Esta semana, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó una nota de opinión en un conocido periódico expresando una serie de prejuicios lamentables sobre las personas en situación de pobreza, sobre el accionar de las organizaciones de la economía social y solidaria y sobre el sistema de protección social en su conjunto.
En su tarea de deslegitimar la arquitectura de bienestar que se amplió durante las tres administraciones del Frente de Todos, el sr. Jefe de Gobierno declara que “los planes, como los conocemos, no van más”. Esta afirmación demuestra un profundo desconocimiento de las intervenciones sociales del Estado, que combinan un amplio conjunto de programas, algunos contributivos y otros no contributivos, de diferente alcance y temporalidad. Muchas de las intervenciones que son atacadas son respaldadas por Leyes que ampliaron la protección de las trabajadoras y los trabajadores a quienes están desocupados o lo hacen en la informalidad.
En su diatriba conservadora y prejuiciosa, en otro trecho reproduce supuestos diálogos con personas protegidas por las intervenciones sociales que le habrían manifestado que “lo que quieren es trabajar y no depender de nadie”. Me gustaría detenerme en este punto. Las personas que reciben protecciones sociales son trabajadoras y trabajadores sin trabajo formal, marginados del sistema; muchos crean su propio trabajo. El jefe de gobierno llama a “convertir los planes en trabajo”, ignorando, que se trata de trabajadores y rebajándolos a la categoría de receptores de “planes”, usando una expresión que es altamente peyorativa y discriminatoria. Además, confunde trabajo con empleo y pasa por alto debates actuales sobre el mismo sentido del trabajo.
Pero no solo es discriminatorio sino, sobre todo, ignorante. Como muestran las estadísticas, trabajan incluso más horas que los trabajadores formales y apenas una parte de los ingresos depende de las transferencias públicas; la mayor parte deriva de diferentes actividades remuneradas, mayormente en condiciones de informalidad. Por eso, más grave aún es lo que Rodríguez Larreta no dice: la causa de los problemas de empleo en la Argentina no está en las propias personas sin acceso al trabajo asalariado formal. No se trata de una cuestión de “capacitación” o de “incentivos para el trabajo”. El problema es la estructura productiva desequilibrada del país; desequilibrios agravados por las administraciones neoliberales a las que Larreta apoyó fervorosamente.
Es preocupante también la defensa de supuestas “obligaciones” que tendrían quienes reciben transferencias públicas y la afirmación de que asume el compromiso de que el Estado “ayude a salir adelante a los más necesitados”. La frase atrasa un siglo y reproduce lo peor del asistencialismo típico de las damas de caridad del siglo XIX. En esto debemos ser claros; las personas tenemos derechos: civiles sociales, políticos, económicos y culturales. Frente a los derechos, el Estado no “ayuda”, sino que tiene la obligación de reconocer esas garantías constitucionales. No existen los “beneficiarios”; existimos los titulares de derechos que las democracias reconocen. Derechos sobre los que se construye y reconoce la ciudadanía en sus diversas formas. No sorprende que el Jefe de Gobierno de CABA en representación del PRO ignore esta cuestión, ya que su partido, a pesar de ser el distrito con el mayor producto bruto geográfico del país, subejecuta gasto social y prioriza partidas en rubros suntuarios que nada tienen que ver con mejorar la vida de las personas, como por ejemplo el enorme gasto en publicidad, que representa diez veces más que el de la provincia de Buenos Aires.
Por último, me gustaría expresar mi preocupación por el entendimiento elitista de la política que expresa el Señor Jefe de Gobierno en su nota. Sin mencionarlas, reduce a las organizaciones de trabajadores desocupados y de la economía social y solidaria al papel de “intermediación de planes y manipulación de la pobreza”. Expresa así un profundo desconocimiento y prejuicio de clase. Le recomiendo que lea los informes de la Oficina del Presupuesto del Congreso, un organismo público de excelencia. La mayor parte de las transferencias monetarias derivan de leyes y no son, bajo ningún concepto, discrecionales.
Este año estamos celebrando cuarenta años ininterrumpidos de vida democrática en nuestro país. En estos cuarenta años hemos ampliados derechos y superado juntos desafíos complicados. Sabemos que tenemos un presente difícil; a pesar de la creación de empleo, tenemos el desafío de ampliar las protecciones y trabajar sobre la recomposición de salarios. Es necesario recuperar la dinámica virtuosa de crecimiento económico, creación de empleo y mejores continua de los salarios reales que se dio entre 2003 y 2015. En definitiva, la búsqueda permanente de Justicia Social. Nada más lejos que la distopía asistencialista neoconservadora que nos propone el PRO. No volvamos atrás.
* Presidenta de la
Cámara de Diputados de la Nación
