La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de separar a Alejandro Slokar, por pedido de Mauricio Macri, de la causa sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en 2017, generó una ola de repudios. El ministro de Justicia, Martín Soria, resaltó que el Poder Judicial tiene la "camiseta amarilla puesta" mientras que el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), alertó que Comodoro Py busca legalizar el espionaje a futuro.
Desde hace diez meses, la Sala II de la Cámara Federal de Casación tiene una de las causas más delicadas de los últimos tiempos: la vigilancia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) efectuó sobre los parientes que buscaban saber qué había pasado con el submarino. En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava –subrogante en Dolores– procesó a Macri por estos hechos. A los pocos días le sacaron todas las causas de espionaje que tenía y las mandaron a Comodoro Py. En julio del año pasado, la Cámara Federal porteña confirmó que la AFI siguió a los familiares sin orden judicial pero dijo que estaba justificado porque estaba en riesgo la seguridad interior y la del entonces presidente y, por eso, dictó el sobreseimiento de todos los imputados –incluido Macri–. Las querellas y la fiscalía llevaron el tema a la Casación.
La última novedad es que, por pedido de Macri y del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, corrieron a Slokar --a quien los imputados le apuntaron por haber sido del núcleo fundador de Justicia Legítima y por haber sido crítico del accionar de los servicios de inteligencia--. El argumento que dieron los jueces de la Casación Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Daniel Petrone es que Slokar no puede intervenir porque estaba apartado de la causa del D’Alessiogate, que fue declarada conexa a la del ARA San Juan.
Lo curioso es que solo advirtieron esa situación en el caso de Slokar y no lo hicieron ni con Petrone –que no puede intervenir en la causa que orbita alrededor de Marcelo D’Alessio por su amistad con el exministro de Justicia Germán Garavano– ni con Carlos Mahiques –excusado tras haber sido recusado por el exfiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, miembro de la banda del falso abogado–.
“Los motivos de la recusación esgrimidos por las defensas confirman que las causas de espionaje tienen patrones en común: todas fueron iniciadas por el mismo delito, todas fueron llevadas a Comodoro Py y todas terminadas con la clara intención de proteger al macrismo”, sostiene Valeria Carreras, abogada que representa a parte de las familias de los submarinistas, en diálogo con este diario.
Yacobucci ya pidió sortear un nuevo juez para integrar la Sala II y, de esa forma, convocar a la audiencia para revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y los exfuncionarios de la AFI. La definición podría conocerse el viernes o la semana próxima.
Un patrón
Desde su cuenta de Twitter, Soria marcó que era “extraño” el criterio de imparcialidad que maneja la Casación: a Slokar lo sacan sin más mientras que cada recusación que presenta Cristina Fernández de Kirchner es rechazada en tiempo récord –como quedó evidenciado con el planteo de la vicepresidenta para que Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces que frecuentaban a Macri, no revisen su condena en la causa Vialidad–.
“En todas las causas del espionaje ilegal que implementó el macrismo entre 2016 y 2019 se aprecia que el Partido Judicial tiene la camiseta amarilla puesta. En las siete causas en las que se comprobó el espionaje ilegal, en todas utilizaron teorías desopilantes para desvincular a Macri y a sus secuaces”, le dice Soria a Página/12.
“En la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan la cantidad de pruebas era tan abrumadora que los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens terminaron confirmando el espionaje que Macri hizo a las esposas e hijos de los submarinistas. Pero, para garantizar la impunidad a Macri, argumentaron que las familias de los 44 tripulantes eran una amenaza para la seguridad nacional. Un disparate”, sostiene el ministro.
Algo similar, dice Soria, ocurrió con la causa de los Súper Mario Bros –un equipo de agentes de la AFI cuyo núcleo originario estaba compuesto por agentes de la Policía de la Ciudad–. En ese expediente había quedado acreditado que ese grupo estaba dedicado al espionaje político: sus blancos incluían desde CFK hasta el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pasando por la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri. “Cuando todas las acciones de espionaje ilegal salieron a la luz, la Cámara Federal inventó una teoría de que eran cuentapropistas, es decir, un grupito de locos sueltos que se pusieron a espiar a políticos por motu propio”.
Un mensaje a futuro
Moreau coincide en el diagnóstico sobre el accionar del Poder Judicial. “La decisión de apartar a Slokar confirma que el núcleo dominante de Comodoro Py y de la Corte está absolutamente decidido a limpiar todos los chanchullos de Macri”, le dice el diputado a este medio.
Sin embargo, para el presidente de la CBI, el fallo del ARA San Juan puede tener un impacto más allá del caso. “Hay una cuestión que el Poder Judicial quiere consolidar como jurisprudencia. La Cámara Federal, en este caso, restableció la Doctrina de la Seguridad Nacional, que es la que la dictadura usó para justificar la represión diciendo que todo afectaba la seguridad interior”, remarca Moreau.
“Es ridículo sostener que mujeres –viudas, hijas o hermanas– que hacían usa misa estaban afectando la seguridad interior del país. Con el fallo de la Cámara Federal se juega algo más fuerte que sacarle de encima una causa a Macri, lo que se busca es legalizar el espionaje a futuro”.
