobaron 62 leyes laborales sobre los más variados aspectos, pero esencialmente para restablecer derechos quitados durante los ‘90 y los ‘2000. Los convenios colectivos renovados a partir de 2003 fueron incorporando gradualmente en cada gremio los lineamientos de esa nueva legislación.
Si ahora Macri quiere desandar el camino es para bajar los salarios, ya sea por vía directa o indirecta. La embestida contra los convenios demuestra que efectivamente el Presidente no está pensando en aumentar los niveles de consumo, ya que su mensaje constituye una nueva señal de alarma para los trabajadores en un escenario de persistente recesión. 
El PRO ha sido consecuente en este tema la última década, cuando se opuso en el Congreso a la mayoría de los proyectos laborales. Por ejemplo, los siguientes:

  •  Rechazó la limitación del período de prueba a tres meses. En cambio, se pronunció a favor de mantenerlo en seis meses. Finalmente, el Frente para la Victoria y aliados hicieron valer su mayoría para aprobar la ley.
  •  El PRO votó en contra de la modificación a la ley de concursos y quiebras que restableció la competencia de la Justicia del trabajo en los juicios laborales contra empresas que atraviesan alguna de esas situaciones.
  •  Rechazó combatir la tercerización al oponerse a ampliar la responsabilidad solidaria de la empresa principal, y a que los trabajadores tercerizados tengan los mismos derechos que los empleados de la empresa principal.
  •  El PRO también se opuso a que las empresas que integran un grupo económico sean solidariamente responsables por la violación de los derechos de los trabajadores.
  •  Votó en contra de sancionar al empleador que discrimina salarialmente a las mujeres. 
  •  Lo mismo ocurrió con el proyecto para que las empresas constituyan comités mixtos, con participación sindical, para prevenir accidentes de trabajo.

El nuevo cepo que pretende levantar Cambiemos sobre conquistas de los trabajadores explica en parte por qué sectores empresarios que se están hundiendo, como varios industriales, siguen apostando al Gobierno, a la espera de que defina un nuevo patrón permanente de distribución del ingreso. Prefieren perder un par de años y garantizarse un horizonte de salarios deprimidos y derechos laborales reducidos a levantar la voz por el rumbo de la política económica. Es una apuesta que podrán ganar las empresas que queden de pie en una economía más concentrada, pero que implica un grave retroceso en términos sociales, en las posibilidades de desarrollo del país y para propios eslabones empresarios, empezando por la industria.

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