El Frente de Todos (FDT) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que busca regular las más de 15 mil propiedades que quedaron desplazadas del mercado de alquileres permanentes en la Ciudad de Buenos Aires porque están disponibles para los alquileres temporarios.

La normativa que impulsa la oposición porteña prevé sanciones más severas y transparentes a los propietarios y a las plataformas que no cumplan con la legislación. Así lo explicó en diálogo con Mediodía 750, por AM750 el legislador Matías Barroetaveña a la par que advirtió que “para el Gobierno porteño, la ciudad es solo para los que la pueden pagar”.

“La vivienda es un derecho. No puede ser una mercancía más. El Estado tiene que mirar con atención este fenómeno. Entendemos que unan persona lo ponga en temporario porque gana cuatro veces más en dólares. Pero como estado tenemos que tener la prioridad de que las personas accedan a una vivienda”, apuntó.

Barroetaveña explicó que solo el 52 por ciento de las personas en la ciudad son propietarias; que el 70 por ciento de las viviendas de Puerto Madero están vacías; y que, por ejemplo, en el céntrico barrio de Palermo, 1 de cada 20 viviendas están destinadas al alquiler temporario.

Por eso, el legislador apuntó: “En la Ciudad se fomentó la construcción de viviendas para la especulación. En paralelo, el 90 por ciento de los alquileres en la ciudad no están registrados. No pagan impuestos nacionales ni en la Ciudad lo que tienen que pagar. Le han dado más incentivos a los propietarios”.

“Esos alquileres tienen que pagar y que con esos fondos de gente para que el Estado invierta en vivienda social. En Holanda, por ejemplo, el 28 por ciento de las viviendas son de alquiler social. La Ciudad tendría que generar bancos públicos y políticas de alquiler social con un precio debajo del mercado”, propuso.

Qué dice el proyecto de regulación de alquileres

Según el proyecto que busca regular el alquiler temporario en la Ciudad, el control de la legislación estaría en manos del Ministerio de Turismo a la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

A esto se suma la creación de un registro específico para las plataformas que ofrecen este tipo de servicios, transparentando las personas físicas y jurídicas que forman parte de esta actividad comercial, con la idea de darle "previsibilidad a quienes desean alquilar o poner en alquiler un inmueble en estos sitios virtuales".

El proyecto, aseguran, no tiene como objetivo demonizar las plataformas o el uso de las nuevas tecnologías, sino "establecer normativas vigentes donde no las hay".

Finalmente, se intenta aumentar el costo de las multas para promover la inscripción en el Registro de Alquileres Temporarios Turísticos y se incorpora un artículo en el cual se le otorga un mes a partir de la promulgación de la normativa para que puedan regularizar la cuestión.

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