La causa por las empresas offshore de Mauricio Macri terminó en modo off. Fuera de la Justicia federal. La Sala II de la Cámara Federal porteña descartó la investigación por presunto delito de lavado. Ahora queda pendiente la pesquisa para saber si el Presidente cometió evasión o enriquecimiento ilícito y si omitió datos en su declaración jurada. Una se tramita en el fuero penal económico y la otra en el correccional.
Con el off la Sala II de la Cámara Federal porteña le dio una doble satisfacción al Presidente. Por un lado confirmó que no debe ser investigado por lavado de activos. Por otro lado lo resolvió justo en medio de la campaña para las PASO del 13 de agosto. Así tanto Mauricio Macri como su familia esquivaron las explicaciones que según el fiscal Federico Delgado deberían dar por su participación en las sociedades Fleg y Kagemusha, dos firmas offshore.
La causa sobre la que decidieron los camaristas se llama “Macri Mauricio s/incompetencia”. La primera incompetencia fue la del juez federal Sebastián Casanello. En abril citó a la Unidad de Información Financiera, la UIF, que ahora depende del ministro de Economía Nicolás Dujovne. “No vemos en autos, ni teniendo en cuenta la información que obra en esta unidad, actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación”, dijo la UIF al juez, en tono de jueza.
La primera parte del artículo 303 del Código Penal, hipótesis de trabajo del fiscal Federico Delgado, establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
Delgado apeló la incompetencia de Casanello. Pero después el fiscal de cámara Germán Moldes se opuso a Delgado y dejó el camino abierto para el fallo off de los camaristas federales Martín Irurzun y Eduardo Farah. Moldes es el mismo funcionario judicial que según la experta Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, dio orden al fiscal Raúl Plée de no impulsar una acción contra imputados de la causa AMIA.
Kagemusha fue inscripta en el paraíso fiscal de Panamá y está en la lista de Panamá Papers, el escándalo financiero global que hizo renunciar, entre otros, al primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunglausson, y al de Pakistán, Nawaz Sharif. Fleg fue inscripta en el paraíso fiscal de Bahamas.
En las dos sociedades figuran Franco Macri y Mauricio Macri.
En el segundo caso, el de Fleg, quedó establecido que la sociedad fue utilizada para crear empresas y hacer negocios en Brasil. Los datos fueron recogidos durante el último año por el diputado neuquino del Frente para la Victoria Darío Martínez, por el fiscal Delgado y por pesquisas periodísticas. Pero más allá del fiscal el sistema judicial no actuó a fondo: fue tan poco curioso como la Cancillería argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Justicia brasileña.
“Desde el primer día dije que no había ningún delito en lo que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no había sido accionista, que no había recibido ningún ingreso de esas sociedades, con lo cual no tenía que haberlas declarado, por lo que no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero”, dijo Macri. “Me alegro de que se haya terminado”, festejó.
En realidad lo que podría haberse terminado con el fallo de Irurzun y Farah es la chance de hacer un estudio global de las sociedades, en particular de Fleg. En sus presentaciones para colaborar con la Justicia el diputado Martínez insistió en un punto: la necesidad de investigar las empresas como parte de un conglomerado, el Grupo Macri. Aportó documentación, mucha originada en Brasil, pero la pesquisa chocó con las dilaciones o las respuestas vagas.
“La causa por lavado de dinero se está convirtiendo en una megacausa de investigación de toda la familia Macri”, dijo Martínez en diciembre de 2016, mientras aportaba datos sobre 50 empresas del grupo o relacionadas con él. “Creo que es lo correcto porque desde el inicio está claro que Mauricio Macri forma parte de un mismo grupo económico familiar, y cuando eso sucede es imposible dividir las responsabilidades de los socios porque todos actúan en beneficio del grupo”. Opinaba el diputado sobre la trama societaria: “Tienen responsabilidad aunque no aparezca su firma”.
Delgado, a su vez, se propuso quitar lo que definió como “velo societario”, o sea lo que impedía ver la trama de las distintas sociedades, las offshore y las radicadas en la Argentina y Brasil.
También pidió la colaboración del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para que examinaran la documentación afectada al proceso y señalaran si el grupo Macri asentó la salida de 9.300.000 dólares con el objetivo de constituir Fleg y si de alguna manera se registró la relación entre Fleg, Owners do Brasil y Socma Americana en la AFIP. Owners fue una empresa constituida a partir de la offshore madre. Socma significa “Sociedades Macri”. Socma Americana es la controlante de Sideco, la empresa constructora que presidió Mauricio Macri dentro del grupo.
La Sala II reprendió a Delgado y Casanello porque, en su opinión, estaban diversificando en exceso el objeto de investigación. Pero no se preocupó de tomar medidas para obtener más pruebas. Fue una profecía autocumplida. Terminó dando por cerrado un caso que nunca impulsó.
