El sentido último de la democracia está dado por la búsqueda, que debe ser incesante, de la vigencia integral de derechos. En términos pragmáticos se puede argumentar que resulta imposible alcanzar la integralidad de derechos, pero en el marco de los valores democráticos nunca se debe renunciar a ese propósito. Por más utópico que el mismo resulte.
La comunicación forma parte de los derechos humanos y esto ha sido ampliamente reconocido social, cultural y políticamente. Si bien ya no es motivo de discusión teórica su aplicación en las sociedades actuales en la mayoría de las sociedades actuales está lejos de plasmarse en hechos. Y salvo excepciones tampoco hay –como sí sucede en otros temas- acciones positivas de los estados y de los gobiernos para advertir sobre las violaciones y promover garantías para su cumplimiento.
Esto a pesar de que el derecho a la comunicación debe comprenderse como un “derecho llave” en tanto y en cuanto resulta habilitante del conjunto de los derechos humanos; siempre y cuando se entienda que la mención a la comunicación no puede limitarse apenas al uso de los medios y de las tecnologías para transmitir, difundir o divulgar. La comunicación en su sentido integral supera largamente una operación técnica o tecnológica, para situarse en la trama de la práctica histórico-social de las personas que viven en comunidad. Es decir que la comunicación es parte integral de la vida ciudadana y no se puede comprender por fuera de las prácticas sociales que protagonizan los sujetos en la historia.
La comunicación es esencial a todos los ámbitos, espacios y acciones de la vida.
Pero esa misma complejidad es la que convierte al escenario comunicacional en un ámbito atravesado por las disputas de poder y por las luchas económicas, políticas, sociales y culturales. De tal manera que la defensa de este derecho en democracia requiere de acciones constantes y renovadas, la mayoría de las veces plagadas de las mismas dificultades y resistencias que enfrentan otros ejes constitutivos de la democracia.
En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (20522 del 2009) la democracia de la que hoy gozamos desde hace casi cuarenta años logró plasmar varias de las cuestiones más importantes del debate comunicacional que se venía dando en la sociedad y advertir sobre cuestiones centrales. Fue una herramienta importante aunque se le puedan anotar limitaciones. Precisamente por su valor en materia de restitución de derechos fue una de los primeros objetos de mutilación legal por parte del macrismo en cuanto asumió la presidencia en el 2015. Hoy pocos la recuerdan y gran parte de la dirigencia política rehúye de manera sistemática los debates estructurales y de fondo sobre la comunicación vinculada lo ciudadano y a la participación, porque hacerlo es enfrentar factores de poder. Poco y nada hizo el gobierno del Frente de Todos en la materia. No basta con denunciar “campañas mediáticas” o “noticias falsas”, si no se generan medidas destinadas a facilitar el acceso plural a todos los escenarios y plataformas comunicacionales por parte de los diversos actores ciudadanos sin distinción alguna y no se enfrentan de manera decisiva los poderes de todo tipo en los que se asienta una comunicación desigual y a todas luces opuesta a los valores democráticos.
La democracia se potencia desde la comunicación y todos los derechos se ven restringidos y menguados sin el ejercicio efectivo de este derecho habilitador. Porque, como bien afirmó Leonardo Félix en estas mismas páginas, “entender a la comunicación como un derecho humano inalienable para todas y todos es un dato básico que, si bien parece obvio, hace falta revelarlo en cada instancia donde las subjetividades de los grandes monopolios de la palabra se imponen de forma hegemónica”.
La democracia –en particular nuestra democracia argentina- sigue presentando numerosas fallas en cuanto al ejercicio efectivo del derecho a la comunicación. También porque los “grandes monopolios de la palabra” vienen ganando esta batalla sin que casi nadie se decida a enfrentarlos más allá del “denuncismo”. Es algo que la dirigencia política en general ya sea por ignorancia, por temor o por complicidad, evita hacer frente con medidas operativas, legislativas y de gestión que apunten a cambios reales.
Sin comunicación democrática no se puede aspirar a un cambio social y político realmente democrático en el que la ciudadanía se sienta partícipe y protagonista.
