La búsqueda de Santiago Maldonado, el joven desaparecido después de la represión desatada por Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche del pueblo chubutense de Cushamen, encuentra puntos de conflicto entre las líneas seguidas por los investigadores y la información que maneja la familia del artesano de 28 años. Mientras estos últimos se amparan en diversos testimonios que hablan de un secuestro de parte de las fuerzas de seguridad, oficialmente se abona la hipótesis de que Maldonado en realidad se fugó por su propia cuenta, incluso a pesar de que las versiones son confusas, pues lo mismo lo ubican en Entre Ríos, San Luis o Mendoza. En simultáneo, continúan las incursiones de Gendarmería en el acampe mapuche, tal como denuncian los habitantes de esa comunidad. La relación entre el accionar represivo, la impunidad policial y una investigación disuasiva vuelve inevitable la comparación con Miguel Bru, de cuya desaparición se cumplieron 24 años el jueves pasado. Se trata de un juego de espejos con cristales rotos: aquellos resquebrajados por prácticas de otra era que aún siguen vigentes en democracia. Según un informe de la Correpi, se registraron desde diciembre de 1983 al menos 210 desaparecidos en circunstancias vinculadas con las tareas de las fuerzas de seguridad.
Las sinuosidades del Caso Bru (que también entraña irregularidad judicial e impunidad policial) siguen vigentes. A la reciente denuncia por la extraña fuga y reaparición del expediente en la Fiscalía 4 de La Plata se le suman ahora tres legajos de más de 400 páginas generados por la entonces Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Los mismos (como el resto del archivo de la extinta Dippba) están bajo la custodia de la Comisión Provincial por la Memoria, quien los compartió con PáginaI12 en un nuevo aniversario de la desaparición del joven.
El frondoso material le da entidad documental a lo que hasta ahora se suponía sólo a través de testimonios orales: la obstaculización de la Bonaerense en una investigación que la ubicaba en el banquillo de los acusados. Bru, que entonces tenía 23 años y estudiaba Periodismo en la Universidad de La Plata, había denunciado a la policía de aquella ciudad por allanar con violencia pero sin orden judicial la casa que él y otros tres jóvenes habían tomado. Para sus amigos y familiares, ahí estuvo el motivo de su premeditada desaparición.
Miguel Bru fue visto por última vez el 17 de agosto de 1993 sobre la ruta 11, a la altura de la localidad de Magdalena, muy cerca de una casa que le estaba cuidando a una pareja amiga de vacaciones. Al otro día encontraron su bicicleta y sus prendas a orillas del cercano Río de La Plata y se encendió una siniestra alarma.
De ahí en más, la Policía Bonaerense se dedicó a empantanar la causa instalando hipótesis falsas o imprecisas. Esto se desprende de los tres legajos generados por su cuerpo de espionaje, la Dippba, en el que se incluyen tanto documentos propios como un profundo relevamiento periodístico sobre el tema.
El primer informe importante de Inteligencia data del 22 de septiembre de aquel año. “La vida llevada por Miguel Bru es errante, del tipo hippie, siendo las personas que lo frecuenten y poseen amistad con este de características bohemias, sin una residencia fija, ya que pasan un tiempo en cada lugar y que podrían llegar al consumo de drogas”, describía el espía en el escrito, a la vez que se comenzaba a sugerir la hipótesis de que “bien podría haberse trasladado a alguna ciudad próxima o a Mar del Plata”.
Pero lo más revelador de este memo inicial no es la descripción antojadiza del joven, sino el reconocimiento de que efectivamente al menos uno de los allanamientos a la casa que éste habitaba había sido efectuada por el servicio de calle de la comisaría 9ª de La Plata “sin orden”. Es decir, lo que el propio Bru había denunciado antes de desaparecer.
En simultáneo, el subcomisario Francisco Jasa (a cargo de la comisaría de Berisso en la cual radicó la denuncia Rosa Schonfeld, madre de Bru), firmaba otro documento interno en el que aseguraba que el joven podía encontrarse indistintamente “en el paraje Yraizoz, cercano a Miramar, o bien en la estancia El Casal, de Camet”. Al mismo tiempo, la delegación policial de La Plata reconocía en otro documento secreto que “por el momento no se tiene personal abocado a investigar la desaparición del joven Bru”.
