Recién a las 9.15 de la mañana del domingo, el presidente de la mesa 2692, de la escuela República de Guatemala, en Caballito, pudo abrir la urna para que la gente pudiera votar. Hasta entonces, no había recibido el DVD que pone a la máquina en funcionamiento. Las filas, eternas, generaban malestar y confusión. Cerca del mediodía, en la mesa de al lado, un votante introdujo la boleta electrónica con su voto para jefe de Gobierno en la urna para Presidente, y viceversa. Todos se agarraron la cabeza: no había forma de revertir el error. A las 13.30, en otra mesa del mismo establecimiento, la máquina imprimió una boleta que no era de la elección local, sino de las presidenciales de Paraguay, con fecha de abril de 2023. Por todos los trastornos, el conteo terminó recién pasadas las diez de la noche, con la ayuda de delegados judiciales. El caso –que se replicó en decenas de escuelas porteñas– forma parte del informe que presentó este jueves la jueza federal con competencia electoral en CABA, María Servini, a través del cual sumó más presión para dejar de lado el uso de la Boleta Única Electrónica (BUE) de cara a las elecciones de octubre.
En el escrito, la magistrada dió por terminado el convenio que ataba a su juzgado con las autoridades electorales porteñas para la planificación y puesta en marcha de la elección a Jefe de Gobierno y el resto de las categorías locales. El planteo es una forma de arrinconar a los funcionarios del Instituto de Gestión Electoral (IGE) y a los integrantes del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán ahora decidir si modifican el sistema de votación, desdoblan la fecha respecto de la nacional o provocan un choque institucional. En diálogo con Página/12, Servini fue tajante: “No voy a organizar otra elección con las máquinas”, advirtió.
Fuentes del IGE consultadas por este medio todavía no habían resuelto anoche los pasos a seguir. Una posibilidad es que los funcionarios porteños apelen la resolución de la jueza ante la Cámara Nacional Electoral, pero aún así sus chances de un fallo favorable son escasas: la Cámara emitió un durísimo comunicado el domingo mismo de la elección en el que los deja expuestos por el mal funcionamiento de al menos el 30 por ciento de las máquinas y por no haber realizado a tiempo las auditorías sobre el software y el código fuente de la empresa, Magic Software Argentina, a la que contrataron por 29 millones de dólares.
Por lo pronto, se abren tres escenarios posibles de cara a las generales:
Que la elección se desdoble en dos días distintos, uno para la nacional –el 22 de octubre, con la tradicional boleta en papel– y otro para la porteña, que conservaría la Boleta Única Electrónica como sistema.
Que ambas sean el 22, pero que se descarten las máquinas y se reponga el papel para votar Jefe de Gobierno y el resto de las categorías locales. Así, habría igualmente dos boletas –una para cada elección– pero una sola urna, donde se juntarían los sobres de las dos votaciones. Este sistema también sería complejo, pero la condición de la magistrada es que no haya dos urnas, sino una sola.
Que las autoridades porteñas decidan mirar para el costado y se mantenga todo como fue el 13 de agosto, aunque peor: no contarán con el acompañamiento de la jueza, y cada elección tendrá sus propias autoridades de mesa, fiscales, urnas y conteo por separado. Es el camino menos probable y el más conflictivo, aunque también puede mediar un acuerdo, del que participen las fuerzas políticas.
Jorge Macri, a favor del papel
El candidato del oficialismo porteño, Jorge Macri, se mostró a favor de la segunda opción. "Podría ser el mismo día todo en papel, el mismo día en papel con boletas separadas. Se tarda más, pero no se cuelga la máquina y la gente está más acostumbrada", dijo. Y, de paso, le dejó un recado por elevación a Horacio Rodríguez Larreta, el autor intelectual del desastre de la votación. “Era una opción de la concurrente que yo lo planteé y que nos hubiera evitado parte de los problemas que tuvimos”, disparó.
La frase esconde un reproche por el desdoblamiento concurrente que ideó el jefe de Gobierno en funciones para beneficiar a su aliado Martín Lousteau –en detrimento del propio Macri– porque le evitaba al radical competir en las PASO colgado de una sola boleta presidencial en medio de la interna de Juntos por el Cambio, lo que lo hubiera dejado fuera de juego. Al respecto, la propia Servini dejó un comentario al pasar: “Las autoridades de la Ciudad deberán reconsiderar su ingeniería electoral, dejando de lado las cuestiones políticas, y diseñando un sistema pensando en facilitar a las personas el derecho al sufragio”, dice en la página 6 del escrito.
De todos modos, las responsabilidades son compartidas y se extienden también a los partidos políticos: una cautelar de la fundación Vía Libre, presentada más de 30 días antes de los comicios, ya alertaba por el caos que podría generarse en las escuelas y sobre el riesgo que implicaba para el secreto y la integridad del voto la combinación entre la BUE y el "desdoblamiento concurrente" de la elección. A propósito, hubo más de un centenar de denuncias de votantes individuales sobre distintos problemas con las máquinas que llegaron a las fiscalías electorales porteña y nacional durante todo el domingo de las PASO.
Burla y maltrato
“Volver a someter a la ciudadanía a las mismas condiciones que padecieron para sufragar el 13 de agosto, constituiría una burla para una sociedad cansada de la ineficiencia de sus funcionarios”, dice Servini en la denuncia, que no escatima en dardos contra los funcionarios del IGE. De hecho, la jueza firmó el convenio para la organización de la elección con el ex titular del organismo, Ezio Emiliozzi, quien había sido nombrado en comisión –vía decreto, sin la aprobación de la Legislatura– y renunció a poco de andar, por presiones internas. Emiliozzi se negó a firmar un convenio para difundir el uso de las máquinas y por eso tuvo que renunciar. Lo reemplazó Federico Fahey Duarte, un abogado de la Corporación Buenos Aires Sur. Servini también dió de baja la contratación directa hecha por Duarte a Costa Salguero, por 128 millones de pesos, para realizar el conteo. El IGE dependía originariamente de Jorge Macri, pero terminó bajo el organigrama del ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco.
Para la jueza, fueron “los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad”, con “filas de más de dos horas para votar, algo que no había sucedido nunca, ni aun durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”. “El maltrato al que se vieron sometidos tanto los electores como las autoridades de mesa, desalienta la participación electoral y el ejercicio de un derecho fundamental que hace a las instituciones republicanas”, concluyó.
Todas las irregularidades
El anexo del escrito hace un repaso detallado de las irregularidades reveladas durante la elección:
- En diez escuelas hubo “máquinas con dificultades para encenderlas y/o para calibrarlas”, y en otras seis, “el software no funcionó”. En otras 23, “la máquina debió ser directamente reemplazada”.
- Hubo once escuelas en las que se pudo dar mesa recién cerca del mediodía.
- En diez mesas, la máquina sólo dejaba votar en blanco, y en otras seis no leía la boleta o el chip. Más de una devolvía boletas de la elección de Paraguay.
- Hubo autoridades de mesa que “ante el nerviosismo por la situación, más el aglomeramiento de electores que querían sufragar, colapsaron emocionalmente y manifestaron su intención de no cumplir con su función en octubre”.
- En 30 escuelas se registraron "problemas con el cableado", que en su mayoría estaban sueltos y la gente podía tropezarse camino a la urna.
- También hubo confusión en el escrutinio: se mandaron urnas de la elección local como la nacional, y viceversa.
“Estos inconvenientes transformaron esta elección en los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad, afectando el derecho a sufragar de muchos ciudadanos que no pudieron sufragar a nivel local, o debieron hacerlo en condiciones deficientes”, remató la jueza.
