El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, recordó el aniversario de la "Masacre de San Patricio", ocurrida el 4 de julio de 1976, en la que fueron acribillados los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. "En este 4 de julio recordamos a los mártires palotinos por su entrega y su compromiso por una sociedad más justa", los homenajeó De Pedro.
En su mensaje, el precandidato a senador por Unión por la Patria recordó su paso como alumno por el Colegio San Patricio de Mercedes y sostuvo que el ejemplo de aquellos mártires lo "impulsa para seguir trabajando para construir una Argentina mejor".
A 47 años de la peor masacre sufrida por la Iglesia durante la dictadura cívico-militar, la causa que investiga a los responsables sigue en un limbo en el Poder Judicial. El crimen de los palotinos apareció mencionado mencionado en la megacausa ESMA, en 2005, por lo que la investigación estuvo varios años a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Tras 15 años, Lijo decidió declinar su competencia en noviembre pasado y señalar una serie de argumentos que indicarían que no fue un grupo de tareas del centro de clandestino de la Armada los encargados de llevar adelante la masacre.
Lijo citó el modus operandi de esos grupos de tareas, distinto al ocurrido en la Masacre de San Patricio en la que los cuerpos fueron dinamitados y se dejaron mensajes en las paredes de la Iglesia, y agregó una serie de documentos desclasificados de Estados Unidos que señalaban como responsables a miembros de la Policía Federal.
Además, un el policía retirado Armando Luchina declaró, en agosto pasado, que oyó de voz de integrantes del “grupo de elite” de la Superintendencia de Seguridad Federal –entre cuyos integrantes destacó a Julio “Turco Julián” Simón o Carlos De La Llave–. La hipótesis indica que la masacre ocurrió como venganza del atentando hecho por Montoneros en el edificio de la Superintendencia por una supuesta relación de una de los curas con el grupo de Monotonero que realizó el operativo.
La causa debería pasar al juzgado de Daniel Rafecas, dentro de las investigaciones del Primer Cuerpo del Ejército, pero por el momento el magistrado dejó que sea la Cámara Federal quien defina la competencia.
