El general Rodrigo Alejandro Soloaga solía decir que el Ejército era su vida; que no había palabra más noble que “soldado”. Sin embargo, la decisión de Néstor Kirchner  de bajar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone del Colegio Militar fue una situación de fuerza mayor para este nacido y criado en las filas castrenses: no dudó y pidió el retiro voluntario del Ejército. Como retirado, volvió durante la gestión de Mauricio Macri y, durante la era del Frente de Todos, terminó removido por denostar lo que lo había hecho abandonar el Ejército 19 años atrás, la política de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo. El general (re) Soloaga –cuyo nombre figura en, al menos, dos causas por delitos de lesa humanidad– se convirtió en bandera para la oposición en los últimos días.

Para marzo de 2004, Soloaga llevaba unos meses como general de brigada y estaba a cargo de la Jefatura de Personal (J-I) del Ejército. Tenía una buena relación con el jefe del Ejército, Roberto Bendini, pese a que una serie de episodios le habían hecho encender las alarmas: se habían suspendido en enero de 2004 los actos por el copamiento de Azul de 1974 y por el copamiento de La Tablada de 1989, que tanto esperaba la familia militar.

En enero de 2004, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le había entregado al entonces ministro de Defensa, José Pampuro, unas fotografías que habían llegado al organismo de manera anónima. Era imposible discernir si eran imágenes tomadas en los centros clandestinos de detención de la dictadura o si eran posteriores. Al tiempo, el gobierno confirmó que las fotos mostraban que las fuerzas armadas se siguieron entrenando en la tortura aun en democracia. Fue Soloaga –según reconstruyó el periodista Guido Braslavsky en su libro Enemigos íntimos– quien quedó al frente de la investigación de estos hechos. Pero el general también masticó bronca cuando Bendini entregó el listado de nombres de los oficiales involucrados en los campos de tormentos.

La gota que colmó el vaso fue el anuncio de que se bajarían los cuadros del Colegio Militar. En la víspera del 24 de marzo de 2004, discutió amargamente con Bendini. Después, redactó una nota en la que pedía su retiro voluntario. “Lo que se me demanda no responde a los superiores intereses que siempre defendí”, se quejaba el militar que nunca se había destacado por su carácter levantisco . “Se contrapone a principios de conducta y de vida que no estoy dispuesto a negociar, mucho menos con el objetivo de avalar conductas que tienden a desvalorizar la vida militar y, de alguna manera, obligar a la institución a abandonar una línea de conducta de plena grandeza y honorabilidad”.

Después de ese gesto de arrojo, Soloaga tuvo su reconocimiento. Videla consiguió su teléfono personal y lo llamó para agradecerle por la actitud, según publicó Braslavsky. Diecinueve años después, el general retirado volvió a ganar los corazones de quienes defienden la causa procesista al solidarizarse en un acto oficial con los detenidos por delitos de lesa humanidad y al resaltar el “estoicismo” con el que soportan la privación de la libertad quienes secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de los hijos de sus víctimas.

El discurso fue pronunciado el 25 de abril pasado en el predio de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino en el Campo de Polo de Palermo. Después de que este diario publicara el video con la proclama de Soloaga, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, anunció que había decidido remover al militar del cargo de titular de la Comisión del Arma de Caballería, que presidía desde que volvió en calidad de retirado a la fuerza durante el gobierno de Cambiemos. Para Taiana, los dichos de Soloaga fueron una apología del terrorismo de Estado.

La prehistoria

Soloaga ingresó al Ejército en 1968, cuando estaba por cumplir los 20 años. Era hijo de un oficial de Caballería, Ismael Soloaga, que también ofició como agregado militar en Uruguay.

Cuando Videla y compañía dieron el golpe de Estado, Soloaga prestaba funciones en el Regimiento de Granaderos a caballo de Palermo. Ese año, recuerdan camaradas, quedó un tiempo fuera de juego después de caerse del caballo mientras se entrenaba.

A principios de 1978, lo mandaron en comisión a Campana como jefe de escuadrón. El Área 400 funcionó como un ámbito de coordinación represiva entre el Ejército y la Armada especialmente sensible porque concentraba gran número de establecimientos fabriles. Como no había unidades de Ejército en la zona de Zárate o Campana, a excepción de la Fábrica Militar de Tolueno, el personal que operó en el Área 400 provino de distintos destinos. Tal fue el caso de Soloaga, que fue movilizado desde Villaguay. Esta información está desde hace tiempo en poder de la justicia federal de San Martín.

