La llovizna constante no fue obstáculo y una vez más diversas organizaciones participaron de la Marcha Mundial de la Marihuana. Reunidas en Plaza de Mayo, partieron hacia el Congreso para hacerse escuchar y compartir sus reclamos. Una de las principales demandas se relacionó con la libertad de las personas encarceladas y, en este sentido, la derogación de la Ley de Drogas (23.737) sancionada en 1989 y que se sigue utilizando para castigar y estigmatizar a los sectores más vulnerables.
Grupos de todas las edades se acercaron con sus banderas, plantas, brownies y chocolates a un escenario donde el humo de las parrillas que ofrecían hamburguesas y choripanes se entremezclaba con el de los porros. El verde como color hegemónico fue el paisaje que contuvo a cientos de personas que se sentaron con sus heladeritas de cervezas y fernet, de mate y sanguchitos; que se fundieron en abrazos tan fraternos como interminables, que se pasearon por el césped todavía mojado por lluvias pasadas con sus ojos achinados y sonrisas de una extensión suficiente para colonizar todo el rostro.
La consigna fue “No puede haber industria del cannabis mientras siga habiendo gente presa por plantar”. Postura que expone la contradicción: por un lado, aunque las leyes vigentes estimulan la producción en serie de la planta para su aprovechamiento en el rubro medicinal, aún se castiga a los particulares. Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina y referente en la materia, insistió en la misma línea: “Nuestro principal reclamo es que todavía falta formar a las fuerzas de seguridad, con lo cual sigue habiendo hechos de violencia institucional, allanamientos arbitrarios”. Mientras, un joven concentraba las atenciones con un porro de metro y medio, hecho de cartulina y papeles de colores. Y el marketing que nunca falta, pues, hasta los movimientos contrahegemónicos tienen su mercado: remeras, gorras, pines y posters para todos los gustos.
“Lo único que promueve el prohibicionismo es el narcotráfico”, se leyó en uno de los carteles, pintado a mano con pulso dispar. En las movilizaciones, que se replicaron en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Neuquén, también se denunciaron otros problemas que suelen enfrentar los usuarios y usuarias. En el marco de un año electoral, los presentes solicitaron la capacitación de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y los poderes judiciales; la plena implementación de la Ley 27.350 de cannabis medicinal (sancionada en 2017 y reglamentada en 2020) que incorpore definitivamente el módulo de las ONGs en el Reprocann (Registro de Programa de Cannabis); así como la reglamentación de la Ley 27.669 de desarrollo productivo de la industria del cannabis que atienda las necesidades de las organizaciones de les cannabicultores.
Leyes que empujan derechos
“Desde la sanción de la Ley en 2017, durante un tiempo no hubo políticas públicas que generen un acceso real a las terapias con cannabis. A partir de que asumió Ginés González García, el asunto cambió. Nos recibió en marzo de 2020 y en noviembre de ese año salió el Reprocann. Una herramienta ejemplar en la región, que constituyó un gran avance”, expresó Salech.
Hace seis años se aprobó la norma que habilita los usos medicinales de la planta y, como refirió Salech, constituyó un paso adelante en el ejercicio de derechos antes negados. Juan Palomino, fundador de Estudio420 y la ONG don Marcelino y los cocos, comentó: “Gracias al Reprocann fue posible que cada quien cultivase hasta nueve plantas en floración, seis metros cuadrados o 15 si es en exterior; transportar hasta 40 gramos de flores secas o seis frascos de hasta 30 mililitros de concentrados. También se habilitó la posibilidad de ser cultivador solidario o bien ser paciente a quien le cultiva un cultivador solidario”.
Y agregó: “A esas posibilidades, de manera reciente, se incorporó la chance de que una ONG vinculada a la salud pueda inscribirse en el Reprocann. Además, si antes el permiso era por un año, ahora es por tres”. Sin embargo, restan mejoras: especialmente resolver las demoras que aún persisten en la inscripción a este Programa y el desconocimiento entre la población en relación a la posibilidad de acceso.
El otro gran eje de la marcha fue el pedido de reglamentación de la Ley que impulsa el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, sancionada exactamente hace un año. Esta norma crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, ente que podría ubicarse como un actor central, en la medida en que se ubica como la encargada de aprobar y administrar las licencias para la producción industrial del cultivo, un dinamizador de las economías regionales.
En esta línea, Palomino compartió sus incertidumbres: “Están las autoridades, se designaron los directores y se asignaron partidas presupuestarias dependientes del ministerio de Economía. Hay avances que son notorios, pero quedan algunas cosas por resolver: ¿cuántas licencias distribuirán para comercialización o producción? ¿Con qué criterios van a funcionar? ¿Para quiénes serán?”.
Si bien en el 2000, la producción global de cannabis medicinal era de 1,4 toneladas, en 2019 esa suma había llegado a 468 toneladas. Asimismo, las proyecciones para el 2024 indican que el valor de la producción global alcanzaría los 42.700 millones de dólares. En Argentina, quien tomó la delantera fue el gobierno de Jujuy, a partir de la creación de Cannava sociedad del Estado, encargada de producir derivados medicinales de cannabis a través de un proceso 100 por ciento jujeño.
Una perspectiva de derechos humanos
Cuando caía la tarde, en el documento consensuado y comunicado desde la organización de la marcha enfatizó la construcción de un enfoque sobre el cannabis que “parta de los derechos humanos”. Desde aquí, se planteó: “La guerra contra las drogas no solo ha fracasado en nuestro país y en el mundo, también profundizó otras problemáticas estructurales como el aumento de la violencia institucional, la proliferación del crimen organizado y su consecuente impacto en las poblaciones más empobrecidas, para quienes muchas veces, la venta al menudeo resulta su único medio para acceder a una fuente de ingreso. Esta situación debe revertirse y repararse legal y económicamente”.
En este marco de derechos humanos, también insistieron en la democratización del acceso a los beneficios de la planta. Bajo esta premisa, insistieron en la incorporación al vademécum de los productos fitopreparados y, sobre todo, hicieron hincapié en el caso de los aceites para personas adultas mayores. Se estima que esa población hoy representa el 60 por ciento de quienes usan algún derivado del cannabis, y se busca que puedan acceder de manera gratuita a través de PAMI.
También, los y las referentes de la organización colocaron el eje en la importancia de la educación y la investigación para continuar sumando evidencia científica que contribuya a desmontar mitos y sentidos comunes sobre el cannabis. En definitiva, una planta milenaria con múltiples propiedades terapéuticas envuelta, histórica e injustamente, en conflictos políticos y geopolíticos que impidieron el beneficio de las mayorías.
