Con el juicio por el cuádruple homicidio de la masacre de Monte en su recta final, cuyo fallo se espera para el próximo miércoles 17, mientras que la otra causa, la del encubrimiento, no tiene aún fecha definida para su elevación a juicio oral, se conocieron nuevos detalles a partir del testimonio de la perito bioquímica Jorgelina Garrote y el perito balístico Lucas Basanta.  

La perito declaró en la audiencia anterior que recibió la muestra de sangre correspondiente a Aníbal Suárez, el joven misionero de 22 años, dueño y chofer del Fiat 147 que terminó debajo de un camión, sin conservación. "Venía así rotulada, sin conservación", declaró Garrote ante el jurado. La muestra se tomó el 22 de mayo, en el marco de una autopsia realizada por la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, cuando ya había comenzado el proceso de descomposición de los  cuerpos. 

La siguiente autopsia, en la que participó Garrote, fue realizada por Gendarmería. En el medio, a pedido de la fiscalía, la policía fue separada de la investigación, que quedó finalmente en manos de dicha fuerza federal. Por mala praxis o descuido, el cuerpo acumuló etanol durante esos cuatro meses, proceso que además se incrementa por tratarse de una muerte por circunstancias traumáticas.

"Ante la falta de conservación por una refrigeración insuficiente o interrumpida, cuando el cuerpo inicia su proceso de descomposición se producen bacterias, microorganismos y hongos, que como resultado post mortem, generan etanol, también conocido como alcohol etílico”, relata la abogada Dora Bernardez, a partir del testimonio de Garrote. 

El dato es relevante para la causa. La defensa manifiesta que la persecusión se inició porque Suárez habría eludido un control, precisamente por estar conduciendo en estado de ebriedad y arriesgarse a que le retirasen la licencia y el vehículo, además de sancionarlo con una multa. Este enunciado se basaba en el alto dosaje alcohólico encontrado en la muestra de sangre de Suárez: 3,26. Pero el etanol producido post mortem impide determinar con certeza si Aníbal había bebido esa noche. 

Durante el alegato de apertura, la defensa de los imputados -el ex capitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y los oficiales Mariano Ibáñez, Leandro Ecilape y Manuel Monreal-, responsabilizó de los hechos a Aníbal Suárez, supuestamente por conducir en estado de ebriedad, conducir en zigzag y huir de la policía. En esa versión, la ebriedad sería el motivo de la huida y la posterior persecución, pero el testimonio de Garrote da por tierra con dicho relato.

No sólo la muestra de Suárez estaba en malas condiciones. La abogada también agregó que "otras muestras de sangre debieron ser directamente desechadas porque llegaron en estado de putrefacción. Habían sido selladas con una cámara de aire dentro y eso facilita la proliferación de bacterias". 

Buenos Aires/12 consultó al respecto a un reconocido perito forense, que pidió reserva de su identidad. "Para determinar exactamente qué ocurrió con esas muestras, habría que seguir su recorrido. Una posibilidad es que la refrigeración se haya roto en el transcurso del pasaje de la investigación de policía a Gendarmería", dijo. Y agregó que "3,26 es un dosaje imposible, inimaginable. Cuando una muestra da ese valor, es porque algo pasó en el medio". También sostiene que "la clave está en el laboratorio donde se tomaron, qué hicieron con esas muestras después de tomarlas. A veces las muestras se contaminan por negligencia, por distracción. Lo he visto más de una vez". 

La responsabilidad sobre lo ocurrido con esas muestras será de gran relevancia en la otra causa derivada de estos mismos hechos, que investiga el encubrimiento, tiene 19 imputados y todavía no cuenta con fecha definida para iniciar el juicio oral.

El otro testimonio de máxima relevancia de la jornada del lunes lo brindó el perito balístico Lucas Basanta. La defensa sostenía que el oficial Manuel Monreal había disparado al suelo, pero el testimonio de Basanta lo desmiente rotundamente. El proyectil que disparó Monreal, que perforó el glúteo de uno de los chicos y se incrustó en el hueso de la pelvis, no había rebotado previamente en el suelo, porque no presentaba los signos típicos de ese impacto.

Dora Bernardez, abogada querellante en representación de las familias Domínguez y Suárez, oriunda de Monte, es amiga de la madre de una de las víctimas y estaba con ella la noche de los hechos. Le contó a Buenos Aires/12 que "esa misma noche supimos que no se trataba de un accidente. Cuando me reuní con el ayudante de la fiscalía, él mismo me dijo esto es otra cosa". 

Como quedó claro a partir de testimonos anteriores, especialmente el de Emanuel Suárez, hermano del fallecido Aníbal, éste no era un desconocido para los imputados. Unas semanas antes, lo habían detenido por no tener los papeles del auto a su nombre -todavía no había juntado el dinero para la transferencia-, y le habían reclamado una coima de $35 mil. Aníbal les tuvo que entregar lo que había juntado, alrededor de 4 mil pesos, y volver a empezar de cero. No denunció lo sucedido por miedo y por desconocimiento de ante quién hacerlo.

El viernes también se exhibió la filmación de la declaración de la joven Rocío Quagliarello, hoy de 17 años, la única sobreviviente de la masacre, ante una cámara Gesell. "De la nada nos empezaron a perseguir", contó, y recordó el grito desgarrador de uno de sus amigos, que recibió un disparo en la rodilla, "me arde, me arde".

El juicio por jurados comenzó el pasado lunes 8 y se extenderá hasta el próximo miércoles 17. Los jurados, según la ley, son convocados por sorteo entre los habitantes de los pueblos vecinos y alrededores de La Plata. Son 18 en total, 12 titulares y los 6 restantes suplentes. El proceso está a cargo de la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata y el fiscal es Mariano Sibuet.

También actúan como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires fue incorporada como amicus curiae. El otro juicio, por encubrimiento agravado, no tiene aún fecha fijada.