Para 1980, Soloaga pasó al escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10 de La Tablada. En la investigación sobre el Primer Cuerpo de Ejército, figura que, para 1982, Soloaga era el segundo jefe de esa unidad. Como tal fue movilizado a Malvinas, donde combatió y fue tomado prisionero por los ingleses. Al regresar al país, recibió una condecoración por el valor en combate.

En 1989, Soloaga seguía en La Tablada. Para el 23 de enero de ese año, cuando el Movimiento Todos por la Patria (MTP), intentó copar el cuartel, él estaba arrancando con sus vacaciones. Se enteró del ataque mientras hacía unas compras por Capital. Agarró el auto y se trasladó hasta el lugar. Fue uno de los oficiales a cargo de la “recuperación” del regimiento, "recuperación" que se hizo con los métodos de la dictadura: torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.

En abril de 1989, su padre, Ismael Soloaga, presidió el acto por el Día de la Caballería en Campo de Mayo. Desde ese estrado, reivindicó el accionar del Ejército en La Tablada, la “lucha contra la subversión” y la guerra de Malvinas. Soloaga padre había sido entre agosto de 1978 y enero de 1979 el interventor del Banco Hurlingham, designado por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa). El Banco Hurlingham era un nido de la “subversión económica” para la dictadura, que terminó secuestrando a 23 personas asociadas al Grupo Chavanne y a las Industrias Siderúrgicas Grassi SA. Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 absolvió por mayoría –con la disidencia del juez Adrián Grünberg– al extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Alfredo Etchebarne. El tema está siendo revisado por la Cámara Federal de Casación Penal, que este jueves celebró una audiencia.

La defensa

La oposición se abroqueló en defensa de Soloaga después de que Taiana ordenó la remoción del general retirado de la Comisión del Arma de Caballería. Soloaga incluso funcionó como una prenda de unidad al interior del PRO y más particularmente entre las tribus que se dedican a la seguridad. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Macri y actual precandidata presidencial, cerró filas en defensa del general y dijo que había que respetar la Constitución que consagra la libertad de palabra. El actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco –archienemigo de Bullrich- usó su cuenta de Twitter para denunciar que el gobierno armaba listas negras con quienes piensan distinto. De esa forma, Bullrich y Burzaco se plegaron a la campaña en la que también son parte otros integrantes de Juntos por el Cambio, como José Luis Espert, Miguel Pichetto y Ricardo López Murphy --quien conoció a Soloaga en su paso como ministro de Defensa de la Alianza y lo mandó como agregado militar a Chile--.

Dentro del ámbito castrense, ya se había pronunciado el Foro de Generales Retirados, creado en 1996 como reacción a lo que era la “autocrítica” de las fuerzas. Como lo describió la socióloga Paula Canelo, el Foro de Generales Retirados se nutrió de baluartes del terrorismo de Estado. Entre ellos, estaba el “último de facto” Bignone, como le gustaba llamarse.

Además, hubo protestas del Foro Argentino de Defensa, un ente presidido por Santiago Lucero Torres, que integra Unión Republicana, una de las ramas del PRO. Unión Republicana se referencia en Francisco Sánchez, el diputado neuquino que pidió la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner antes de que Fernando Sabag Montiel intentara efectivamente asesinarla. Unión Republicana está, además, vinculada a Jóvenes Republicanos, el grupúsculo que saltó a la fama con la colocación de bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, que llevaban –entre otros– el nombre de Estela de Carlotto.

Justicia y Concordia, la asociación que defiende a condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad, expresó su solidaridad con Soloaga por su proclama en favor de sus defendidos. “Sus palabras reflejan la cruda verdad e interpelan a todas las personas de bien, máxime a los camaradas de quienes son víctimas del odio y de la venganza, a terminar con el silencio y la indiferencia”. La organización no se privó de calificar a Taiana y a otros funcionarios del Ministerio de Defensa que registran militancia política en los años ‘70 como una “banda de delincuentes”.