La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictó una medida cautelar para que el Estado argentino “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y elparadero del señor Santiago Maldonado” y que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos” que dieron lugar al dictado de esta medida, esto es la desaparición del joven artesano. La CIDH ponderó tanto los argumentos y el relato de los hechos que hizo la entidad solicitante de la cautelar, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri y la “gravedad y urgencia de la situación”, así como el “daño irreparable” que consiste en la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación alguna, tal como consta en la resolución a la que PáginaI12 tuvo acceso en forma exclusiva.
La cautelar que la CIDH hará pública en las próximas horas fue otorgada por el organismo internacional en un expediente ya abierto a pedido de la organización Naturaleza de Derechos por la represión sufrida por la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen el 10 de enero, y las constantes acciones persecutorias contra esa comunidad en Chubut.
La medida dictada por la CIDH en las últimas horas le dice al Estado que debe responder en 10 días, contados a partir de ayer 22 de agosto, con informes periódicos sobre las acciones que despliegue para conseguir la aparición con vida de Maldonado. “La cautelar implica una obligación para los gobiernos de los países que integran la OEA (Organización de Estados Americanos) de tomar todas las medidas necesarias respecto de personas desaparecidas, como es el caso de Santiago”, explicó a PáginaI12 el abogado Fernando Cabaleiro.
En su respuesta a la CIDH, el gobierno macrista intentó evadir su responsabilidad con el argumento de que el planteo no sería viable dado que ya está interviniendo el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU, e incluso que a nivel interno ya está en marcha una investigación. La CIDH, con la firma de su presidente Francisco Eguiguren Praeli, recordó el principio de complementariedad en cuanto a que la jurisdicción internacional es “coadyuvante” de las jurisdicciones nacionales.
Cabaleiro precisó que este expediente fue iniciado por Naturaleza de Derechos a partir de la represión del 1 de enero, cuando más de 380 efectivos de la Gendarmería Nacional y fuerzas de la policía provincial de Chubut fueron desplegados en torno a la comunidad mapuche de Cushamen, invadiendo su territorio militarmente y reprimiendo a sus integrantes. Ese operativo dejó heridos y detenidos, varios de los cuales se encuentran procesados, y el resto perseguidos como el testigo y amigo de Maldonado, Ariel Garzi.
“Somos un espacio interactivo que aborda cuestiones socio ambientales pero en los últimos años hemos ampliado nuestro accionar a la defensa de los pueblos originarios, sobre todo en Cushamen donde hay gran cantidad de niños y jóvenes que están siendo atacados”, describió Cabaleiro.
Así, el 1 de agosto recibieron el comunicado del werke (vocero o mensajero) del Pu Lof sobre los nuevos episodios represivos y la ausencia de Santiago Peloso, tal el apellido materno de Maldonado. Por eso elevaron el detalle de lo sucedido a la CIDH, que se sumó al expediente ya abierto y en pocos días el organismo respondió con el dictado de esta medida cautelar.
