El dirigente opositor Juan Guaidó desafió al presidente venezolano Nicolás Maduro a ofrecerse a ser juzgado por la justicia estadounidense después de que la Fiscalía de Venezuela emitiera una orden de detención y pidiera una alerta roja de Interpol contra el dirigente opositor, que se encuentra en Estados Unidos. En su país Guaidó tiene una veintena de investigaciones abiertas en su contra.

El fiscal general Tarek William Saab afirmó en una rueda de prensa que Guaidó está acusado de cometer los crímenes de "traición a la patria; usurpación de funciones; provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos; legitimación de capitales, y asociación” ilícita. Se designaron fiscales "para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja de Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que conoce y difunde la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica", explicó.

El Ministerio Público abrió 23 investigaciones a Guaidó por supuestos delitos cometidos en el denominado "gobierno interino" y otras cinco causas relacionadas con una empresa venezolana en Colombia, pero nunca había hablado de una orden de arresto en su contra, hasta ahora.

En una transmisión en vivo por Instagram, este viernes Guaidó calificó las acusaciones en su contra de "propaganda para perseguir física y moralmente a la oposición venezolana". "La pregunta de nuevo es: ¿Por qué en este momento, por qué ahora a 17 días de las primarias? Para seguir distorsionando lo que sucede en el país", expresó al invitar a votar en las primarias contra el gobierno. Y para defenderse, desafió al presidente Nicolás Maduro: "Este mensaje va a ti: mañana presentémonos en cualquier Fiscalía de este país. Como ustedes saben, me encuentro en los Estados Unidos. O si prefieres otra jurisdicción: la Haya", en referencia al Tribunal Internacional de las Naciones Unidas con sede en Países Bajos.

La investigación

El opositor habría usado recursos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) "para financiarse, pagar sus gastos legales y obligó a la compañía a aceptar sus términos de refinanciamiento", según un tribunal estadounidense. "Se revela que la banda de Juan Guaidó, y él personalmente, utilizó la figura de un gobierno ficticio de manera ex profesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano, aproximadamente, de unos 20.000 millones de dólares", sostuvo el fiscal.

Saab precisó que en el contexto de las investigaciones en curso “se acordaron 288 órdenes de aprehensión, fueron detenidas 129 personas las cuales ya han sido acusadas y hay 13 personas con solicitud de extradición”. Además, “63 personas fueron condenadas, se realizaron 137 allanamientos y 149 incautaciones", al tiempo que "se dictaron 261 medidas reales”, detalló.

"Esperamos la colaboración internacional para que este sujeto responda ante la justicia para determinar todas las propiedades que pudieron ser adquiridas por los integrantes del Gobierno interino con el dinero robado a la nación", señaló el fiscal. "Los que en algún momento creyeron en este sujeto y salieron a marchar, ven que les resultó un vulgar chorro del peor calibre, robando y secuestrando", añadió.


El derrotero

El “Gobierno interino” que presidió Guaidó funcionó a partir de enero de 2019 por decisión de la Asamblea Nacional (AN) --que entonces tenía amplia mayoría opositora--, luego de que desconociera el nuevo mandato iniciado pocos días antes por Maduro, por considerar que había surgido de elecciones fraudulentas. El interinato llegó a tener el apoyo de 60 países y siguió actuando incluso después de que la AN cambiara su composición en 2021 y recuperara la mayoría chavista, hasta que a finales del año pasado se anunció su disolución. Poco después Guaidó dejó Venezuela y se refugió en Colombia, pero enseguida el presidente Gustavo Petro lo expulsó del país por no haber pedido asilo legalmente y se radicó en Miami.

Aunque nunca tuvo poder de decisión real dentro de Venezuela, ese Gobierno paralelo sí tuvo acceso a la administración de activos venezolanos en países que lo respaldaban, especialmente en Colombia y Estados Unidos. Eso derivó en un escándalo que paralizó Monómeros, una empresa petroquímica radicada en Colombia, y en el endeudamiento y el embargo de Citgo, una de las mayores petroleras norteamericanas. Tanto Monómeros como Citgo pertenecen al Estado venezolano, a través de la petroquímica Pequiven y la petrolera Pdvsa, respectivamente.

Entre las cuerdas

Guaidó no es el único opositor investigado. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó el jueves avalar la solicitud de extradición contra el dirigente opositor Antonio Ledezma, quien está acusado de traición a la patria por unas declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el Gobierno de Maduro. Las autoridades venezolanas pedirán a sus pares de España, donde vive exiliado, la extradición del exalcalde de Caracas, asumiendo "el firme compromiso" de que "será juzgado en territorio venezolano con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución".

La Fiscalía de Venezuela anunció en agosto la interposición de una nueva orden de arresto contra Ledezma, "por traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir". Entonces, el propio Ledezma, en declaraciones a la prensa, se defendió al afirmar que la "orden de extradición era completamente arbitraria". "No me he callado y no me van a callar", indicó.