Nueve asambleas se desarrollaron ayer simultáneamente en la ciudad de Tartagal, en el norte provincial, y en la ciudad de Salta. Las comunidades de los nueve pueblos originarios reconocidos oficialmente por la provincia (hay otros cuatro que pugnan por ser reconocidos) designaron así a sus representantes en el Consejo Directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), una entidad autárquica y descentralizada, que se vincula directamente al Poder Ejecutivo para su funcionamiento, según la define la ley 7.121, por la que se lo creó en el año 2000. 

La provincia destacó que con estas asambleas se "permite la continuidad institucional democrática del organismo que representa a comunidades originarias".

El proceso eleccionario, que no es directo, comenzó en marzo último, cuando se eligieron a los más de 450 congresales que participaron ayer de la elección de los consejeros y consejeras del IPPIS. 

En las asambleas de ayer se designaron ocho de nueve vocales que integran el IPPIS. Por el Pueblo Chané fue elegida Beatriz Rivero; por el Pueblo Toba, Eduardo Yaque; Franco Bravo fue elegido en representación del Pueblo Chulupí; Juan José Vega, por el Pueblo Tapiete; Enrique Arello, por el Pueblo Guaraní; Faustino Peloc, por el Pueblo Kolla; Cándido Condori, por el Pueblo Calchaquí, y José Rodríguez, por el Pueblo Wichí. 

El Pueblo Chorote no pudo definir todavía su representante debido a que hubo un empate técnico en la asamblea, que se desarrolló en la Escuela "Armada Argentina", y agotado el día se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 21 de abril en la ciudad de Tartagal, para que los y las congresales definan el consejero o consejera.

El gobierno provincial destacó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Nº 7.121, que establece que la presidencia del Consejo será rotativa entre los distintos pueblos lo integran, "le corresponde al representante del pueblo Diaguita Calchaquí encabezar la institución en el presente período", por lo que el nuevo presidente será Cándido Condori. 

Por otro lado, el gobierno destacó que las asambleas se realizaron con acompañamiento estatal. En ese sentido, indicó que la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, recorrió los establecimientos donde se realizaban y acompañó el tramo final de la asamblea wichí.

El comicio fue coordinado por el Tribunal Electoral y de Garantías -organismo encargado de acompañar y generar mecanismos para hacer efectiva la elección-, bajo la dirección del secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Indígenas a cargo de Luis Gómez Almaras.

El órgano de contralor estuvo conformado por representantes de distintas áreas gubernamentales de los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud Pública y Educación, Ciencia y Tecnología.

La provincia también recordó que el IPPIS "será el espacio en el que las autoridades continuarán el trabajo en el diseño de las políticas públicas Indígenas para la gestión en coordinación con las distintas áreas de la Provincia, acorde a las instrucciones del Gobernador, Gustavo Sáenz, cuando dispuso la normalización del Instituto en el año 2021".

El artículo primero de la ley 7.121, que crea el IPPIS, establece entre sus objetivos: "Promover el desarrollo pleno del indígena y de sus comunidades, fomentando su integración en la vida provincial y nacional, a partir de sus potencialidades y formas organizativas básicas, respetando sus valores culturales propios". También se propone "Desterrar la postración y el marginamiento de sus comunidades, anulando toda forma de explotación, uso de la fuerza y coerción como forma de integración compulsiva, en aras de obtener la plena vigencia de la justicia social con el desempeño protagónico de sus integrantes". Y prevé: "Adecuar las políticas en educación, salud, vivienda y seguridad social y económica, destinadas a este sector de la población, tomando en cuenta los objetivos de esta ley", así como "Promover el desarrollo económico-social y cultural, superando la miseria mediante su incorporación en el mercado productivo y de consumo, tomando en consideración sus propiosanhelos y necesidades".

El artículo cuarto detalla a su vez entre los objetivos del IPPIS: "Programar, reglamentar, organizar, gestionar y controlar todos los actos que como consecuencia de esta ley se originen y las que tiendan a la consecución desus objetivos". También, "Representar a las comunidades indígenas y/o a sus integrantes ante entidades privadas o públicas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales,en todo acto que se realice en (su) beneficio". Y "Coordinar con las distintas áreas del Gobierno o privadas en la aplicación y cumplimiento de la presente ley". 

Sin embargo, en sus más de 20 años de funcionamiento el IPPIS tiene todavía un andar tortuoso, con varios periodos de intervenciones y quejas constantes de integrantes de los pueblos originarios. Uno de los aspectos criticados tiene que ver con su gestión para la regularización de las tierras, o el territorio, de ocupación ancestral. La ley establece que el IPPIS debe hacer un relevamiento de "los asentamientos indígenas actuales" y también realizar "todos los trámites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras públicas y/o privadas, que se expropien para tal fin". Pero las poblaciones indígenas siguen en muchos casos sin obtener la titularidad de las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales, e incluso hay comunidades que han perdido su territorio. 

Por otro lado, la provincia sigue sin reconocer la existencia de otros cinco pueblos indígenas que pugnan por participar de este organismo que debería pensar y aplicar las políticas públicas para los y las habitantes originarias. Los pueblos Atacama, Lules, Weenhayek, Tastil y Iogys vienen insistiendo desde hace años para ser reconocidos oficialmente, pero hasta ahora la Legislatura salteña no aprueba una reforma a la ley 7.121 para actualizar el número de vocales a 14.