Los extranjeros residentes no pueden ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales, pero sí pueden hacerlo en elecciones provinciales y municipales, según la normativa de cada provincia. Actualmente este derecho está garantizado por ley en todo el país, con excepción de Formosa que no permite el voto para ningún cargo. Los requisitos para participar son: tener residencia permanente, DNI actualizado con domicilio donde se quiere votar y ser mayor de 18 años.

Qué nadie se interese, en el sentido electoral, por ese nicho de población es curioso si se considera que hoy en la Ciudad los extranjeros residentes habilitados a emitir su voto representan un 16 por ciento del padrón. Para entender su peso: si todo el “padrón migrante” fuese a votar, podría designar hasta seis legisladores. El desafío es que, efectivamente, llegue a las urnas.

El crecimiento del voto migrante

Entre 2019 y 2021 la cantidad de migrantes empadronados en la ciudad se multiplicó por 20: pasó de 20.857 a 422.080. Este año esa cifra asciende a 485.768. El peso porcentual migrante en relación al universo total de votantes porteños pasó de representar un 1 a un 16 por ciento. Esto se explica a raiz de que en 2021 se implementó la reforma estipulada en el nuevo Código Electoral de la CABA (2018) para el empadronamiento automático de migrantes mayores de 16 años radicados.

De todos modos, la participación sigue siendo baja. En 2021, votó menos del 20 por ciento del padrón extranjero. Pero todos los analistas consultados para esta nota coinciden en que el crecimiento de la participación es cuestión de tiempo: depende de la consolidación de una cultura de intervención política -que en Argentina es muy fuerte- en las comunidades migrantes.

El 2021 sólo fue a votar el 18,7 por ciento de los migrantes habilitados a hacerlo. Para Ana Paula Penchaszadeh, investigadora del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani, especialista en el vínculo entre migración y política, para evaluar esta tasa de participación, vale la pena tener en cuenta el ejemplo de la provincia de Buenos Aires: cuando en 2009 esta implementó el empadronamiento automático, la participación fue del 9 por ciento: “Desde entonces cada vez más migrantes bonaerenses han votado. Un paulatino pero constante. En 2019 la tasa alcanzó el 30 por ciento“.

¿Por qué no participan? Muchos de los migrantes que viven en CABA y PBA no saben que pueden hacerlo. “Tienen incorporado que no tienen derecho a expresarse políticamente”, dice Pablo Cossio, sociólogo y referente del Bloque de Trabajadorxs Migrantes. Y agrega: “La participación de las personas migrantes recientes es un asunto sin difusión. En las provincias hay muchos obstáculos para participar“. Esto es así porque existe el federalismo electoral: cada provincia decide de qué forma los migrantes participan en las elecciones locales. Hoy los únicos lugares que tienen empadronamiento automático son la provincia de Buenos Aires y CABA.

Otros factores que impactan en la participación son el género, tener los documentos, el lugar de residencia dentro del país. Y además, la exclusión de instancias de representación (pueden elegir pero no ser candidatos); la falta de capacitación para ser autoridades de mesa; la ausencia de propuestas que los interpelen. “Y se agrega -dice Penchaszadeh-, en estas elecciones, la boleta electrónica, sin una campaña para que la usen poblaciones con baja alfabetización digital”.

Voto kimchi y voto choripán

Abogado, empresario, coreano y peronista son las cuatro categorías con las que se describe Alejandro Kim, el segundo precandidato a legislador porteño de la lista Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno. Nació y vivió siempre en Flores. Es descendiente de una familia de Corea del Sur, que llegó a la Argentina en 1977, y encabeza un estudio jurídico que lucha contra de discriminación de las colectividades bajo la premisa de que “todos los extranjeros somos peronistas sin darnos cuenta“.

Kim viene planteando que en la ciudad hay “ciudadanos de primera y de segunda categoría” y que se necesitan reformas presupuestarias y de infraestructura para mejorar la vida en el sur de la Capital. En los 90 y principios de los 2000, se dedicó a la militancia de base y luego se volcó a asesorar legalmente a organizaciones y personas migrantes que veían vulnerados sus derechos.

El Caso Kim es un éxito en redes. No solamente por sus spots propositivos con dosis de autoparodia, entre los que se destaca el video en el que muestra cómo se prepara el “chorikimchipan” -mezcla de choripán con el fermento base de la cocina coreana-. Kim es una rareza que sube la vara del ingenio de esta campaña interpelando a un sector de la población que parecería quedar en las sombras de todos los ámbitos de participación.

Un nicho poco explotado

¿Por qué a nadie le importan los votantes extranjeros aunque más no sea por su potencial? Casi nadie explora el nicho. Solo a los estrategas de la campaña de Alejandro Kim con su hit del chorikimchipan vieron una oportunidad en ese 16 por ciento del padrón conformado por un sector social largamente muteado.

Lo cierto es que los asuntos que atañen a la gestión migratoria se deciden en el ámbito nacional, instancia en la que las personas migrantes no votan. Como explica María Inés Pacecca, coordinadora de Investigación de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) -organismo que este año cumple 50 de trabajo en Argentina-: la política migratoria nacional no suele aparecer en los mensajes de campaña: “Nadie dice abiertamente que va a facilitar (o obstaculizar) el acceso de migrantes a hospitales, escuelas. Lousteau, por ejemplo, habla de priorizar a ‘los porteños’ en los turnos de los hospitales. Habla de ‘porteños’ (que, a los efectos administrativos, son los que tienen domicilio en la ciudad) y no de ‘argentinos’. Y cuando se habla de ‘ordenar’ el espacio público, en clara referencia a los manteros, los candidatos no suelen hacer (en público) ninguna conexión entre venta ambulante y condición migratoria, aunque todo el mundo sabe que en ciertos puntos de la ciudad, una gran proporción de los vendedores ambulantes son migrantes”.

Cabe recordar que entre 2015 y 2019 el gobierno de Mauricio Macri promovió la creación de una “cárcel para migrantes’, casi triplicó las órdenes de expulsión respecto a los años anteriores, e incrementó las expulsiones efectivas (en 2015 fueron 239; en 2019 fueron 1171) gracias a las modificaciones de la Ley de Migraciones.

María Inés Pacecca arriesga la hipótesis de que los candidatos ven en dirigirse explícitamente a los votantes migrantes un doble riesgo: “los puede exponer a que les tiren por la cabeza la política migratoria nacional de su partido”. Y además puede espantar el voto “nacional”, que suele usar los migrantes como chivo expiatorio de fallas estructurales y errores coyunturales. “Pero tampoco se atreven a un discurso anti-inmigrante, porque son una proporción del padrón que se les puede volver en contra”.