El Ejército argentino ordenó y organizó el robo de documentación y pruebas del terrorismo de Estados en Tribunales, en un operativo comando que se realizó el 8 de octubre de 1984, con la democracia recién recuperada. Esa madrugada, tras amenazar a la custodia, ingresaron en el juzgado de Francisco Martínez Fermoselle y sustrajeron “la casi totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep)”. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal número 2 al convalidar el juicio abreviado suscripto por Héctor Fructuoso Funes, quien fuera Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en 1984. El militar retirado admitió su responsabilidad y recibió una condena de cuatro años de prisión. La verdad jurídica queda establecida, ya que el peligro inminente era que el caso quedara impune, ya que Funes tiene 86 años y los otros dos imputados fallecieron. La Fiscalía quedaría entonces sin posibilidades de avanzar en la investigación, y ese fue uno de los motivos que llevó a impulsar el procedimiento al fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte.
“No solamente él habla de su responsabilidad, sino que habla de haber recibido órdenes y de haber impartido órdenes. Las órdenes que recibe para juntar la información, para transformarla en inteligencia, se las suministra al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, y a partir de Pino Cano, él recibe las órdenes para junto con el Jefe de Operaciones, por intermedio del personal del Destacamento de Inteligencia 121, diseñar una operación especial de Inteligencia, que es justamente el robo de Tribunales, entonces, no es que él admite su responsabilidad, habla de la responsabilidad del Ejército Argentino, no es un free lancer”, destacó el fiscal auxiliar Juan Murray. En cuanto a las responsabilidades, los otros dos imputados eran Víctor Pino Cano, quien fuera Comandante del Segundo Cuerpo y Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121. Pino Cano murió en mayo de 2021 y Muñoz, en julio de 2022.
Para la denunciante histórica de esta causa, la decisión fue fundamental. “Agradezco profundamente el trabajo que ha hecho la Fiscalía, porque realmente nadie lo hizo en 38 años y no será porque yo no lo he dicho, porque vengo hace mucho tiempo denunciando”. Adriana Arce es sobreviviente del terrorismo de Estado, fue querellante en la causa Guerrieri I, estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención Fábrica Militar y en 1984 participó en los allanamientos en los que se recabó toda la documentación y material incriminatorio hacia los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, en lo que entonces era la causa Feced, en los Tribunales provinciales de Rosario. Esa noche, había declarado hasta la 1 de la mañana, cuando se fue a dormir para seguir declarando al día siguiente. A la madrugada la despertaron y le dijeron que se habían robado toda la documentación. Desde entonces, ha denunciado numerosas veces y en distintas instancias. “Me siento súper feliz de que esto se haya aclarado y ojalá podamos saber cuál fue el destino de la documentación, porque lo que realmente nos interesa es que toda esa información del Segundo cuerpo abriría las posibilidades de aclarar muchas cosas”.
Murray fue quien inició la causa en 2011 -en su carácter de fiscal subrogante de San Nicolás-, al analizar el legajo de Muñoz en el marco de la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Allí encontró un reclamo al entonces presidente Raúl Alfonsín, en el que narró dos hechos que se correspondían con su gestión como Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121. “En virtud de que, tanto por la fecha de los hechos como también por el contenido de la misiva, se podía inferir que la operación a la que se refiere es aquella que se llevó adelante en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, el día 8 de octubre de 1984”, rememora el fallo judicial.
La causa se centra en la sustracción de documentación. “Se le imputó haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal, o por intermedio del personal a sus órdenes, y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los ‘blancos’ a ejecutar”, dice la resolución, que enumera los delitos cometidos para cumplir con la operación realizada el 8 de octubre de 1984, a la 1.45: amenazas de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de Tribunales, sargento Demetrio Flores y agente Juan José Aguirre, a quienes se redujo y se les robó sus armas reglamentarias, haber maniatado al personal policial, privándolo de su libertad en forma ilegítima hasta que fueron liberados por personal que trabajaba en el edificio, alrededor de las 5 de la mañana. También se le imputa la privación ilegal de la libertad al custodio de la casa de calle Dorrego 1638, Eugenio Leopoldo Encina, donde estaba depositada una parte muy importante del material allanado, “debido a su magnitud”.
Entre las pruebas y documentos sustraídos en esa operación había organigramas de los grupos de represión ilegal, con nombres y apodos de los grupos ilegales, designación de lugares a cumplir operativos y tareas asignadas a los integrantes de esos grupos; como así también gran cantidad de carpetas de personas que habían sufrido operativos de parte de esos grupos, como así también álbumes de fotografías y -entre muchos otros elementos- diversas agendas con listas de personas, algunas de las cuales se encontraban desaparecidas. Un material probatorio de incalculable valor para dilucidar el accionar del terrorismo de Estado en la región.
Villatte fue muy preciso al explicar por qué optaron por una figura poco común en delitos de lesa humanidad, como es el juicio abreviado. “Es un hecho del año 84, que si fue fue si bien fue declarado conexo con delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, tiene la particularidad de que no tiene víctimas directas que hayan sido secuestradas, violadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas”, expresó Villatte, quien también subrayó que “por el tipo de hecho de que se trató, la calificación legal por los delitos cometidos tienen penas muy inferiores” a las de las causas por delitos de lesa humanidad. “Lo que se buscó con este hecho se puede interpretar de distintas formas, ya sea encubrir los delitos cometidos por la dictadura o se puede pensar que era una continuidad de la complicidad de toda la estructura del Ejército en esa estructura represiva ilegal que pervivía en democracia”, indicó Villatte.
Lo nodal fue que esta condena les permite continuar con la investigación. “El único imputado vivo tiene 86 años y todavía no teníamos certeza sobre la fecha del juicio que se iba a fijar, eso nos hacía dudar de poder llegar a un juicio y además, si se consiguiera realizar ese juicio, tendríamos que transcurrir todas las etapas recursivas, que son muy largas, con Funes con vida”. Si el imputado moría en ese lapso, la acción legal quedaba extinta. “Esta condena sienta una base a partir de la cual, la investigación que nosotros seguimos llevando adelante parte de la existencia de una responsabilidad de un alto integrante de la Plana Mayor del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército”, siguió Villatte.
El fiscal adelantó que el próximo paso en esta investigación es la citación a quien fuera jefe del ejército durante el gobierno de Carlos Menem, Martín Balza.
Murray también enfatizó que Luis Américo Muñoz, para ascender al grado de coronel, necesitó de un acuerdo del Senado, y si bien el reclamo elevado a Alfonsín no se le aceptó, hay “un expediente que tiene radicación en el Ministerio de Defensa, cuando el ministro era Horacio Jaunarena, y no hubo ningún tipo de información de esos hechos a los organismos de derechos humanos”. Recordó que “esos hechos no estaban cubiertos por las leyes de obediencia debida y punto final”, que cubrían desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Más tarde, Muñoz fue ascendido a teniente coronel. Y por eso Murray considera "interesante" que algunas de las personas que hizo caso omiso a esa información brinden explicaciones sobre la falta de investigación.
Arce considera "un éxito enorme el haber conseguido esta condena". "Sobre todo atendiendo no sólo a la edad que tiene él, sino a la edad que tengo yo también", expresó, a sus 75 años. "Es la demostración fehaciente de que aún durante los gobiernos democráticos, las fuerzas de seguridad continúan con los métodos viejos métodos aprendidos de la dictadura", concluyó la sobreviviente.
