La Fiscalía de Brasil pidió este lunes la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar en el intento de golpe de Estado del pasado ocho de enero. En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría sostiene que comprobó tanto la "materialidad" como la "autoría" de al menos cinco delitos.
Se trata de "asociación criminal armada", "abolición violenta del Estado democrático de derecho", "golpe de Estado", "daño calificado y grave amenaza" y "deterioro de patrimonio público", que, según el Código Penal, en conjunto "llegan a 30 años de reclusión", que es la pena máxima contemplada por las leyes del país.
La Corte Suprema ya aceptó las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su mayoría participaron directamente en los hechos violentos del ocho de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes de la presidencia, el Parlamento y el propio tribunal. Para la Fiscalía, los manifestantes tenían como objetivo "implantar un régimen autoritario en lugar de un gobierno elegido legítimamente".
