El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple este sábado seis meses en el poder, en los que superó una asonada golpista de simpatizantes bolsonaristas, recuperó los programas sociales de sus anteriores mandatos y devolvió la estabilidad institucional al país, pese a las tensiones con el Congreso.

El intento de golpe

Tan sólo una semana después de asumiera su tercer mandato como jefe de Estado de Brasil, Lula se vio sorprendido el 8 de enero por un intento de golpe de Estado encabezado por miles de seguidores radicales del expresidente y líder ultraderechista Jair Bolsonaro, recientemente condenado por abuso de poder.

Después de acampar tres meses frente a los cuarteles del Ejército en las principales capitales del país pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula, los bolsonaristas atacaron y depredaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, pero su acción fue rápidamente neutralizada y cientos de invasores terminaron en la cárcel, en donde aguardan juicio.

A fines de mayo, el Congreso de Brasil estableció una comisión para investigar los ataques. Está integrada por 16 diputados y 16 senadores, la mayoría pertenecientes a los partidos del Gobierno y sus aliados, que tienen un plazo de 180 días para sacar conclusiones.

Reforma ministerial e indígenas

El comienzo de la gestión de Lula también fue marcada por la reforma del Gabinete, en donde resurgieron algunos ministerios extintos por Bolsonaro, como los de Cultura y Deportes, y se crearon otros nuevos, como el de Pueblos Indígenas e Igualdad Racial -encabezados por Sônia Guajajara y Anielle Franco, respectivamente-.

Durante el primer mes de su Gobierno, Lula se encontró con la crisis sanitaria y humanitaria del pueblo yanomami en la Amazonía, cerca de la frontera con Venezuela, donde niños indígenas morían por desnutrición y el consumo de agua contaminada de los ríos. El principal culpable de la situación fue la minería ilegal, debido al uso de mercurio en los ríos y la devastación de la selva. En consecuencia, Lula ordenó a las autoridades expulsar a los 20.000 mineros ilegales que actuaban en la zona, en una acción que les restringió a esos grupos el espacio aéreo y el acceso terrestre y fluvial.  Tal fue el éxito de la medida que, a mediados de junio, el gobierno de Brasil declaró "libre de minería ilegal" al territorio indígena yanomami.

Durante este primer semestre se reformularon algunos programas sociales, como el de vivienda popular "Mi Casa, Mi Vida", y se ajustaron otros que fueron otorgados con ánimo electorero por Bolsonaro. Asimismo, regresó y se amplió el programa de distribución de subsidios para los pobres "Bolsa Familia".

Fricciones

Uno de los escollos que el presidente brasileño encontró en su gestión fue la dificultad para aprobar diferentes proyectos en el Congreso, ampliamente dominado por los partidos de centro, con los que tuvo que negociar. La ley del Marco Fiscal para garantizar el ajuste fiscal -propuesta por su ministro de Hacienda, Fernando Haddad- consiguió pasar en el Legislativo. Esto le dio tranquilidad al mercado, que estaba temeroso por el aumento del gasto público, a raíz de la ampliación del número de ministerios y de los programas sociales, y por el freno al modelo de privatizaciones impuesto por Bolsonaro.

Lula también enfrentó una marcada diferencia con el Banco Central. Como ente autónomo, está bajo el comando de Roberto Campos Neto, un economista indicado por Bolsonaro. Este, con el argumento del control inflacionario, mantuvo la tasa básica de intereses en el 13,75% anual, un nivel fuertemente criticado por Lula por inhibir el crecimiento económico.

Política exterior

A diferencia de Bolsonaro, que en sus cuatro años viajó poco, Lula cumplió una intensa agenda internacional, en la que visitó hasta ahora once países. Sus viajes comenzaron en enero con su participación en Buenos Aires en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Luego pasó por Uruguay, Estados Unidos, España, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, China, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y el Vaticano.

El líder progresista, a su vez, intenta sobresalir internacionalmente como mediador de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, parte de los medios internacionales y brasileños criticaron duramente a Lula por sus opiniones sobre la guerra. Según estos, el mandatario supuestamente deja ver su inclinación por Rusia y por la defensa de cuestionados Gobiernos de izquierda en la región, como los de Venezuela y Nicaragua.

Lula fue el único latinoamericano invitado por el G7, que agrupa a las grandes potencias mundiales: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón. Allí afirmó que iba a interceder ante el FMI y el banco de los Brics, para permitir que Argentina pueda disponer de reservas para que no se detenga el flujo comercial entre ambos países.

Hace una semana, Lula asistió a la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global en París, para debatir cómo ofrecer recursos a los países más vulnerables para luchar contra el calentamiento global. Allí dio un discurso en el que criticó a Mauricio Macri por el préstamo del FMI y cuestionó las nuevas condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que incluyen sanciones en caso de no cumplir con nuevas metas ambientales. "No es posible que tengamos una asociación y haya una carta adicional que suponga una amenaza para un socio estratégico", disparó el mandatario.