La represión que ordenó el gobernador Gerardo Morales hizo que Jujuy terminara convirtiéndose en un foco de preocupación para los organismos internacionales. Primero fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que reclamó que cesara la represión y se protegiera a los manifestantes; ahora, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) reclamó que se reduzcan las tensiones y se eviten retrocesos en materia de garantías. En paralelo, el juez provincial Jorge Rodolfo Zurueta pidió a la policía jujeña que proteja la vida de las personas y recomendó que la Iglesia convoque al diálogo.
Las manifestaciones estallaron en Jujuy después de que el viernes se aprobara la Constitución que promovió Morales y que, entre otras cosas, expone a las comunidades originarias a un rápido desalojo de sus tierra y restringe el derecho a la protesta. La policía respondió con fiereza: no solo detuvo a diestra y siniestra sino que hizo un uso desmedido de las armas –incluso las no letales–. Ante este panorama, los organismos de derechos humanos alertaron a los mecanismos de protección regionales e internacionales.
Jan Jarab, representante de ACNUDH para América del Sur, le envió una nota a Morales, expresando su preocupación ante la escalada represiva y pidiéndole una reunión para hacerle notar el impacto que la Constitución que él impulsó puede tener en los derechos humanos. La comunicación de Jarab se conoció horas después de que varios referentes de Juntos por el Cambio –incluida la precandidata presidencial Patricia Bullrich– denostaran el pronunciamiento de la CIDH. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó para postear la carta y le pidió a Morales que “deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy”.
Los pronunciamientos de la CIDH, el ACNUDH, Human Rights Watch y de Amnistía Internacional fueron resaltados por el presidente Alberto Fernández en el mensaje en el que instó a Morales a cesar la represión. Además, el Presidente dijo que instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, a plantear la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución de Jujuy que resulten lesivos con los derechos humanos. La pelea se nacionalizará y el gobierno tendrá que llevar la cuestión a la Corte Suprema en un escenario de máxima tensión con los supremos –a quienes busca remover en un proceso de juicio político–.
El gran bonete judicial
En cuanto comenzó la represión, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentó un habeas corpus ante la justicia federal para evitar que la Gendarmería desalojara las rutas nacionales. Tanto el juez federal de Jujuy como la Cámara Federal de Salta rechazaron el planteo –al que adhirió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-- y sostuvieron que se trataba de medidas ordenadas por las autoridades provinciales. Ayer, el juez Diego Matteucci dio luz verde para que la Gendarmería en conjunto con la policía jujeña habilite la libre circulación de las rutas nacionales 9 y 34. Como la justicia dice una cosa y después hace otra, las dos organizaciones llevaron el tema a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá escuchar a sus representantes en los próximos días y pronunciarse.
El mismo sábado 17, ANDHES presentó ante la justicia provincial un habeas corpus preventivo y colectivo para evitar las detenciones de los manifestantes y alertar sobre los estándares internacionales de uso de armas. El CELS adhirió. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, viajó a la provincia para asistir a las víctimas de la violencia policial e hizo una nueva presentación.
El trámite del hábeas corpus debe ser rápido, pero recién en la mañana de este miércoles, la justicia provincial convocó a una audiencia para escuchar a los abogados. El juez Zurueta declaró abstracto el planteo pero hizo una serie de “sugerencias” o “recomendaciones”, una rareza porque los jueces ordenan, no sugieren. Al jefe de policía provincial le sugirió que “evite los enfrentamientos” y que proteja la vida de las personas.
En paralelo, el magistrado recomendó al obispo de Jujuy Daniel Fernández convocar a todos los actores para poder llegar a un acuerdo. La iniciativa del juez –que está sometido a un proceso de juicio político– sorprendió a propios y extraños. El obispo venía manifestándose a través de comunicados públicos sobre la situación en Jujuy. Emitió una primera declaración el sábado –cuando comenzó la represión– y el martes hizo circular otra nota en la que describía lo que sucedió como “una jornada triste y para olvidar”. En el Episcopado asumían que el obispo iba a continuar pronunciándose en el mismo tono y no se vislumbraba una convocatoria como la que había sugerido el juez. En la Iglesia, recalcaban que se trataba de una “recomendación”.
Ante las indefiniciones judiciales, el CELS y ANDHES hicieron una presentación ante el procurador interino Eduardo Casal y los jueces federales jujeños --Matteucci y Esteban Hansen-- para que no se suban a la cruzada de Morales en la persecución de los manifestantes. Aunque el gobierno nacional ya dijo que no va a prestar sus fuerzas para reprimir, el gobernador jujeño ya había mandado oficios al Ministerio Público y al Poder Judicial federal para que ordenen sacar a los manifestantes de las rutas nacionales.
