La Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocó este jueves el fallo que benefició con la libertad al músico L-Gante -Elián Ángel Valenzuela, su nombre- en la causa en la que está imputado de amenazas y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos cometidos en mayo pasado en General Rodríguez, informaron fuentes judiciales.
Los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo hicieron lugar al recurso de queja que habían presentado la querella y la fiscalía contra la resolución del juez Gabriel Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó la excarcelación al cantante de cumbia 420, que ese mismo día recuperó la libertad tras pasar más de tres meses preso en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.
L-Gante está imputado por los delitos de "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en perjuicio de Darío Gastón Torres, de "privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples" a Rosa Catalina Passi, y por "tenencia simple de estupefacientes". Por estos delitos, podría recibir una pena de 8 años de prisión.
Los jueces Reggi y Risuelo ya habían revocado el arresto domiciliario del cantante y habían confirmado su prisión preventiva. Sin embargo, la decisión de los camaristas no implicaría que el músico vuelva de inmediato a prisión.
Por un lado, la defensa de L-Gante puede apelar la decisión de la Cámara ante Casación y de esta manera se demoraría una nueva orden de detención; por el momento, además, la revocación de la libertad no está firme.
La Fiscalía pidió que vuelva a prisión
Según las fuentes, días después de la liberación, el fiscal Villalba y los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, en representación de uno de los denunciantes de L-Gante, apelaron la medida ante el propio magistrado y solicitaron que el acusado volviera a ser detenido.
Sin embargo, el juez Castro no hizo lugar a esos recursos, por lo que las partes acusadoras se presentaron en queja ante la Cámara de Apelaciones, que se expidió esta tarde en un fallo de 13 páginas.
Para los camaristas, "no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso" si no se adopta la medida de coerción, y que no se ha incorporado "elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo" decretado en su oportunidad.
Además, en uno de los puntos resolutivos, la Cámara reprendió al juez Castro, a quien le "hicieron notar" que "en lo sucesivo deberá dar estricto cumplimiento" a la ley 15.232 que indica en su artículo 12 que la víctima tiene derecho a ser informada o a ser oída antes de que se le otorgue la excarcelación al acusado.
Los mismos camaristas ya habían confirmado a fines de agosto y principios de septiembre la prisión preventiva dictada para L-Gante, por lo que una fuente judicial con acceso al expediente explicó a Télam que la causa debería volver a esa instancia, más allá de que la defensa apele y lleve el incidente hasta el Tribunal de Casación bonaerense.
Ese tribunal además tiene pendiente resolver el incidente de excarcelación extraordinaria otorgada en su momento por el juez Castro y rechazada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes.
Por su parte, el fiscal Villalba, al momento de recurrir el cese de la prisión, sostuvo que la liberación causaba "un gravamen no susceptible de reparación en otra etapa del proceso, puesto que el encartado continúe privado de la libertad parece indispensable para asegurar el desarrollo del procedimiento".
Según Villalba, tras analizar la resolución, "no se ha advertido ni mencionado la desaparición de elemento alguno que haga mudar la situación procesal en la que el encartado se encontraba".
Y consideró que el fallo "evidencia que el juez garante se ha excedido en sus funciones, pues si se trataba de una reevaluación en el orden de lo expuesto, debería haber corrido traslado a esta parte, lo que a las claras se evidencia que no hizo".
"En síntesis, dispuso un cese de coerción sin petición de parte y extralimitándose en sus facultades", afirmó y, por ello, solicitó que decrete la "nulidad" de la resolución y ordene la "detención" del acusado.
El juez Castro había resuelto la excarcelación ante el pedido de cambio de calificación legal que había presentado Diego Storto, abogado defensor de L-Gante. El magistrado tuvo en cuenta las contradicciones de un testigo y un nuevo testimonio en la causa, que supusieron para el juez "una versión completamente distinta a la valorada al momento de la prisión preventiva y sostenida por el Ministerio Público Fiscal", según la resolución tomada en su momento.
Cuál es la denuncia contra L-Gante
La denuncia que había derivado en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Torres, vecino de la familia de L-Gante, en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.
Ese día, por la mañana, a la salida del boliche "Río", en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.
Cuando Torres se iba del boliche hacia su casa, empezó a recibir amenazas por parte de Valenzuela. Según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por L-Gante, quien le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.
A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo vehículo Rosa Catalina Passi, otra vecina del músico, quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.
Luego, de acuerdo a la denuncia, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: "Largame a los pibes o a este te lo mato", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.
Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.
La fiscalía, entonces, había solicitado la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde el músico fue detenido.
