El dato fiscal de febrero del Sector Público Nacional volvió a mostrar dificultades, tanto en su recaudación como en sus gastos. Con consecuencias para el año electoral, para la caja y para el cumplimiento de la meta trimestral con el FMI, el principal trasfondo es la peor sequía de los últimos 60 años. Este escenario requiere tener el ánimo como el dólar: bien arriba.

En el segundo mes de 2023, el resultado fiscal mostró nuevamente un nivel de déficit superior al esperado y fue de 228 mil millones de pesos. El gasto alcanzó los 1,8 billones de pesos y retornó a terreno negativo, aunque a un ritmo menor de contracción (caída real del 3,7 por ciento). Resaltan dos cuestiones: a) bajó la deuda flotante por segundo mes consecutivo - es decir se afrontaron “pagos atrasados” del 2022. Sin ese efecto, el gasto hubiera caído 6,8 por ciento; b) la obra pública creció 70 por ciento en términos reales, impulsada por energía y vivienda.

Por su parte, los ingresos alcanzaron 1,6 billones de pesos y aceleraron fuertemente su caída retrocediendo en términos reales 8,3 por ciento. En este marco, se puede observar que mientras la recaudación tributaria vía impuesto a las ganancias se redujo 2 por ciento, asociado al efecto salarios, el IVA sigue creciendo en 2 por ciento. Esto permite entender que el consumo aún no recibió el impacto de la caída de la actividad económica. Sin embargo, el principal factor que sobresale en ingresos es el desplome de casi 75 por ciento en términos reales de los derechos de exportación (por el shock exógeno de la sequía y falta de stocks de soja).

El impacto de la sequía es sabido, su magnitud es lo que preocupa: los rendimientos esperados están por debajo de los mínimos históricos para la soja y para el maíz, con una caída de 44,4 por ciento en la producción del primero y 16 millones de toneladas menos en el caso del segundo. La relación entre la sequía y la caída de derechos de exportación es lineal e importante recordarla. No afecta sólo el ingreso de dólares, afecta el ingreso de pesos que se recaudan vía retenciones e impacta así en las cuentas públicas.

En resumen, si se olvida por un momento lo que significa una contracción del gasto en año electoral, lo que tenemos sencillamente es un problema de caja: gastos que se reducen -lento- al 3 por ciento, e ingresos que caen -rápido- al 8 por ciento. No compensa.

Este escenario nos lleva al último punto: es indispensable rediscutir la meta fiscal que establece el FMI. Prevista para ser del 0,30 por ciento del PBI (441,5 millones de déficit) en el primer trimestre, ya se utilizó 0,29 por ciento, (432,1 millones) y aún falta el mes de marzo. Algo así como cuando se te acaba el sueldo al día 20 del mes. Su cumplimiento exigiría para marzo un ajuste de 500 mil millones de pesos. ¿El problema? Del lado del gasto y en medio del escenario inflacionario, no hay margen para hacerle un agujero más al cinturón. Del lado de los ingresos, vale recordar que marzo es el mes de peor estacionalidad fiscal del trimestre. Y que una reforma progresiva del sistema tributario que permita alcanzar mayor robustez en las cuentas públicas, requeriría o bien de consenso político… o bien de coraje.

Si no se logra cambiar la meta, la única forma de cumplir, y seguramente será el camino que recorra el gobierno, es aprovechar el margen de deuda flotante, que nos dejaría en una suerte de lema invertido: “Deja para mañana lo que puedas hacer hoy”.

Nuestro país ya conoce las consecuencias de perseguir un equilibrio fiscal sin un equilibrio social. La economía se encamina a una dinámica recesiva que comenzó a afectar los niveles de recaudación y las exigencias del Fondo no pueden contribuir a ese efecto (que se agravan con los efectos que tuvo la guerra de Ucrania y que hoy tiene la sequía). A quienes históricamente les preocupó el recalentamiento de la economía, deben saber que los motores también se quiebran del frío.

El cambio climático nos muestra que los campos se están secando. Las cuentas nos muestran que la economía también.

(*) Integrante de CEPA.