La causa cayó en manos del juez en lo Correccional y Criminal de La Plata Amílcar Vara, quien en una entrevista expresaba la “íntima convicción de que Bru estaría aún con vida”. El magistrado amontonaba sin criterio alguno tres hipótesis completamente disímiles entre sí: “Tal vez se ahogó al internarse en el arroyo Zapata, o en un tramo peligroso del Río de La Plata, o acaso su misterioso paradero se vincule con sus viajes a Misiones y Mar del Plata”.
El nulo avance de la causa motivó la creación de la denominada Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Miguel Bru, con sede en la Facultad de Periodismo de La Plata en la que el joven estudiaba. Esta organización empujó numerosas actividades (entre ellas, las concurridas “Marchas del silencio”), lo cual naturalmente demandó la infiltración de espías entreverados sigilosamente.
A partir de entonces, Rosa Schonfeld se convirtió prácticamente en el foco principal de la Dippba, algo que se aprecia con pasmosa claridad en un video donde la madre de Bru es entrevistada en su casa por un periodista que le solicita detalles de sus acciones. Pero el reportero no era un trabajador de prensa, sino un espía que se hizo pasar por tal para disfrazar de trabajo periodístico lo que en realidad era un velado interrogatorio policial. Rosa Schonfeld había mantenido un encuentro con Danielle Gouze, esposa del por entonces presidente francés François Mitterrand, quien no titubeó en vincular la desaparición del joven con el modus operandi aplicado por la última Dictadura argentina. También manifestaron su interés la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Amnesty International.
En un informe de octubre de 1993, la Dippba declaraba que era probable que “Miguel Bru esté con vida alternando con un grupo de personas de su amistad y de vivencia social como la suya, los que merodean desde hace unos días en forma deambulante por la localidad Los Talas, partido de Berisso”. Lo curioso es que, con todos los instrumentos que contaba en su poder, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense no pudiera hallar a Miguel Bru si es que este, tal como teorizaba, se encontraba desplazándose en espacios públicos y a la vista de cualquiera. En ese entonces, su madre sentenció: “Nos da la sensación de que se investiga más a la víctima que a los que tendrían que investigar”.
Meses más tarde, en abril de 1994, se descubrió la falsificación del acta que la policía de La Plata, aún consciente de que la misma era apócrifa, le había remitido a la jueza Elva Demaría Massey para que autorizara uno de los allanamientos en la casa que habitaba Bru. A raíz de esta y otras circunstancias, el juez Amílcar Vara comenzó a ser investigado por la Suprema Corte por irregularidades y la causa abrió una ventana hasta entonces inexplorada: la declaración de personas que estuvieron detenidas en la Comisaría 9 de La Plata aquel 17 de agosto de 1993.
En ese sentido, fue clave el testimonio de Horacio Suazo, quien aseguró haber visto a Bru aquella noche en esa seccional. Según su declaración, Bru fue sometido al “submarino seco”, técnica represiva que consiste en colocarle una bolsa de nylon en la cabeza a una persona para interrumpirle la respiración mientras al, mismo tiempo, se lo golpea en la boca del estómago. Cruel ironía la que padeció el propio Suazo, quien denunció una práctica propia de la última dictadura y poco después de atestiguar murió, según dictamen judicial, a causa de un “enfrentamiento con la fuerza”, otro eufemismo tenebroso de la época del Terrorismo de Estado.
La investigación luego comprobó la adulteración del cuaderno en el cual constaban los ingresos a esa comisaría el 17 de agosto de 1993, mientras que un peritaje descubrió la obstrucción de una abertura a través de la cual José Duarte, otro detenido en aquella fecha, aseguró haber visto como sacaban a Bru de la seccional.
La causa llegó a juicio y en 1999 fueron condenados cuatro policías que reportaban a distintas dependencias de La Plata: Walter Abrigo y Juan José López a prisión perpetua, y Juan Domingo Ojeda y Ramón Ceressetto a dos años de cárcel. Poco antes, el juez Vara había sido destituido por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en 27 causas, entre ellas la de Bru.
Sin embargo López obtuvo primero el beneficio de salidas transitorias y luego la libertad condicional, Ojeda apenas cumplió ocho mesas de pena, Ceressetto fue habilitado para volver a ejercer como policía y Abrigo murió en su cuarto año de prisión.
En 2005, uno de los edificios de la Facultad de Periodismo de La Plata fue rebautizada “Miguel Bru, Memoria y Justicia”. Lo primero está vigente. Pero lo segundo (al igual que la aparición de Santiago Maldonado) aún se sigue esperando.
