El asesinato de un candidato a presidente en manos del crimen organizado marcó un hito en Ecuador, país que en los últimos años sufrió un marcado crecimiento de la tasa de homicidios. Pero la crisis de seguridad, advierten los especialistas, no puede leerse sin tener en cuenta otra cifra que creció de manera abrupta: la pobreza y la pobreza extrema. “Es un caldo de cultivo para el crimen organizado que recluta a jóvenes sin futuro para asesinar”, alarman.
El miércoles 9 de agosto, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato a presidente de Ecuador por el partido Movimiento Construye. Horas después un grupo vinculado al narcotráfico autodenominado Los Lobos se adjudicó el crimen: “Los políticos corruptos serán dados de baja cada vez que no cumplan con las promesas que establecemos cuando reciben millones de dólares para financiar sus campañas”, leyó un hombre encapuchado, rodeado de decenas de personas exhibiendo armas de fuego, en un mensaje difundido “al pueblo ecuatoriano”.
El asesinato conmocionó a la región en medio de la peor crisis de seguridad que vive Ecuador. Según el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, en 2019 la tasa de homicidios fue de 6,9 por cada 100 mil habitantes y desde entonces subió de manera abrupta: en 2021 fue de 13,9 y en 2022 creció a 25,6, lo que marcó un récord en la historia del país. Organismos oficiales estiman que un 80% de los homicidios están vinculados al crecimiento del narcotráfico en el país.
De acuerdo con la consultora privada Statista, en la primera mitad del año se produjeron 3568 muertes violentas, lo que representa 19 homicidios por cada 100 mil habitantes entre enero y junio. Con esa proyección, para fines de 2023 se estima que la tasa se acercará o superará la barrera de los 40. De concretarse, Ecuador tendría la tasa de homicidios más alta de Sudamérica junto con Venezuela (40,4 en 2022).
Un negocio que se expande
Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023 de la ONU, en coincidencia con la pandemia de covid-19 el negocio de la cocaína creció en oferta y demanda: el reporte internacional indica que en 2021 había consumido cocaína un millón de personas más que en 2020; y que el cultivo de coca, el ingrediente base de la droga, en el mismo período trepó de 234.200 hectáreas cultivadas a 315.000 hectáreas.
En ese contexto de mercado creciente a nivel global, en julio de 2023 la Policía de Ecuador publicó un informe sobre la situación del narcotráfico entre 2019 y 2022. Allí se destacó como principal causa del avance narco en el país “la ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína del mundo”. También se resaltaron algunas características que convierten a Ecuador en un sitio expuesto a la proliferación del negocio debido a la “corta extensión territorial que permite movilizarse entre fronteras” en poco tiempo y a la “dolarización y baja bancarización que facilita transacciones ilícitas y lavado de dinero”.
El informe advirtió además sobre el ingreso de organizaciones de narcotráfico extranjeras como los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa. “En la pugna de poder por las economías ilícitas, han instituido una cultura de violencia reflejado en los modos operacionales”, afirmaron desde la Policía.
La pobreza como caldo de cultivo
“Todo este fenómeno atrapó a Ecuador en un momento de debilidad en términos de políticas sociales”, opina Jorge Vicente Paladines, jurista y criminólogo ecuatoriano, autor de “Matar y Dejar Matar”, un libro que aborda el crecimiento de la violencia en Ecuador. “Creció la pobreza y la pobreza extrema, y ese es un caldo de cultivo para el crimen organizado que recluta a jóvenes sin futuro para asesinar”, sostiene.
“De manera deliberada y planificada, los últimos dos gobiernos decidieron desmontar un Estado que apostaba por la inversión pública, que invertía en carreteras, educación y salud, y que no lo consideraban un gasto público como lo llama el neoliberalismo”, afirma Paladines.
“Lenin Moreno no inauguró un solo hospital y en plena pandemia fueron despedidos médicos y enfermeras”, grafica sobre uno de los países más azotados por el covid-19. En abril de 2020, cuando el virus comenzaba a expandirse por Sudamérica, Ecuador fue noticia a nivel mundial por las imágenes que llegaban de cuerpos sin vida abandonados en la vía pública. “Guillermo Lasso radicalizó y profundizó esta política de desinversión social”, agrega Paladines sobre el actual presidente ecuatoriano.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) reportó en junio de este año que 27 de cada 100 ecuatorianos viven bajo la línea de pobreza. Rafael Correa, presidente anterior a los dos gobiernos que menciona Paladines, dejó su cargo en 2017 con un 23,1% según el mismo índice oficial. La tendencia es tan exponencial como la tasa de homicidios: de los cuatro puntos porcentuales que creció la pobreza en los últimos seis años, dos se registraron entre junio de 2022 y 2023.
Violencia política en plena campaña electoral
Acorralado por un posible juicio político que podía llevarlo a una destitución, en mayo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, convocó a elecciones anticipadas para elegir un nuevo mandatario que complete su mandato hasta 2025. En medio de la peor crisis de seguridad de su historia y en el marco de la campaña electoral nació una nueva modalidad de violencia en Ecuador: el asesinato de políticos.
El más resonante fue el del candidato a presidente Fernando Villavicencio, pero hubo otros. Tres días antes Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta, fue abatido a tiros mientras visitaba una obra. Una semana antes de eso Rinder Sánchez, candidato a diputado por la provincia de Esmeraldas, fue asesinado en su auto por cuatro sicarios.
En febrero, Omar Menéndez fue asesinado por sicarios el día anterior a la votación que, aún muerto, lo consagró alcalde electo de Puerto López, un pueblo costero de la provincia de Manabí. A Julio César Salinas Farachio, candidato a alcalde de Salinas, lo mataron en enero durante un acto de campaña. El 15 de agosto, seis días después del homicidio de Villavicencio, el dirigente correísta Pedro Briones murió en un ataque de sicarios en la provincia de Esmeraldas. Los crímenes políticos habían comenzado en 2022 con atentados contra fiscales y jueces, algunos de ellos mortales.
En Estado de Excepción en todo el país desde el asesinato de Villavicencio, el ejército de Ecuador fue convocado por Lasso para resguardar en las calles un proceso electoral atravesado por el miedo. Los candidatos son protegidos las 24 horas por estrictos operativos, la seguridad pública absorbió la agenda de propuestas electorales y la violencia recrudeció como respuesta de las organizaciones criminales a la declaración de Estado de Excepción. El 31 de agosto por primera vez se produjo un atentado con coches bomba en la capital Quito.
“Villavicencio es asesinado pese a la escolta policial y esto habla sobre los niveles de infiltración y connivencia entre la policía y la criminalidad”, reflexiona por último Paladines sobre los asesinatos de políticos que dejan en evidencia el profundo debilitamiento institucional en Ecuador.
