El 26 de agosto de 2014, el Banco Central le quitó al Bank of New York Mellon (BoNY) la autorización necesaria para tener representantes legales en el país. El permiso perdido los habilitaba a asesorar y realizar gestiones para clientes radicados en Argentina. La decisión de la entidad que conducía Juan Carlos Fábrega pretendía presionar al banco contratado como agente de pago de la deuda externa para que transfiriera a los bonistas los 539 millones de dólares depositados por el Tesoro argentino en sus cuentas. A fines de junio el pago que debía canalizar el BoNY había sido bloqueado por el juez estadounidense Thomas Griesa a pedido de los fondos buitre. El desplazamiento de sus representantes legales en el país fue el paso previo para reemplazarlo como fiduciario por Nación Fideicomisos. El acuerdo con buitres concretado por el gobierno de Mauricio Macri en abril del año pasado y la puesta en marcha de un nuevo ciclo de endeudamiento revitalizaron el rol del BoNY. La entidad que ya había vuelto a desempeñarse como agente de pago de la deuda fue autorizada por el directorio del BCRA que encabeza Federico Sturzenegger a ofrecer sus productos en la plaza local. 

El banco presentó su propuesta a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias el mes pasado, los responsables del área de supervisión dieron su visto bueno y en la última reunión de Directorio se terminó de dar forma a la autorización. Desde la entidad indicaron que el nuevo representante legal titular del BoNY en Argentina será Alan Arntsen, uno de los socios principales del Estudio Pérez Alati, Arntsen, Grondona, Benítez y Martínez de Hoz (h). La suplente será la letrada del mismo estudio Jimena Vega Olmos.

Las entidades extranjeras pueden solicitar al Banco Central una licencia para operar en el país siempre y cuando cumplan con distintos requerimientos, fundamentalmente las exigencias de aportes de capital. Los bancos que no desean abrir una sucursal en Argentina pero quieren tener presencia física tienen la posibilidad de designar representantes             –asesores/gestores– aun careciendo de la autorización para funcionar como entidades financieras. La entidad no tiene permitido tomar depósitos o realizar operaciones cambiarias, pero sus representantes se ocupan de “asesorar y gestionar garantías y/o financiaciones con intervención de la entidad representada como avalista, prestamista o agente en relación con la emisión y colocación de deuda en mercados institucionalizados del exterior”.

Históricamente, la función de esas oficinas fue la de promover la fuga de capitales de individuos de altos ingresos y empresas al exterior. Con el endurecimiento de las exigencias distintas entidades se fueron de Buenos Aires, pero concentraron sus operaciones de asesoramiento en las locaciones que poseen en Montevideo, San Pablo o desde sus sucursales en Miami. En el marco del proceso de desregulación financiera, reinserción en los mercados internacionales y el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo las entidades extranjeras comienzan a reabrir sus representaciones. 

La resolución 437 de la Superintendencia de Entidades Financieras que revocó la habilitación para las representantes legales sostenía que, según había informado el BoNY, su oficina no registraba operaciones de gestión de garantías o financiaciones activas en favor de residentes del país desde comienzos de 2013. Como causal para la revocatoria de la autorización, el BCRA indicó que en las presentaciones obligatorias realizadas por las representantes legales estas reconocían que su función estaba limitada a organizar y participar de eventos con ejecutivos del banco en América latina. Esto incumplía con el objetivo operacional contemplado en la regulación vigente. Quien anunció la decisión fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La medida obligó al banco a cerrar su pequeña oficina de asesoramiento en el microcentro porteño que entonces no registraba operaciones desde hacía más de dieciocho meses. La representación del banco estadounidense para actuar en el país en nombre de esa entidad estaba a cargo de María de la Cruz Solares y Mariel Verónica García Sturzenegger que, según aseguraron entonces cerca del actual titular del BCRA, no tiene ningún vínculo con el economista.