En La Rioja, en cinco centros de salud que brindan atención y asistencia a poblaciones de escasos recursos, los médicos tienen prohibido entregar preservativos y anticonceptivos. Es la condición que impuso el Obispado local para donar las tierras donde se construyó una de las salas, conocidas como San Pío Pietrelccina y que tienen la particularidad de estar administrados por una entidad católica, pero funcionan en la práctica como centros públicos ya que el gobierno riojano les entrega un monto mensual para el pago de sueldos del personal. A la vez los San Pío son referentes locales de los programas sanitarios oficiales –provinciales y nacionales– como los de vacunación, medicamentos y entrega de leche para bebés y niños. Cumplen con todos los planes, con la única excepción de entregar gratuitamente los preservativos y anticonceptivos, que se envían a todo el país desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Lo que sucede en La Rioja podría replicarse en hospitales públicos y otros centros de salud de diferentes lugares del país si prospera el proyecto de ley del Poder Ejecutivo llamado de “libertad religiosa”, que autoriza en su artículo 7° –uno de los más cuestionados– a instituciones enteras a declararse objetoras de conciencia.

El caso fue mencionado como ejemplo del peligro que implica la iniciativa del Gobierno, durante una conferencia de prensa, ayer por la mañana, donde una articulación de organizaciones de derechos de las mujeres, Lgbtti, ateas y de derechos humanos expresaron su rotundo rechazo al proyecto y advirtieron que atenta contra la libertad de conciencia, y la autonomía reproductiva, pone en riesgo derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la salud y a otros derechos a las personas trans, travestis, lesbianas, bisexuales, gays e intersex y significa un “enorme retroceso” en la demanda de tener un Estado verdaderamente laico, al establecer uno de corte pluriconfesional.

El proyecto del Gobierno “no resiste el control de convencionalidad”, señaló la abogada Susana Chiarotti, experta del Comité de la OEA que monitorea la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belen do Pará. “Toda ley debe respetar a las convenciones internacionales que forman parte de la Constitución Nacional y este proyecto no lo hace”, apuntó la especialista, que forma parte del Comité América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer (Cladem). En la conferencia de prensa, participaron además, referentes del Colectivo Ni Una Menos, Amnistía Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Católicas por el Derecho a Decidir, la Federación LGBT, 100%Diversidad y Derechos. El Cels mandó su adhesión.

Estuvo además, como invitado especial,  el fraile dominico Julián Cruzalta, profesor del Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Instituciones Religiosas de México, teólogo ecuménico experto en Bioética y Teología Ecofeminista, quien por la tarde expuso en el Encuentro “Diálogos sobre Libertad religiosa”, convocado por CDD, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. Cruzalta explicó que proyectos como éste que impulsa el macrismo forman parte de “una estrategia política, jurídica y cultural de la Iglesia Católica en todo el mundo”, en la que el concepto de “libertad religiosa” es un instrumento para colocar su agenda en áreas de interés cultural y moral”. “Se usa esta supuesta libertad religiosa para detener otras libertades”, indicó. Y consideró que “es el momento para fortalecer el Estado laico, que en la Argentina es muy amañado y deja bastante que desear” por los privilegios que tiene una religión –la católica– sobre las otras.

Fernando Lozada, de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata destacó que hoy en la Constitución Nacional la libertad religiosa “está perfectamente garantizada” y consideró que la iniciativa “nos hace retroceder cuatro siglos con conceptos que confunden delito con pecado, aunque no lo dice abiertamente”, al agravar un delito si el bien afectado pertenece a un culto determinado. Al mismo tiempo, evaluó como fundamental que se escuche en el debate la voz de las personas ateas, que representan en el país un 7 por ciento de la población y si se suman las agnósticas, llegan el 15 por ciento, cuando “todas las evangelistas juntas” rondan el 9 por ciento, de acuerdo con una encuesta sobre creencias del Conicet de 2008.

Greta Peña, de 100%Diversidad y Analía Más, de la Federación LGBT, pusieron el foco en que el proyecto legitima actos discriminatorios basados en prejuicios contra amplios colectivos a los que sus organizaciones representan. Un juez de paz, ejemplificó Paola García Rey, de Amnistía Internacional, podría negarse a casar a una pareja del mismo sexo, un hospital a dar anticonceptivos o garantizar un aborto legal, o un profesor a enseñar la Teoría de la Evolución. “En los fundamentos del proyecto se hace una manipulación bastarda de los principios del derecho internacional de los derechos humanos”, indicó Rey.

La preocupación por el artículo 7°, que convalida la objeción de conciencia institucional, fue uno de los ejes que atravesaron las distintas intervenciones. “La objeción de conciencia es un derecho personal”, reafirmó Rey. Justamente, indicó Chiarotti a este diario, el Comité que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el año pasado emitió una recomendación, la 22, sobre salud reproductiva en la que planteó que utilizar la objeción de conciencia para obstaculizar el acceso a servicios de salud reproductiva a las mujeres es una violación de derechos humanos.

El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó al Congreso el 12 de junio tras ser elaborado por la Secretaría de Culto, a cargo de Santiago de Estrada. Además de proteger el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario” y establecer que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”, modifica el Código Penal, considera automáticamente como entidad de bien público a todo culto  inscripto en el Registro y estipula que ministros de todas las religiones puedan ingresar libremente a “lugares de internación, detención y cuarteles”.

La iniciativa fue elaborada y presentada por la Secretaría de Culto, a cargo de Santiago de Estrada, quien contó para ello con la Mesa Consultiva de las Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas (integrada por Faei, Feceo, bautistas, adventistas y Aciera, que tuvo responsabilidad en convocatorias como la “jornada nacional Argentina Ora”, que reunió a miles el 25 de mayo en las inmediaciones del Obelisco y, según sus propios comunicados, “nuclea a más de 12.000 congregaciones en todo el país), DAIA, AMIA, la Conferencia Episcopal Argentina y el Centro Islámico. El texto comenzó a debatirse raudamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, pero su tratamiento quedó frenado a partir de la fuerte  oposición que despertó en organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, de ateos y de derechos humanos, que no fueron consultadas.