Ayer se realizó una nueva inspección ocular en el vertedero San Javier de la ciudad de Salta, en el marco de un amparo ambiental presentado por vecinos y vecinas, contra la empresa recolectora de residuos Agrotécnica Fueguina, la Municipalidad de la ciudad y la provincia de Salta. Durante el recorrido la empresa adelantó que no se pondría en marcha la trinchera 4, a pesar de ser el principal pedido de las familias de la zona ante el colapso en la trinchera 1. 

Jorgelina Franco es la representante vecinal que figura en la acción de amparo y participó en la inspección junto al abogado Luis Segovia. "La situación es más grave de lo que pensaba", dijo a Salta/12, tras concluir el recorrido junto a la jueza interviniente en el proceso, María Victoria Mosmann. La vecina detalló que la falta de control de parte de la Municipalidad de Salta, como contratante, permitió que haya un permanente desborde de los líquidos residuales, o que la altura de la trinchera 1 supere los 35 metros. 

"La trinchera 1 no tiene más uso y lo más grave es que la trinchera 4 no va a ser utilizada por el momento", cuestionó Franco, quien vive en el barrio Solidaridad, cerca del vertedero de desechos. El proceso del amparo lleva ya 6 años; se inició a raíz de que se volvió a poner en funcionamiento la trinchera 1 en 2016, cuando ya había sido cerrada en 1999. Ante esta decisión de la concesionaria, vecinos y vecinas empezaron a alertar sobre la contaminación ambiental que se estaba produciendo y exigieron que se habilite la trinchera 4. 

La jueza Mosmann se hizo cargo de la causa recién en diciembre del año pasado. Previamente estaba en manos del actual ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Domínguez, quien dejó su cargo de juez para asumir como funcionario en el gabinete del gobernador Gustavo Sáenz. En febrero de 2019 el entonces juez Domínguez también realizó una inspección ocular, en el que la empresa dijo que no contaba con los recursos económicos para la compra de una geomembrana necesaria para habilitar la trinchera 4. No obstante, el Tribunal de Faltas determinó que correspondía que Agrotécnica Fueguina corra con este gasto.  

Sin embargo, terminó siendo la Municipalidad de la ciudad de Salta la que compró el material para impermeabilizar el suelo de la trinchera 4. "Desde 2021 están todas las condiciones para que se coloque la geomembrana y hasta ahora no se puso en funcionamiento", denunció Franco. Dijo que al consultar los motivos de esta demora, desde la empresa sostuvieron que "los vecinos que están cerca del predio y las personas que trabajan como recicladores iban a vandalizar la trinchera 4". "Dicen que no va a estar en funcionamiento por culpa de los recicladores que van a vandalizar", ratificó. 

Para Franco, la argumentación esgrimida por la concesionaria carece de sustento y vuelve a evidenciar el mal proceder como prestadora de servicio. Ante este escenario, la demandante cuestionó la falta de pronunciación sobre el tema de las y los concejales de la ciudad de Salta. "Vinieron también desde la Municipalidad, pero hablaban en nombre de Agrotécnica y justificando todo lo que no está", criticó, insistiendo en las constantes infracciones que son evidentes, "los brotes de líquidos están por todos lados y a ellos no les parece grave".

Es por ello que la referente vecinal reiteró el cuestionamiento sobre la poca participación de los y las ediles para revisar la redacción del contrato vigente entre la Municipalidad de Salta y Agrotécnica, y en ese marco, estudiar si se cumple. "Esto es muy grave y lo que vemos es que se está modificando el contrato a gusto y placer de la empresa", sostuvo. 

A la situación, Franco sumó el crecimiento habitacional que se registró en las cercanías del vertedero, puesto que hay barrios que son reconocidos por los gobiernos municipal y provincial y están a menos de 500 metros de distancia, como es el caso del barrio Justicia y la cuarta etapa del Solidaridad. "A nadie le parece preocupar eso, cuando tenemos una ordenanza que no permite viviendas a menos de una distancia de 500 metros", recordó. 

Este proceso de amparo se encuentra radicado desde diciembre de 2022 en el Juzgado de Minas. El área de prensa del Poder Judicial de Salta informó que actualmente el proceso se encuentra "abierto a prueba y pendiente de que las partes produzcan las pruebas por ellos ofrecidas, habiendo manifestado de forma expresa la magistrada interviniente en el acto de la inspección ocular que las partes tienen el deber de colaborar con el proceso" con el fin de lograr un "juzgamiento en plazo razonable". 

Del recorrido también participaron el gerente del Relleno Sanitario San Javier, Julio Cabral; Candelaria Durruty, gerenta de Intangibles; Carmelo Humberto Foresto, gerente general, y Ricardo Eduardo Sepúlveda, en representación de Agrotécnica Fueguina. Por el lado de la provincia, lo hizo Alberto Daud, y Soledad Zambrano, en representación de la Municipalidad de Salta junto a Juan Carlos Bonin y José Ginnochio, este último, subsecretario de Limpieza Urbana de la ciudad.