Hace unos días, la candidata a presidenta por la alianza Juntos por el Cambio, recomendó al presidente Alberto Fernández la sanción del Estado de sitio frente a lo que definió como una serie de graves hechos delictivos contra supermercados, principalmente en el conurbano bonaerense.

Más allá de su denominación, el asalto a supermercados en épocas de crisis económica es una posibilidad en nuestro país a partir de 1989 y acentuada desde 2001.

Caracterización y después

Estos acontecimientos también pueden leerse como un arma en la disputa política. Por lo general nadie que participa de un saqueo o robo es parte de esa disputa, sino, más bien, son instrumentos de otros, que se apropian de (u organizan) esos hechos.

Una vez ocurridos los hechos resta pasar a la lectura política del escenario en el que se juegan. Y en ese contexto podemos ubicar el pedido de Patricia Bullrich. Es evidente que aquel que hace eje de su campaña proselitista la expresión “el orden o al caos” necesita de escenarios caóticos. ¿Eso alcanza para acusarla de organizar esos robos? No. Pero tampoco la descarta.

No es una novedad que el contexto económico y social es complejo. Los niveles de pobreza son altos, sobre todo en jóvenes. A esto hay que sumarle un nuevo golpe post electoral al bolsillo, que fue la devaluación del 22%, encima sin medidas atenuantes. Eso es caldo de cultivo para cualquier acción, espontánea u organizada. Y la derecha sabe mejor que nadie preparar condiciones de desestabilización, utilizando las redes sociales, para después actuar en consecuencia y en especial utilizando como escenario el conurbano.

Eterno retorno de un clásico argentino

A diferencia de lo que se cree, el Estado de sitio es un recurso legal con el que cuenta la Constitución Nacional (Art. 23) para defender, justamente, la Constitución Nacional. Es decir, es un mecanismo que permite al Poder Ejecutivo, aún democrático, tomar medidas defensivas y represivas urgentes en caso de existir “conmoción interior” o “agresión externa” si se cree que el país está en peligro. En ambos casos, la sanción del Estado de sitio debe pasar por el Congreso Nacional y debe durar un tiempo determinado. Por eso es muy importante la caracterización de la situación que se haga para justificar o no la sanción de esa medida de emergencia. En términos de JxC: caos, Estado de sitio, represión, vacío de poder, cambio de gobierno.

En nuestro país, desde 1862, el Estado de sitio fue declarado 46 veces. Incluido el de diciembre de 2001. Solo uno fue declarado por conmoción externa durante la guerra con el Paraguay en 1865. En el resto, los gobiernos democráticos o dictatoriales, consideraron necesario gobernar en emergencia.

Existen tres etapas claras: desde 1862 hasta 1930. De 1930 a 1983. Y los últimos 40 años.

En la primera, podemos decir que fue el momento de la organización nacional, de las disputas que existieron entre Buenos Aires y las provincias, de la instalación de un orden oligárquico y de las luchas por la “ampliación de derechos democráticos y sociales”.

El segundo momento comienza con la ruptura institucional del golpe de 1930 hasta la última dictadura cívico militar que finaliza en 1983. Un periodo marcado por la inestabilidad de gobiernos democráticos, semidemocráticos o directamente dictatoriales.

Finalmente, la recuperación institucional y la continuidad democrática de estos 40 años.

Bullrich y los nostálgicos de una época oscura

El lema de campaña de Bullrich es “orden o caos”. Esa simple, pero nefasta consigna, encierra un fuerte sentimiento represivo y nostálgico de las peores épocas. ¿Qué caos?, ¿Cuál orden?, ¿A qué costo?

A 40 años del fin de la última dictadura militar creíamos haber saldado el debate sobre el régimen político en el que queremos vivir. Por lo menos al que no queríamos volver.

En estos 40 años de continuidad institucional, el Estado de sitio se sancionó 4 veces. Raúl Alfonsín lo hizo en dos ocasiones (1985 y 1989) y Carlos Menem y Fernando de la Rúa en una oportunidad (1990 y 2001 respectivamente).

Entonces, cuando la candidata de JxC pide el Estado de sitio lo que está pidiendo es la suspensión de las garantías constitucionales de los ciudadanos y la concentración del poder para facilitar la represión. Sin embargo, cuando se reunió el G20 en la Argentina en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, siendo ella ministra de seguridad, no sancionaron el Estado de sitio, aunque montaron un escenario extremadamente represivo y policial, donde no faltaron las detenciones sumarias, además de un feriado y la recomendación a los ciudadanos a que no salieran de sus casas. La razón no solo era la reunión del G20 sino, también, la presencia del expresidente de EEUU Donald Trump. Habría que estudiar, en todo caso, si ese operativo fue legal.

En definitiva, el término Estado de sitio está cargado de una connotación negativa desde aquel fatídico 2001 y su posterior rechazo popular expresado en las calles. Ni siquiera se animaron a sancionarlo legalmente quienes hoy lo piden. Entonces, cuando Bullrich pide el Estado de sitio, lo hace con el objetivo de generar un escenario más caótico que el actual para poder presentarse como la persona que viene a poner el orden tan esperado. Ese orden que permite la reproducción de las desigualdades sociales, el saqueo permanente de los recursos naturales y el endeudamiento eterno. 

(Luis Klejzer es investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento)