En una nueva gesto de presión hacia Caracas, el gobierno de Donald Trump anunció otra lista de sanciones para ocho funcionarios venezolanos –todos relacionados a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)– entre los que se encuentra Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó a los funcionarios en la lista de sancionados, lo que significa que todos los activos que puedan tener en el país del norte quedan automáticamente congelados y que todo estadounidense tiene prohibido desde ayer negociar con ellos. Las nuevas sanciones llegan nueve días después de que la administración de Trump incluyera al propio presidente venezolano en la principal lista de sancionados por el Tesoro, junto a los presidentes Bashar Al Assad, de Siria; Kim Jong-un, de Corea del Norte; y Robert Mugabe de Zimbabwe. 

Estados Unidos cumple así con su amenaza de implementar más medidas contra dirigentes vinculados al chavismo luego de que el gobierno de Nicolás Maduro instaurara la ANC, una iniciativa que, a todas luces, Washington no ve con buenos ojos. El secretario del Tesoro norteamericano, Steven T. Mnuchin, dijo ayer que el presidente Maduro “invistió a su ilegítima Asamblea Constituyente para seguir afianzando su dictadura” y consideró que continúa endureciendo su control sobre el país. “Este menosprecio del régimen al deseo del pueblo venezolano es inaceptable y Estados Unidos estará con ellos en la oposición a la tiranía hasta que Venezuela vuelva a ser una democracia pacífica y próspera”, sentenció el funcionario de la Casa Blanca. 

Entre los dirigentes sancionados ayer por Estados Unidos se encuentran seis personas que desempeñaron un papel significativo en la organización de la ANC a través de la Comisión Presidencial y del Comando Constituyente Zamora 200, y quienes, además, fueron elegidos para formar parte del órgano. Uno de ellos es Adán Chávez, hermano mayor del ex presidente fallecido y ministro de Cultura hasta su elección para la Constituyente. 

Con él también aparecen en la lista negra confeccionada por Washington Francisco José Ameliach Orta, nombrado miembro de la Comisión Presidencial para la ANC y constituyente de la ANC para el municipio de Valencia, en el estado de Carabobo. Antes había sido gobernador del estado de Carabobo; Erika del Valle Farias Pena, quien encabezó la estructura y la mecánica electoral del Comando Constituyente Zamora 200, es la constituyente de la ANC para el municipio de Ezequiel Zamora, en el estado de Cojedes. Fue ministra de Agricultura Urbana.

En la nómina aparece Carmen Teresa Meléndez Rivas, responsable de coordinar el comando del Gobierno de Calle Constituyente para el Comando Constituyente Zamora 200. Es la constituyente de la ANC para el municipio de Iribarren, en el estado de Lara. Fue vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. 

Otros sancionados fueron Ramón Darío Vivas Velasco, a cargo del equipo de movilización permanente del Comando Constituyente Zamora 200, es constituyente de la ANC para el municipio de Vargas, en el estado de Vargas. Fue diputado por el estado de Vargas en la Asamblea Nacional; y Hermann Eduardo Escarra Malave, nombrado miembro de la Comisión Presidencial para la ANC. Es el constituyente de la ANC para el municipio de Zamora, en el estado de Miranda. Junto a esos seis, el Departamento del Tesoro sancionó a Tania D’Amelio Cardiet, rectora del Consejo Nacional Electoral; y al coronel Bladimir Lugo Armas, el jefe militar del comando instalado en el Palacio Legislativo, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas. 

Estados Unidos considera que la elección e instauración de la Asamblea Constituyente supuso la confirmación definitiva de la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. La semana pasada, al anunciar las sanciones contra Maduro, tanto Mnuchin como el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, calificaron de dictador al presidente venezolano. La administración de Trump situó a todos los elegidos para formar parte de la Constituyente como posibles objetivos de sanciones en el futuro. Las de ayer son los primeros castigos aplicados contra cargos electos desde aquella advertencia. 

La gran pregunta ahora es si Estados Unidos dará el paso de imponer otro tipo de sanciones a Venezuela. Desde hace semanas se especula con un posible embargo petrolero o con otro tipo de medidas relacionadas con el petróleo. “Todas las opciones están hoy sobre la mesa”, señaló Mnuchin la semana pasada. “Nuestro objetivo es no hacer algo que dañe al pueblo de Venezuela”, aseguró. “Seguiremos monitoreando todas nuestras opciones”, agregó el funcionario.

Para el Gobierno de Maduro, que enfrenta una prolongada recesión económica y una inflación que se prevé supere el 700 por ciento este año, las sanciones al petróleo supondrían un dolor de cabeza, ya que tendría enormes dificultades para compensar esta pérdida de ingresos. El principal problema para Caracas, que produce 2 millones de barriles de petróleo diarios (bpd), es que el casi el 40 por ciento que va a Estados Unidos es de lo poco rentable y que genera las necesarias divisas internacionales para financiar la revolución bolivariana.

Francisco Monaldi, profesor de Políticas de Energía de la Universidad Rice de Texas, sostuvo en una conferencia telefónica organizada por el centro de estudios Atlantic Council que las sanciones petroleras deberían ser la herramienta de último recurso, ya que son las que supondrían un impacto más severo. A juicio del experto venezolano, la mayor preocupación es que Venezuela se convierta en un peón cuyos movimientos en el tablero geopolítico se vean forzados por las tensiones entre Estados Unidos y los socios europeos, por un lado; y China y Rusia, por otro. Tanto Rusia como China, que respaldan a Maduro, reciben entre 500.000 y 650.000 barriles diarios a cargo de préstamos concedidos por Moscú y Beijing para aliviar la difícil situación de la economía venezolana.