En su octava sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó la adhesión a la ley nacional N° 27.636, de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins". De esta manera, los organismos municipales deberán contratar a personas del comunidad travesti trans. La aprobación se dio después de varios intentos impulsados por las organizaciones del colectivo. 

La autora del proyecto, Carolina Am (PS), celebró que el Concejo tratara la adhesión a la legislación nacional. Es que en otras presentaciones, la iniciativa directamente no ingresó para su debate, o se modificó sustancialmente sin respeto por el cupo. "Esto habla del Concejo y cómo vamos avanzando como sociedad", expresó la edila, mientras referentas del colectivo LGBTIQ+ se encontraban en las instalaciones del Cuerpo Deliberativo. 

Para la concejala, adherir a ley 27636 significa dar lugar a la aplicación de una legislación integral, puesto que recordó que no sólo se habla del 1% de contratación de personal en los ámbitos nacionales (o municipales en este caso), sino que también "trata de la terminalidad educativa, de la instancia de capacitación, de la no discriminación, sino de la inclusión y la concientización". Además de la prioridad en las contrataciones provenientes del Estado a empresas privadas que incluyan en su personal a trabajadoras trans, travestis y transexuales. 

"Estamos hablando de mucho más que de un cupo laboral que ya tiene dos años de existencia" y al que "nuestro municipio no adhería", sostuvo. La sanción de la ley fue en junio de 2021, pero previamente el presidente Alberto Fernández había emitido el decreto 721/20, que establecía el Cupo Laboral Travesti Trans. 

Precisamente, el proyecto de Am también recuerda que las áreas de Géneros y de Acción Social de los gobiernos municipales y provinciales tienen el propósito de "avanzar en políticas integrales" de empleabilidad porque "la comunidad LGBTIQ sigue sin ser un sector tenido en cuenta para el diseño de políticas públicas". Sin embargo, los municipios salteños que han aprobado ordenanzas sobre cupo laboral travesti (11 sobre 60), aún no lo aplicaron. Casi en la totalidad de esas localidades, la principal razón es que los jefes o jefas comunales no lo reglamentaron.

Am afirmó que como representantes del pueblo tienen la "ineludible responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de sus identidades de género u orientación sexual". En ese sentido, sostuvo que cuando se habla de la comunidad trans en la provincia, se habla de una "minoría vulnerable y vulnerada que enfrenta a diario una serie de barreras y obstáculos que impiden la plena integración al mercado laboral".

En ese marco, la concejala retomó los resultados de una encuesta que realizaron a fines de 2020 la organización Mujeres Trans Argentina de Salta y la Cátedra Abierta Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta. Allí se constató que el 94% de las personas trans de Salta sufre una situación laboral precaria. De las 100 personas encuestadas, 39 dijeron estar desocupadas, mientras que 26 indicaron que tienen un emprendimiento personal pero sin un sueldo fijo. En tanto, 29 personas informaron que ejercen la prostitución y sólo 6 tienen un trabajo estable.

La edila también destacó que la expectativa de vida de las personas trans travesti va de los 35 a 40 años. "Si estos números no tocan tu corazón, no habrá palabras que lo hagan", expresó. Por lo que aseguró que la adhesión a la ley 27636 es una medida "justa y necesaria", que permite una muestra de empatía y un compromiso con la diversidad y la inclusión en la capital salteña. 

Por su parte, la concejala Malvina Gareca recordó los diversos intentos para lograr una legislación en favor de la comunidad travesti trans en la ciudad. Para Gareca, en ese momento "no había voluntad política para avanzar" por lo que la jornada de ayer fue un "día de mucha alegría". "Estos es un granito más de arena" porque "sabemos que lo que necesitamos son hechos concretos en políticas públicas concretas y donde realmente veamos a todo el colectivo trabajando, con acceso a la salud y con una vida digna", manifestó. 

En tanto, José García, dijo que el Concejo Deliberante de Salta se demoró en aprobar esta iniciativa. "Muchas veces pensamos que las leyes se van a aplicar de manera rápida, pero sabemos que no es así. En la espera también se excluye", sostuvo.

Sin ninguna hipocresía

Quien también habló fue el concejal del PRO, José Gauffín, que aseguró que la ley nacional es la garantía de un derecho humano para un "grupo sumamente vulnerable y que no por ser minoría, podemos desatender". No obstante, aseguró que el Gobierno nacional tiene una "enorme hipocresía", puesto que afirmó que la ley no se aplicaba en las delegaciones nacionales que están presentes en la provincia. 

