Marcelo Cinto Courtaux estuvo tres años prófugo. Recién lo encontraron en mayo de 2017, días después de que la Corte Suprema dictara el fallo del 2x1 que abría una puerta para la liberación temprana de los genocidas de la última dictadura. Condenado a prisión perpetua por los crímenes contra militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva, Cinto Courtaux no quiere permanecer en la cárcel y reclama irse a su casa. Uno de los domicilios aportados es el de su hijo homónimo, que está contratado como asesor de Victoria Villarruel en el Congreso Nacional. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal --con los votos de Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma-- frustró sus planes.

Cinto Courtaux padre era parte de la estructura de inteligencia del ejército: fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Huyó largos años de la justicia. Lo encontraron en 2017 en un locutorio en Santa Fe y Pueyrredón. Cuando los efectivos policiales revisaron qué llevaba en sus bolsillos, tuvieron una sorpresa poco grata: tenía un recorte periodístico sobre el abogado Pablo Llonto con una foto y estaba resaltado que daba clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata.

El represor quiere dejar la Unidad 31 de Ezeiza, donde está alojado. En abril pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín, que lo juzgó y lo condenó, rechazó su pedido de detención domiciliaria. La Sala II de Casación convalidó el criterio.

Slokar, que lideró el acuerdo, sostuvo que tener 75 años no implica que pueda acceder automáticamente al beneficio de ir a cumplir la pena en su casa. Yacobucci y Ledesma hicieron foco en que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le provee la atención sanitaria que requiere para su edad.

“Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente", escribió Slokar en un contexto en el que las fuerzas de la oposición impugnan directamente los juicios por crímenes de lesa humanidad.

"Definitivamente, se impone la obligación de cumplimiento de la normativa internacional que resguarda la materia, toda vez que su desconocimiento configuraría una situación de gravedad institucional, que no sólo constituye la lesión a un pilar básico del orden constitucional, sino también un injusto de carácter internacional que pone en riesgo de sanción a la Nación tanto frente al sistema universal de Derechos Humanos como al regional interamericano. Así, esta imperatividad requiere que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones para la protección de los Derechos Humanos de modo de lograr democracias sólidas, coherentes y sostenibles", añadió Slokar.

En su voto también consignó el informe de julio pasado del jurista argentino Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el que llama a considerar el derecho a las víctimas a la justicia frente a los pedidos de libertad anticipada de los perpetradores.

Cinto Courtaux (hijo) es asesor de Villarruel en la Cámara de Diputados. Esta información fue dada a conocer por el diputado Rodolfo Tailhade después de que la actual candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) participara en una sesión de la Comisión de Juicio Político con el hijo del represor en la que estaban exponiendo Nora Cortiñas y Pablo Llonto, entre otros referentes del movimiento de derechos humanos, y estaba presente el fotógrafo Gustavo Molfino, cuya familia fue víctima del terrorismo de Estado. Villarruel arremetió en sus redes sociales contra Molfino.