La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo miércoles para dar a conocer la formulación de cargos contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia tras dar por concluida la investigación en tres de las causales que motivaron el proceso de posible destitución a los supremos: el fallo de 2x1 a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar; el fallo sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias; y el fallo con el que los cortesanos declararon inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura que había aprobado el Congreso y que estuvo vigente durante 15 años. Se descarta que el oficialismo, con mayoría propia en la comisión, avale con su voto los cargos que presente el informe.
El planteo de avanzar con la formulación de los cargos contra los supremos fue propuesto por el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) en la reunión que mantuvo la comisión el martes pasado: "Agotada la investigación, propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces y que ellos si quieren hacer descargo lo puedan hacer. Esperemos que no pase lo del bochorno de (Juan Carlos) Maqueda, que no hizo ningún comentario", sostuvo el diputado oficialista en referencia al único cortesano sobre el que se formularon 14 cargos por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), que Maqueda ignoró y evitó responder.
"Estaríamos en condiciones de formular el planteo para que la presidencia (de la comisión, Carolina Gaillard) en la próxima reunión presente los cargos y pruebas para que se corran los cargos y se vote para que el martes se ponga en consideración", aseveró Tailhade.
Gaillard será la encargada de presentar los cargos ante la comisión en la reunión convocada para el miércoles próximo. Los mismos corresponden a esos tres fallos de la Corte: el 2x1, la coparticipación y el Consejo de la Magistratura. Se estima, que tras la investigación que realizaron los diputados que integran la comisión en distintas audiencias, con participación de testigos e invitados, haya una discriminación entre los cargos que se formulen a los jueces de acuerdo al sentido del voto que cada uno emitió en esos tres fallos.
En el caso de coparticipación los cargos que se formulen recaerían sobre los cuatro miembros de la Corte que aprobaron sin diferencias en fallo que benefició al Gobierno porteño: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Respecto la declaración de “inconstitucionalidad”, en diciembre de 2021, de la ley que modificó la composición del Consejo de la Magistratura aprobada por el Parlamento en 2006 y que estuvo vigente hasta entonces, los cargos recaerían sobre todos los supremos, salvo Lorenzetti.
Diferente serían los cargos presentados sobre el fallo del 2x1 a favor de los genocidas. Allí las responsabilidades apuntarían a Rosatti y Rosenkrantz, que conformaron el voto de la mayoría junto a Elena Highton de Nolasco que todavía mantenía su sillón en el Máximo Tribunal. Mientras que Maqueda y Lorenzetti no firmaron el fallo.
Tras la lectura de los cargos, los integrantes de la comisión deberán votar su aprobación o no. Con mayoría propia en la misma, el FdT avalará los mismos, mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio continuarán, como hasta ahora, abroquelados en defensa de los cortesanos.
Aprobada la formulación de cargos, los mismos deberán –como establece el reglamento de la comisión— ser remitidos, junto a la documentación y pruebas que avalan los mismos, a los miembros de la Corte para que puedan ejercer su derecho a defensa y refutar los cargos. Podrán hacerlo en forma presencial o incluso por escrito, dentro de un plazo de diez días hábiles tras su recepción.
En el oficialismo consideran que los supremos asumirían la misma postura que adoptó hasta ahora Maqueda, de ignorar la actuación de la comisión de Juicio Político establecida por la propia Constitución Nacional.
En caso de que alguno de los magistrados ejerciera su derecho a defensa, la comisión deberá evaluarlo antes de pasar a la siguiente etapa: la de elaborar la acusación contra los supremos que deberán ser plasmadas en un dictamen para llevarlo al recinto de la Cámara baja.
En tanto, el FdT apura las definiciones en las múltiples causales contra los magistrados apremiados por los tiempos. La comisión deberá emitir dictamen del proceso que comenzó en enero de este año antes del 20 de noviembre, la fecha en el que se cumplen los plazos para la actuación de la misma dentro del periodo ordinario del Congreso.
El oficialismo sabe que no cuenta con los números suficientes para aprobar las acusaciones contra los cortesanos en la Cámara baja, ante la resistencia opositora. Tampoco la conformación de la misma lo favorecería tras el recambio parlamentario que irá ligado a la elección presidencial del 22 de octubre. Aunque también tiene otra certeza: de conseguir en la comisión de Juicio Político el dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema, el mismo mantendría su estado parlamentario por tres años, a la espera que los vientos políticos puedan modificarse.