"Estoy seguro de que si se aplicara en la Nación, no tendrían ningún problema laboral quienes están arriba (por las referentes de organizaciones) esperando una vez más una señal", expresó. Para Gauffín, la ley "no resolvió la vida" de las personas travestis trans.

En esa línea, también manifestó un cuestionamiento a la idea del cupo, ya que dijo que "hay una inmensa mayoría silenciada que hoy también tiene las mismas vulnerabilidades. Cuando uno recorre los barrios ve las enormes dificultades para poder estudiar y desarrollarse de las enormes mayorías que no tienen cupo y tienen la misma desigualdad para poder acceder a un trabajo".  

Mientras Gauffín hacía estas afirmaciones, les referentes de la diversidad presentes en el recinto mostraban su disconformidad con sus dichos. Particularmente, la referente de Mujeres Trans Argentina (MTA), Luz Suica, sostuvo que pedir la adhesión y aplicación del cupo laboral no es una hipocresía, dado que "hay encuestas de muchas organizaciones sociales -a nivel provincial y nacional- que han demostrado las situaciones de vulnerabilidad y violencia" que atraviesan las personas trans. "Es necesario partir de ello para poder avanzar en derechos", aseguró. 

A pesar de ello, y después de obtener la adhesión, Suica dijo a Salta/12 que es un logro sumamente grande para el colectivo. Mientras que la referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) en Salta, Mary Robles, manifestó su emoción con lágrimas y expresó que es muy importante que se haya logrado un consenso entre los ediles para aprobar la adhesión. 

"Es el primer logro que tenemos en este Concejo Deliberante" en favor de la comunidad travesti trans, desde hace más de 15 años de lucha. "Es una lucha muy importante  porque es una esperanza que necesita al comunidad para poder estudiar, trabajar y tener una vida digna. Todo esto apunta a derechos, igualdad y ciudadanía plena", afirmó. 

Sin debate en la ciudad 

Tras la promulgación de la ordenanza N° 16.083, que establece la obligatoriedad del debate público entre candidatas y candidatos a intendentes de la ciudad de Salta, las y los concejales de la ciudad de Salta tenían que aprobar la conformación de una comisión reguladora para poner en marcha dicha instancia de intercambio. Sin embargo, antes del inicio de la sesión de ayer no se logró el acuerdo necesario y se desestimó el desarrollo de un debate de candidatos y candidatas en la capital salteña. 

La autora del proyecto, Emilia Orozco (Ahora Patria), lo informó en la etapa de manifestaciones. "No va a haber debate. Por más que que sea un infierno de acá a diciembre lo voy a decir: no hubo voluntad política, no hubo compromiso, porque los tiempos estaban dados”, sostuvo. “Nos dicen que somos el peor Concejo de la historia y hoy nos ganamos la medalla de oro. Hagan lo que quieran”, afirmó.

Tras culminar su manifestación, la concejala se levantó del recinto y no regresó para continuar con el tratamiento de los temas de la sesión. 

La conformación de la comisión reguladora se iba a hacer en cumplimiento de lo dispuesto por la ordenanza N° 16.083, aprobada el 22 de marzo por este mismo, y promulgada por la intendenta Bettina Romero, mediante el decreto 143/23 publicado en el Boletin Oficial el 20 de abril. 

La ordenanza disponía en su artículo tercero que el "debate deberá realizarse, por lo menos, con siete días de anticipación al acto eleccionario, en un lugar físico que no pertenezca a la Municipalidad de Salta y deberá encomendarse su organización a instituciones universitarias radicadas en la ciudad de Salta". El argumento principal de los y las ediles para no aceptar la realización del debate fue que no había tiempo de organizar toda la logística. 

No obstante, desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Salta, difundieron que esta casa de estudios estaba en condiciones de emprender la organización de ese debate. Relataron que recibieron la consulta de la concejala Orozco y dieron el visto bueno para la realización. "En el marco de las celebraciones por los 40 años de democracia que vive nuestro país y con los 50 años de existencia de la UNSa, la Universidad manifiesta su beneplácito por el establecimiento de mecanismos de debate democrático e intercambio de ideas", afirmaron.